Gobierno argentino restringe el comercio de frontera con Bolivia y estalla el rechazo

Las nuevas restricciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al tráfico vecinal fronterizo encendieron la alarma en Aguas Blancas y Salvador Mazza, dos localidades salteñas cuya actividad económica está estrechamente vinculada con el intercambio comercial con Bolivia. La resolución general 5910/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, establece limitaciones que comenzarán a regir desde este sábado y ya provocaron fuertes cuestionamientos de autoridades locales y representantes del comercio.

La normativa fija en US$150 diarios por persona el valor máximo de las mercaderías que pueden egresar del país bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo, independientemente de su cantidad, calidad o variedad. Además, prohíbe la salida del país de productos alimenticios, como harina y azúcar, acondicionados en envases de más de 10 kilos, o su equivalente en volumen, y prohíbe la venta a compradores bolivianos de combustibles en bidones, tanques suplementarios y otros recipientes.

ARCA fundamentó los cambios en la necesidad de mejorar los controles aduaneros y evitar el fraccionamiento de operaciones, la reiteración sistemática de movimientos y el desvío de mercaderías hacia circuitos comerciales no autorizados. Sin embargo, en las localidades fronterizas sostienen que las nuevas condiciones pueden afectar operaciones habituales y perjudicar a comerciantes que trabajan dentro de la legalidad.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, calificó la decisión de inconsulta y cuestionó su eficacia. Si bien consideró razonable la prohibición del transporte de combustible en bidones, advirtió que la restricción no impediría que una persona cruce la frontera en su vehículo particular, cargue combustible y regrese a Bolivia, incluso de manera reiterada.

Zigarán también alertó sobre el impacto que las limitaciones podrían tener en la recaudación y en la actividad comercial de la zona. Señaló que el nuevo puesto de control inaugurado en Caraparí, en Salvador Mazza, está vinculado con operaciones comerciales que ahora quedarían limitadas. A su entender, si no se refuerza el control sobre los pasos clandestinos, las restricciones terminarán desviando parte de las operaciones hacia circuitos ilegales, sin resolver el problema que la medida busca combatir.

El rechazo también se hizo sentir en Salvador Mazza. Norma Gareca, titular de la Cámara de Comercio local, cuestionó las inconsistencias que observa entre la resolución aduanera y los lineamientos nacionales que promueven el libre comercio y la circulación. Reclamó explicaciones sobre la aplicación concreta de las nuevas disposiciones y advirtió que existen mercaderías compradas con anticipación cuya entrega puede demorar entre 10 y 15 días.

La entidad ya presentó una nota para solicitar una flexibilización transitoria de 30 días y prepara nuevas presentaciones con asesoramiento legal. Gareca señaló que mantienen contactos con cámaras de otras localidades fronterizas y con representantes del sector comercial boliviano, también alcanzado por las consecuencias de las restricciones.

Entre las dudas que plantean los comerciantes figuran la interpretación de los límites por volumen y peso, el tratamiento de productos líquidos y la forma en que se controlarán las cantidades permitidas. Consideran que las particularidades de la actividad fronteriza requieren precisiones que, hasta ahora, no encuentran suficientemente aclaradas.

Mientras esperan respuestas de ARCA y de las autoridades políticas, los comerciantes anticipan que no descartan avanzar por la vía judicial. El conflicto abre así un interrogante sobre la efectividad de las nuevas disposiciones: si el objetivo es combatir el contrabando y ordenar el comercio fronterizo, los sectores afectados advierten que las restricciones podrían terminar perjudicando principalmente a quienes operan de manera formal, sin impedir que las actividades ilegales busquen otras vías para continuar.

Monteoliva reivindicó el Plan Güemes

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reivindicó al Plan Güemes a 22 meses de su implementación y aseguró que el dispositivo continúa operativo en la frontera norte del país. En una publicación en la red social X, la funcionaria recordó que diseñó y puso en marcha el plan cuando se desempeñaba como secretaria de Seguridad. Lo definió como un "éxito total" y sostuvo que las acciones desplegadas afectaron directamente los intereses de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando. "Sabíamos que los narcotraficantes y contrabandistas se iban a molestar porque fuimos directamente contra sus intereses. Mala suerte para ellos".