El país sin mando
Van 320 días de gobierno y el país no sabe quién lo gobierna, un miércoles cualquiera. Esta semana el vicepresidente Edmand Lara se autoproclamó “presidente en ejercicio” invocando el artículo 169 de la Constitución mientras Rodrigo Paz estaba en Nueva York; el fiscal general llegó a reconocer al presidente del Senado, Diego Ávila, como “presidente constitucional” durante unas horas; y el propio Ávila salió después a aclarar que él no asumía nada, que el mandatario seguía siendo Paz “desde el exterior mediante medios tecnológicos”. Tres versiones de quién manda, el mismo día, ninguna resuelta por la Constitución sino por el decreto 5515, redactado por el propio Ejecutivo para gobernarse a sí mismo por videollamada.
Por decreto es mejor, así se ahorra el debate parlamentario. Porque en el decreto 5503 está el origen de estos 320 días, firmado el 17 de diciembre de 2025 bajo el paraguas de una emergencia nacional decretada por las riadas de El Torno. Con el pretexto humanitario se coló un paquete que nada tenía que ver: la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, una amnistía para blanquear capitales no declarados, con la carga de la prueba a cargo del Estado y no de quien blanquea, ventajas fiscales adicionales para una banca que ya reportaba utilidades récord, y un régimen de “Fast Track” que le da a la inversión extranjera estabilidad jurídica y tributaria por quince años, aprobación automática en treinta días y silencio administrativo positivo si el Estado no contesta a tiempo. Es una de las firmas más famosas de Rodrigo Paz sobre una hipoteca legislativa que dejaría la cuota para los próximos tres gobiernos.
La factura de ese mismo decreto la paga el boliviano de a pie. El diésel subió 162% de un plumazo, de 3,74 a 9,80 bolivianos, y la gasolina especial 84%. Ocho meses después, en agosto de 2026, un segundo golpe lo llevó a 17,95 bolivianos el litro. Dos subas en menos de un año, la primera camuflada entre los escombros de una inundación, la segunda exigida por el FMI como condición de un crédito de 1.900 millones de dólares. 53 días de bloqueos entre mayo y junio, más de veinte muertos que el propio Paz reconoció ante la Asamblea General de la ONU esta misma semana, aunque prefirió llamarlo “narcoterrorismo” antes que consecuencia de su propio decreto, y un estado de excepción que nació el 20 de junio para noventa días y que el Gobierno ya negocia estirar para gobernar a punta de excepción permanente, con la ventaja de no tener que rendir cuentas como en tiempos normales, porque ya no los hay.
¿Cuántas leyes y decretos a favor del pueblo boliviano puede exhibir este gobierno que no vengan acompañadas, letra chica mediante, de un beneficio mayor para la banca, el capital extranjero o el propio relato presidencial? ¿Cuánta paciencia le queda a un país al que se le vendió una revolución “sin un tiro” y tiene más de veinte muertos, un estado de excepción que no termina nunca, un asesor preso, una primera dama denunciada y ni presidente ni vicepresidente localizables el mismo día?
La gente parece atrapada, todos en su sitio. El gobierno no gobierna para su pueblo, gobierna para planes extranjeros. Las redes sociales hacen bien su trabajo, porque atrapan la voluntad y la indignación popular con mecanismos estudiados para purgar, a través de comentarios y reacciones con un clic, toda esa indignación y toda la mancha de inmoralidad que puede producir una pareja como Rodrigo Paz y María Elena Urquidi tomándose fotos en Nueva York en septiembre de 2026, en la recepción de Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, celebrando el cumpleaños 59 del presidente, mientras en Bolivia hay filas para surtir combustible y el propio mandatario asegura que en nuevo precio del diésel “ha sido aceptado” porque era “necesario”.
En 2019, cuando el levantamiento produjo que Evo no fuera presidente, llámese golpe o fraude, con mucho menos de los sucesos acumulados que tiene el gobierno de Paz ya estaría la gente en las calles, protestando, orillando a un mal gobernante. Es cierto que en ese tiempo hubo inyección de dinero desde el oriente, y figuras como Camacho y otros, pero hoy tienes a Fernando Cerimedo, consultor argentino con prisión preventiva por cuatro imputaciones, entre las que está el ataque a tiros contra su expareja Nadia Beller, quien acusó a Cerimedo y a la propia Urquidi de operar corrupción en combustibles, oro y seguros, a lo que se sumó un audio filtrado por el vicepresidente Lara que llevó a una denuncia penal formal contra la primera dama por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, para que la Fiscalía, hasta ahora, no haya encontrado pruebas suficientes para ampliar la causa. Como sea, no se borra la mancha. La sola coexistencia de un asesor preso, un audio con la voz de la primera dama circulando en los medios y un presidente que responde con un video de cuatro minutos y treinta cortes de edición, dicen más de la gestión que cualquier dato.
Y las cifras, dicho sea de paso, también hay que mirarlas con la misma lupa. Paz le dijo al mundo esta semana que las reservas pasaron de 51 a 1.200 millones de dólares y que apunta a 4.000 millones para fin de año y a 10.000 millones en año y medio. Es una apuesta, dicha con la boca llena de confianza ante la Asamblea General, mientras el mismo día los gobernadores del país se declaran en “estado de alerta” y le dan hasta el 31 de octubre para cumplir con el 50-50 y compensar el sobrecosto del diésel que el decreto 5716 les impuso sin avisarles. No es la izquierda, no es el chapare, no es Evo. Es la coalición de gobernadores departamentales la que le pone fecha límite al presidente.
No hace falta decretar traición a la patria para ver que aquí lo único que se gobierna con firmeza es el relato. Todo lo demás, el diésel, las reservas, la sucesión, la plata de Cerimedo, se gestiona sobre la marcha, como quien hipoteca la casa mientras jura, en cadena nacional, que la está reformando.
320 días. ¿Qué espera la gente? ¿Qué espera Bolivia?
