DS 5503: Ilegítimo, por eso, fugaz
El Decreto Supremo 5503 desnudó sin asomo de duda el engaño. Puso en evidencia la ilegitimidad del ejercicio presidencial de Rodrigo Paz Pereira. Lo hizo por su contenido, pero también por la forma artera. El origen de ambas (fondo y forma), pasaba por subestimar la historia del país y la dignidad y sabiduría de los bolivianos de todas las culturas y clases sociales que aquí convivimos.
Fue el propio presidente el que con actos concretos desde el primer día de su mandato, como la eliminación de impuestos a los más ricos y la reanudación de relaciones con Israel, se alejó sin retorno de las pulsiones nacionales. La neutralización de la ley de diferimiento de créditos a prestatarios de vivienda social y microempresas, lo alineó a los intereses de 40 banqueros.
Así, el DS 5503 lo caracterizó: Ilegítimo, por eso, fugaz.
Ya no es un gobierno; solo le resta sobrevivir, como decidió hacer su antecesor inmediato, hoy preso, luego de provocar la profundización de una crisis económica, social y política innecesaria para Bolivia.
Sobre las características de ese DS 5503 ya nos referimos. Los cuestionamientos no radicaban únicamente en su contenido técnico, sino en el mecanismo mediante el cual anulaba la posibilidad misma de revertirlo democráticamente. Al otorgar a inversores privados —incluyendo extranjeros— un estatuto legal que los exime de regulaciones futuras durante 15 años, el decreto transfiería soberanía desde el Estado boliviano hacia el capital internacional. Cualquier gobierno futuro que intente reimplementar controles ambientales, laborales o fiscales deberá compensar a estos inversores por "pérdidas de beneficios esperados". Es decir, Paz Pereira pretendía que Bolivia venda su capacidad legislativa por la promesa de créditos a corto plazo, merced a un neoliberalismo por decreto que prescinde tanto de la Asamblea como del referéndum.
Esta arquitectura política no surgió en el vacío. Apenas cinco días después de asumir, Paz recibió en su investidura a Christopher Landau, Subsecretario de Estado estadounidense, quien anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras 17 años de distancia. En noviembre y diciembre, Bolivia fue visitada por misiones económicas de EXIM Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), y departamentos comerciales de Washington. Los ministros José Gabriel Espinoza (Economía) y Fernando Aramayo (Relaciones Exteriores) viajaron a Estados Unidos para "consolidar nuevas fuentes de financiamiento". Diecisiete días después de esas reuniones, se promulgó el Decreto 5503.
El Decreto 5503 no era simplemente política económica doméstica; es un instrumento de alineación.
Es en este contexto donde la caracterización popular del decreto como "violencia contra Bolivia" dejó de ser retórica y se volvió descripción precisa. Violencia institucional, porque invierte la relación entre Estado y capital. Violencia económica, porque el aumento inmediato de combustibles impactaba desproporcionadamente a trabajadores y pobres mientras amnistíaba a evasores fiscales de las elites. Violencia simbólica, porque caracterizaba al gobierno anterior como "terminal" para justificar medidas que transfieren riqueza desde abajo hacia arriba. Violencia soberana, porque definía una pérdida efectiva de autonomía política frente a decisiones tomadas en Washington. Cuando sectores populares marchan bajo la consigna "Bolivia no se vende, se defiende", no están siendo nacionalistas anacrónicos. Están defendiendo literalmente la capacidad del Estado boliviano de tomar decisiones sobre su propio futuro sin hipotecar 15 años de soberanía legislativa a corporaciones extranjeras.
Los arquitectos técnicos de esta reestructuración tienen nombres y apellidos. José Luis Lupo Flores, Ministro de la Presidencia, es un veterano del neoliberalismo de los años 90, habiendo servido en cinco gabinetes de liberales entre 1989 y 2002. No es un principiante improvisando; es un ideólogo experimentado intentando implementar una segunda ola neoliberal con instrumentos más sofisticados que los de la primera. José Gabriel Espinoza, Ministro de Economía, representa la nueva generación tecnocrática que combina análisis académico de fuente neoliberal con ortodoxia implacable. Ambos actuaron como voceros públicos del decreto, defendiéndolo con una estrategia comunicacional que mezclaba narrativa de "emergencia terminal", culpabilización de la Central Obrera Boliviana por "intransigencia", y amenazas veladas de represión ante bloqueos. No pueden escudarse en órdenes superiores, pues fueron ellos quienes articularon su justificación y lideraron la implementación.
Fernando Aramayo, Canciller, de rostro inconfundiblemente indígena, teatralizaba el llamado al diálogo: “el gobierno está dispuesto a escuchar”, decía mientras los ministros del área económica afirmaban que nada sustantivo se cambiaría.
El Decreto 5503 no podía sobrevivir en su forma actual. Políticamente estaba muerto. Su implementación requería un nivel de consenso social que el gobierno de Paz no tiene ni puede construir mediante amenazas de represión. Cada día de bloqueos, cada marcha multitudinaria desde El Alto, cada asamblea sindical que reafirmaba la demanda de abrogación, erosionaba un poco más la viabilidad del proyecto neoliberal que el decreto representa. Y cuando finalmente ha caído, incluso más temprano de lo esperado, se lleva consigo la credibilidad y tal vez su gabinete “técnico-transnacional”.
La fugacidad de Paz ya está escrita en su ilegitimidad de origen. Un gobierno que llega al poder prometiendo una cosa e implementa exactamente lo contrario, nació en coma; puede sobrevivir meses, quizás un año, quizá más, sostenido por la inercia institucional, el respaldo de Washington, y la fragmentación temporal de la oposición. Pero no puede construir nada permanente porque carece del ingrediente esencial de todo proyecto político duradero. Y la confianza, una vez traicionada tan violenta y arteramente, no se recupera con discursos sobre "estabilización económica" ni con amenazas de represión a quien protesta.
El Decreto Supremo 5503 pasará a la historia boliviana no como el instrumento de modernización que sus arquitectos pretendían, sino quizá como el epitafio de un gobierno que nació mintiendo y está destinado a morir traicionado por sus propias contradicciones. Ilegítimo desde su concepción, fugaz por necesidad histórica. Así es como termina todo poder construido sobre arena, con el lento pero inexorable derrumbe de quien pretendió edificar sin cimientos.
