Los Chutos
¿Cuál la diferencia entre un auto chuto, un refrigerador o la infinidad de productos que consumimos diariamente que provienen del contrabando?
Más allá de sus características propias y su uso, NINGUNA. Todos ingresaron al país sin pagar los impuestos de importación y sin ser sometidos a otras regulaciones relativas a la sanidad, inocuidad alimentaria, normas medioambientales etc.
A diferencia de los vehículos chutos, el resto de productos o son consumidos inmediatamente, o son utilizados en los hogares hasta que acaben su vida útil, es decir, desaparecen de la exposición pública una vez comercializados.
Los vehículos que ingresan de contrabando carecen del documento fundamental que les permite desplazarse de un lugar a otro. Esto es, la póliza de importación que no es otra cosa que la placa de circulación. Es por ello que periódicamente se disponen “por última vez” programas de nacionalización.
Irónicamente, a diferencia de lo que ocurre con el resto de mercaderías, los poseedores de éstos, claman por pagar los impuestos evadidos por la dificultad de transitar libremente ante el riesgo de ser decomisados o sujetos a extorsión, la dificultad de cargar combustibles, la imposibilidad de obtener el SOAT y el “castigo” en el precio cuando sus poseedores quieren revenderlos.
En contraposición, al no tener el registro automotor, no pagan el impuesto municipal anual que gravan a los vehículos indocumentados.
En síntesis, a diferencia del resto de mercaderías, el costo de adquirir y usufructuar un vehículo de contrabando (que no pagó los impuestos de importación), es mayor en el tiempo que el beneficio que se obtiene por evadir las cargas tributarias.
Entonces; ¿por qué cada vez ingresan más vehículos de contrabando?
Por las restricciones para arancelarias a las que están sometidos.
En efecto, a partir del año 2016 sólo se pueden importar vehículos livianos con una antigüedad máxima de un año y de cinco años si son vehículos pesados. Los argumentos utilizados para incorporar tales restricciones son el “fomentar la conversión del parque automotor, en concordancia con los objetivos hidrocarburíferos, medio ambientales y de seguridad vial” (DS 2232).
En la realidad fue la presión del gremio que agrupa a los concesionarios de marcas de vehículos que consideran que la importación de vehículos usados afecta la rentabilidad de su negocio. Esa es una verdad a medias puesto que: los vehículos importados usados satisfacen a un segmento del mercado que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir una movilidad 0 kilómetros cuyo valor está altamente influido por el sobre precio que cobran dichos concesionarios, no solo en el vehículo, sino también en sus repuestos (que son vendidos únicamente a quienes compraron la unidad en esa firma)
Las objeciones más frecuentes en contra de la nacionalización de vehículos chutos o, hablando con más propiedad, la importación de vehículos usados son las siguientes.
Se afirma que la nacionalización (importación) de vehículos usados incentiva el robo de vehículos en otros países. Eso es falso puesto que, al momento de la expedición aduanera, se verifica que la unidad no tenga denuncias de robo u otro tipo de ilícitos denunciados por las policías y autoridades aduaneras extranjeras. Esa información se registra y transmite en línea y proviene del código del motor y chasis. Si una unidad denunciada pretende ser nacionalizada, es inmediatamente decomisada. Está claro que la situación actual (internación ilegal) favorece ese tipo de prácticas.
Daños medioambientales.- Se señala que los vehículos usados han sido desechados en sus países de origen por los daños medioambientales que producen y por eso son exportados a bajos precios. Eso es cierto puesto que la reparación o sustitución del sistema de emisión, en los países de origen es muy alto a consecuencia del costo de la mano de obra, por lo cual es más rentable adquirir una unidad nueva. de los el costo de la mano de obra en dichos países hace que sea más conveniente su sustitución por una unidad nueva.
Esa restricción no existe en Bolivia. Se calcula que la renovación del sistema de emisión original de un vehículo a gasolina oscila entre 750 y 1.100 $us.
Otro argumento, falaz por donde se lo mire, es afirmar que el ingresos de dichos vehículos aumentará de manera explosiva el parque automotor lo cual redundará en mayores índices de congestión vehicular y consumo de combustible. Obsérvese que trás el argumento se quiere establecer una especie de “derecho tarifado” (si tienes el dinero suficiente para adquirir un vehículo nuevo, tienes el derecho a generar las externalidades negativas mencionadas).
Por esas razones debería eliminarse la prohibición para la importación de vehículos usados de manera permanente, siempre que cumplan con un mínimo de requisitos técnicos relacionados con la seguridad y el medio ambiente.
Esa medida a más de tener efectos redistributivos del ingreso, puesto que miles de personas contarán con medios de transporte propios, permitirá la instalación de talleres de reparación/adaptación de dichas unidades a las especificaciones técnicas y condiciones de la geografía nacional localizados en zonas francas industriales a lado de los recintos aduaneros que deberán contar con los medios de verificación adecuados, generando un impacto al desarrollo regional con posibilidades de expandir sus actividades a todo tipo de maquinaria usada para otras industrias que, al igual que en el caso de los vehículos, no son competitivas en sus países de origen por la tecnología utilizada, costos de mano de obra y escala de producción.
De manera colateral posibilitará una mayor competencia entre los importadores de vehículos motivándolos a importar también movilidades usadas, multiplicando la venta de repuestos y sus propios talleres de reparación.
Medidas como la planteada dan vida al bonito eslogan utilizado en las campañas políticas relacionadas con el capitalismo para todos o capitalismo popular.
