Reciprocidad: si el bloqueo es delito, ¿qué nombre tiene el incumplir promesas electorales?

El presidente Rodrigo Paz Pereira fijó esta semana una línea roja: “el que se anime a hacer bloqueo ya sabe dónde va a estar”, dijo en referencia al dirigente campesino de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, hoy recluido en Chonchocoro. El mensaje llega apenas un mes después de que el país cerrara 53 días de bloqueos que paralizaron el oriente y el occidente, dejaron pérdidas millonarias al turismo y al transporte, y todavía mantienen procesos abiertos en el Ministerio Público. El mandatario fue claro en su diagnóstico: “no le puedes hacer daño a tu prójimo” con una carretera cerrada.

Es un argumento que parece razonable, pero no toma en cuenta el daño que causó el mismo gobernante al incumplir, desde el primer día de su mandato el pasado 8 de noviembre de 2025, sus promesas electorales más emblemáticas. Esos actos derivaron en protestas que le obligaron a retroceder y dejar sin efecto el DS 5503, la Ley 1720 y otras medidas contrarias a sus promesas y, desde el punto de vista de los sectores que protestaron, contrarios al interés nacional. La última medida dispuso la suspensión de los aportes sindicales automáticos a favor de las organizaciones laborales, una medida calificada como agresión a la dirigencia y bases de la COB.

La última protesta, que unió a la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Federación Túpac Katari en un acuerdo de “no traición”, derivó en el pedido de renuncia al cargo presidencial de Paz Pereira, cuyo gobierno perdió legitimidad por sus propios actos. 53 días y varias defecciones dirigenciales, no lograron la renuncia, pero sí la expresión de “apoyo” del gobierno de Estados Unidos, del de Israel, y de los gobiernos alineados en el Escudo de las Américas, propiciado por el actual presidente de EEUU. Esos apoyos externos visibilizaron la soledad interna de Paz Pereira.

Así, si el Estado le retira a los sectores populares —campesinos, indígenas, trabajadores asalariados— su herramienta histórica de presión porque afecta a terceros, la pregunta que corresponde hacerle a un país como Bolivia, cuya población urbana y rural enfrenta una crisis económica que ha empobrecido a su base social, no es si protestar sigue siendo un derecho, sino cuál es la herramienta de reciprocidad que no bloquea una sola carretera, no afecta a un solo turista, y sin embargo comunica con la misma contundencia el hecho de que el modelo económico boliviano no puede seguir descansando en la paciencia de quienes menos tienen y se empobrecen cada día más.

Esa herramienta existe, y es enteramente financiera.

Bolivia ya tiene, documentado en la prensa de los últimos meses, el diagnóstico de por qué esa reciprocidad es legítima. El Tesoro General del Estado y el Sistema Financiero boliviano se nutren, esencialmente, del ahorro de más de 2.8 millones de trabajadores que aportaron o siguen aportando al Fondo del Pensiones administrado antes por dos AFP de capitales extranjeros (desde 1997 hasta 2003) y ahora por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo (desde 2003 a la fecha).

Ese fondo no solo financia y/o financió las operaciones mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada o las de Gravetal, vinculada a políticos cercanos al ex presidente Álvaro García Linera, o al controlador actual de Ferrocarriles Andina y Oriental, entre otros, sino que también financia al Tesoro del Estado, comprando bonos sin cláusulas de mantenimiento de valor respecto de la inflación y otros riesgos. También financia el capital regulado de los bancos mediante bonos subordinados, la cartera de créditos de éstos, mediante depósitos a plazo fijo y bonos, también sin cláusulas de mantenimiento de valor. Esta forma de administrar ese ahorro permitió que, tras dejarse sin efecto el tipo de cambio fijo de la moneda nacional respecto del dólar estadounidense, el Fondo de Pensiones contabilizó una pérdida de más de 7.650 millones de dólares con el nuevo régimen cambiario, según reportes periodísticos recientes. Anteriormente, ya se reportó una pérdida neta de más del 16% debido a la inflación respecto del rendimiento financiero. Las pérdidas de este lado son las ganancias de los bancos, las empresas extranjeras que se financian con esos ahorros y el mismo gobierno.

Frente a esa realidad, la propuesta de reciprocidad que se discute al interior de algunas de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas del país, en las que generaciones de jóvenes dirigentes, más atentos a esta realidad concreta, es sencilla y, sobre todo, pacífica: mientras el gobierno persista en sus políticas económicas antinacionales y no renuncie para dar curso a un proceso electoral auténtico, que no excluya a ningún participante y se recupere la legitimidad en la primera magistratura, se debe cortar el “flujo de caja” que lo sostiene mediante las siguientes acciones:

• Suspender, de manera coordinada y transitoria, el pago de los aportes al Sistema Integral de Pensiones que administra la Gestora Pública, hasta que se designe conforme dispone la Ley al Directorio y se rinda cuentas del actual estado de inversiones del ahorro de los trabajadores. 
• Suspender el pago de créditos con la banca boliviana, un sistema financiero que se fondea en más de la mitad con los recursos que administra la Gestora —es decir, con el propio ahorro laboral de quienes hoy protestan—, de modo que la reciprocidad recae sobre el mismo circuito de dinero que hoy se beneficia del silencio de los aportantes y permite que los dividendos que los bancos generan con ese ahorro siga saliendo del país hacia paraísos fiscales, absorbiendo divisas.
• Exigir por la vía legal y administrativa el retiro de los aportes acumulados en la Gestora, dada la insuficiencia demostrada en la gestión de un ahorro que, por casi 30 años, ha sido de los trabajadores sólo en el papel.

Ninguna de estas tres medidas corta una carretera, retiene un camión de carga o impide que un turista llegue a destino. Son actos de desobediencia estrictamente financiera y, por tanto, exactamente el tipo de protesta que —según la propia lógica presidencial— no “le hace daño al prójimo”. Es, además, un ejercicio de un derecho de propiedad: nadie puede exigirle a un trabajador boliviano que siga financiando, con su ahorro de jubilación, un gobierno que dicta medidas en su contra, saca al ejército para reprimirlo financiado con su propio ahorro, y un sistema bancario y previsional que no le rinde cuentas y se enriquece a su costa.

El argumento en contra es previsible y merece decirse con la misma franqueza: una suspensión masiva de aportes desfinanciaría de golpe al sistema bancario y dejaría sin cobertura al propio Sistema Integral de Pensiones, con costos que terminarían pagando los mismos trabajadores en forma de menores pensiones futuras o de una crisis de crédito con efectos en el empleo. Es un costo real, y cualquier organización social que evalúe esta ruta debería hacerlo con asesoría técnica y legal, no como un gesto improvisado, pero son daños que ya los sufren. Ese riesgo es, en rigor, el mismo tipo de cálculo que el Gobierno le exige hoy a quien bloquea: que la protesta tenga un costo, y que quien la ejerce lo asuma con los ojos abiertos.

Lo que no resulta sostenible es pedirle al sector productivo boliviano —transportistas, comerciantes, agricultores— que asuma en soledad el costo de no bloquear, mientras el gobierno “entrega Bolivia” a intereses extranjeros (EEUU, Israel) y sume al país en una crisis más profunda que la heredada.

La reciprocidad no es una amenaza: es la contraparte lógica de la que el propio Gobierno ha planteado.