El mercado que no cierra a pesar de los bloqueos

Hace unos días escribí en esta misma columna sobre el personaje que siempre se escabulle de la foto: el comprador, ese que sostiene el mercado de la trata con su billetera y luego se va a dormir tranquilo. Dije también que la víctima boliviana quizá ya no tenga que cruzar una frontera, que ahora cruza un algoritmo. Hoy quiero seguir esa ruta hasta el final del trayecto, porque todo viaje tiene un destino y este termina en un lugar muy concreto: una transferencia por banca móvil que nadie está observando realmente

La trata era un delito con logística. Necesitaba un bus, una falsa oferta de empleo, un lenocinio con puerta discreta y, de cuando en cuando, algún funcionario dispuesto a mirar el techo. Uyuni acaba de mostrarnos esa versión clásica: en marzo, la desaparición de una adolescente de 16 años destapó un local clandestino donde la retenían, y en junio el alcalde Misael López destituyó al intendente municipal y a un comisario vinculados por un audio a la investigación fiscal, dejando claro que no permitirá la vulneración de derechos. Muy bien por el gesto, eso es lo mínimo que deberían hacer todas las autoridades cuando se presente una situación similar. Pero ese caso, con su operativo de madrugada y sus arrestados con nombre y apellido, que todavía debemos esperar a que la justicia haga su buena labor y si son culpables tengan la sentencia que les corresponde, es la que podríamos entender como trata vintage, que, aunque sigue sucediendo constantemente, todavía nos muestra un elevado índice de impunidad, pero ésta finalmente es la que deja huellas en el suelo. La que viene no tiene dirección física, y eso realmente debería quitarnos el sueño, más si pensamos en la hipnosis colectiva del Mundial 2026 y  la anestesia social que este provoca.

La nueva versión opera así: una adolescente con hambre de datos móviles, en una familia ahogada por una inflación por encima del 25%, que enfrenta más de 40 días de bloqueos, sin combustible ni víveres, recibe un mensaje directo. Alguien le ofrece "ayudarla a monetizar". El estudio fotográfico es su dormitorio. La vitrina es una red social. El cliente, ese mismo prostituyente del que hablábamos, pero ahora paga desde el sofá: escanea un QR y listo. El dinero llega a una cuenta abierta con la cédula de una menor o de su flamante "representante". Nadie alquila un cuarto. Nadie soborna a un intendente. Y como advertimos en el estudio que realizamos desde el Colectivo Infinitum sobre la trata en Tarija, todo sucede al interior de los hogares, como parte de una clandestina cotidianidad que las familias ni sospechan.

¿Exagero? Pues no, una encuesta global difundida en diciembre pasado encontró que uno de cada cuarenta jóvenes en el mundo recibió compensación, regalos o favores a cambio de mostrar fotografías o videos íntimos, y que el 71% no identifica la venta de contenido sexual como una forma de explotación. Le pusieron nombre de emprendimiento a la esclavitud y media generación compró la franquicia. La UNODC, por su parte, reporta que las niñas víctimas de trata detectadas en el mundo crecieron 38% entre 2019 y 2022, y que el 60% de ellas sigue siendo explotada sexualmente. Las crisis, dice el organismo, fabrican vulnerabilidad. Bolivia, en eso, está produciendo a escala industrial.

Seamos justos: la Ley 1636, promulgada en septiembre de 2025, es un avance real. Tipifica el contacto con fines sexuales por medios digitales, la producción y comercialización de material de abuso sexual, e incorpora al agente encubierto digital. La Fiscalía registró 92 casos en sus primeros cinco meses, lo que confirma que el problema no era invisible, era invisibilizado. Pero la ley protege hasta los 18 años, ni un día más. La joven de 19 cuyo contenido íntimo circula sin consentimiento, la universitaria extorsionada con sus propias fotos, la mujer cuyo rostro aparece en un deepfake pornográfico, todas habitan un limbo donde la Ley 348 no menciona la violencia digital y el Código Penal aparentemente recién está despertando a esta realidad de la que parece no entender muy bien lo que pasa. Y la Ley 263, que se promulgó cuando captar era publicar un aviso y explotar exigía trasladar un cuerpo, sigue conjugando verbos del siglo pasado mientras el delito ya conjuga los del presente: etiquetar, suscribir, monetizar, viralizar, y peor aún, nos habla de “seguidores”, cuando en realidad deberíamos entender que son prostituyentes.

Otros países ya hicieron la tarea. México tiene Ley Olimpia desde 2018; Argentina sancionó la suya, la 27.736, en 2023; Estados Unidos promulgó en mayo de 2025 el Take It Down Act, que obliga a las plataformas a retirar contenido íntimo no consentido en 48 horas; Australia directamente expulsó de las redes a los menores de 16 desde diciembre de 2025. Olimpia Coral Melo, la activista mexicana que convirtió su propia experiencia en legislación para medio continente, lo resume sin anestesia: somos la primera generación humana que entierra vidas de niñas y niños a causa de las pantallas. Lo virtual es real. Bolivia, mientras tanto, debate si el problema existe.

Lo que falta no es misterio. Actualizar la Ley 263 para tipificar la captación y la explotación sexual digital sin exigir traslado. Una Ley Olimpia boliviana que proteja también a las mayores de 18. Plazos obligatorios de retiro de contenido para las plataformas. Y algo que nadie está pidiendo y deberíamos exigir a gritos: que la UIF y la ASFI traten los pagos recurrentes por QR a cuentas de adolescentes como lo que son, la contabilidad del tratante. Perseguimos al dólar en el mercado paralelo con más entusiasmo que al dinero que compra cuerpos en el mercado digital. El dinero deja huella; la voluntad política, hasta ahora, no tanto.

El proxeneta ya se digitalizó. El Estado sigue haciendo fila. Y nosotros y nosotras seguiremos con la misma consigna de siempre, porque también vale para los territorios digitales: Por una Tarija Libre de Trata de Personas.