Demasiada experiencia para trabajar

Doña Vero se levanta mucho antes que el sol. Carga su bolsón, instala su puesto en el Barrio Senac, y a las once ya no le quedan empanadas. Tiene más de setenta años, articulaciones que duelen cada día y deudas que no se pagan solas. Le preguntas por qué sigue trabajando y se ríe. Como si la pregunta fuera estúpida. Lo es.

En Bolivia, cinco de cada diez adultos mayores siguen trabajando después de los sesenta años, según el informe que UNFPA difundió en noviembre de 2024. No porque les guste madrugar. Porque la Renta Dignidad, esa pensión universal de la que nos felicitamos en cumbres internacionales, paga Bs 500 al mes. Quinientos bolivianos. Lo que cuesta un mes alquiler. Lo que no alcanza para la canasta básica, ni para los remedios, ni para la cuenta de la luz cuando llega abultada en julio por el frío. Apenas 187.000 bolivianos reciben una jubilación contributiva real. Es decir, el 80 por ciento restante quedó fuera del sistema formal después de toda una vida de trabajo invisible.

Y cada vez que se acerca una elección, escuchamos la misma promesa. Aumentaremos el bono. Lo duplicaremos. Subiremos la renta dignidad hasta 2000 Bs. Lo defenderemos con la vida. Termina la elección y el bono sigue ahí, intacto como una momia preincaica, mientras los precios suben y el dólar se esconde. La dignidad de los abuelos y las abuelas cabe, en este país, en un sobre delgado. Y a quienes le pusieron ese precio les sigue pareciendo motivo de orgullo.

Mientras tanto, en Tarija, hay 64.508 personas adultas mayores. Representan el 12,1 por ciento de la población departamental, según datos del INE. Más que el promedio nacional. El SEDEGES calcula que treinta mil de ellos pasan los setenta y cinco años, y la directora de la anterior gestión dijo algo que merece ser una bofetada colectiva: hemos creado conciencia para cuidar el medio ambiente y a los animales, pero no para cuidar al adulto mayor. Lo dijo en mayo. Pasó como pasan las cosas que duelen: rápido, antes de que nadie se sienta interpelado.

El problema, repito, no es solo el bono. Es el guion completo. A nuestros adultos mayores los empujamos a vender empanadas en la calle, a manejar taxi hasta tarde, a recoger material reciclable bajo el sol. Y cuando alguno se atreve a postularse a un empleo formal, los formularios le piden tener menos de cuarenta años. El mercado laboral boliviano tiene un problema de temperatura. El recién egresado llega y le dicen: no tienes experiencia. El profesional de sesenta llega y le dicen: tienes demasiada. Nadie explica cuál es el punto exacto en que la experiencia deja de ser insuficiente y empieza a ser excesiva, ni quién calibró ese termómetro. Lo que sí queda claro es que el sistema descarta en ambos extremos y luego se pregunta por qué no encuentra el talento que necesita. La respuesta probablemente estaba ahí, era la combinación de ambos.

Esto tiene nombre, además. Se llama edadismo. Lo bautizó el gerontólogo Robert Butler en 1969 y la OMS calcula que una de cada dos personas lo practica sin darse cuenta. Es ese reflejo automático que asume que después de los cincuenta uno empieza a estorbar. Que los algoritmos de las plataformas digitales son hechizos incomprensibles para alguien con canas. Que la experiencia es una pieza de museo, no un activo.

Pero los números cuentan otra historia, y conviene escucharlos. Deloitte midió que las empresas con equipos multigeneracionales son 21% más rentables que las homogéneas. McKinsey llegó al mismo número por otro camino. Microsoft probó programas de liderazgo intergeneracional y le bajaron veinte por ciento los tiempos de desarrollo de productos. Es decir: cuando una organización combina canas y egresados recientes, no pierde, gana. Lo que perdemos es lo otro. El aprendizaje que un veinteañero recibiría gratis si tuviera un mentor de sesenta y cinco al lado.

Acá conviene aclarar algo, porque la trampa siempre está esperando. No estoy proponiendo que todos los adultos mayores trabajen hasta el último de sus días. Eso sería otro abuso, vestido de virtud. Hay gente que quiere descansar y se ganó ese descanso peleando con la inflación de los ochenta, con la crisis de los noventa, con los hijos, con la vida. A esos se les debe una pensión que les permita mirar la lluvia desde la ventana sin angustia. No Bs 500. Una pensión real.

Lo que pido es la opción. Que quien quiere y puede seguir aportando encuentre una puerta abierta. Una entrevista sin pregunta capciosa sobre la edad. Una capacitación digital diseñada para su ritmo, no para humillarlo. Un horario flexible que reconozca que el cuerpo a los sesenta ya no es el de los veinte. Una mentoría formalizada, con honorarios, no como caridad. Un espacio en la mesa donde alguien con cuarenta años de oficio pueda decir esto ya lo vi fracasar en 88, probemos con otra cosa.

La Ley 369 lo dice desde 2013. El artículo 12 establece que la sociedad deberá promover la incorporación laboral de las personas mayores considerando sus capacidades. Trece años después, esa frase sigue siendo un cadáver embalsamado en una vitrina de derecho positivo. Bonito de ver, incapaz de andar.

Pero se puede hacer algo. En 2023, Los municipios de El Alto, en el departamento de La Paz, y El Puente, en el departamento de Tarija, ingresaron a la Red de ciudades y comunidades amigables con las personas adultos mayores de la OMS. Cercado y los demás siguen pensándolo. Hay universidades, hay empresas, hay un SEDEGES que reconoce que no tenemos ni un solo geriatra en el sistema público departamental. Tenemos diagnóstico. Lo que no tenemos es decisión.

Mientras tanto, doña Vero sigue trabajando antes que el sol. Y nosotros seguimos confundiendo el aplauso con la dignidad. Son dos cosas distintas. La primera dura lo que dura una foto con el político de turno. La segunda exige presupuesto, leyes que se cumplan, empresarios sin prejuicio y autoridades con menos cinismo.

Quizás un día le pregunten a doña Vero qué quiere hacer con su tiempo. Y la respuesta no sea la que esperamos.