Fin de los bloqueos: parte de daños y la agenda pendiente

Redondeando han sido 50 días de parálisis que se ha superado (no resuelto) en tres días luego de decretar el Estado de Excepción, que sigue vigente. El parte de daños en uno y otro lado es grande. Ninguno ha tirado la toalla, pero ninguno puede declararse “vencedor”. La perspectiva sugiere que mientras unos conservan poder de movilización, los otros han descargado en la población la estrategia del desgaste, y que entre unos y otros han enterrado ese mantra de la “inversión extranjera” como camino de salvación que, con alta probabilidad, nunca iba a suceder.

El gobierno guarda una bala: la aprehensión de Evo Morales, al menos como resultado de la excepcionalidad. Todo dependerá del cálculo final: hay quien considera que su factor de “intimidación ciudadana” ha quedado amortizado; hay quien cree que siempre se puede recurrir al “que viene el lobo” una vez más, y también quien cree que, sin Evo en el escenario, puede aparecer alguna otra figura que articule de nuevo la unidad de acción de lo nacional – popular de regreso a Palacio Quemado.

Las salidas

Lo más parecido a una rendición fue lo de Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), que firmó un acuerdo bastante maximalista apenas horas antes de que se decretara el Estado de Excepción. Si sabía o no sabía será debate eterno más allá de que la COD le hubieran exigido retirarse y Huanuni y Colquiri hubieran firmado “acuerdos beneficiosos” con el gobierno. Por otro lado, son los únicos que tienen un documento de 29 puntos y 90 días firmado sobre el que el Gobierno tendrá que “rendir cuentas”. Justo a las puertas de octubre.

Lo de los Tupac ha sido más bien una desbandada. Agotados y estigmatizados por sus propias familias que viven en las ciudades, la orden de repliegue ha sido concisa, pero nítida: volver a las provincias a rearticularse para cuando sea el momento. La recurrente vinculación con el “narcoterrorismo” y la subordinación a Evo no han caído bien en un territorio que tiene sus propias lógicas y orgullos.

Los últimos han sido los cocaleros del Chapare, que por cierto también fueron los últimos en subirse a la protesta. Evo Morales y su comité ejecutivo han dado cuarto intermedio acusando a Salazar y Argollo de traición y, muy en su línea, asegurando que nunca pidieron la renuncia de Paz. Lo cierto es que sin bloqueos también en el Chapare la aplicación del Estado de Excepción quedaría sin sustento, o eso calculan en el círculo del expresidente.

50 días de protestas también han dejado algunas grietas en el movimiento vecinal de El Alto, entre los diferentes niveles de los Sindicatos de Transporte y en el Magisterio, que al final sacaron un bono y la cabeza de la ministra.

En cualquier caso, el bloqueo como institución de resolución de conflictos sigue vigente: lo único que varía es la percepción del mismo en función del criterio de cada uno. Y el bolsillo.

La política

El gobierno tendrá muy difícil vender esto como “una victoria”, aunque por descontado caerá en la tentación. Los ánimos en La Paz están caldeados tras 50 días de “resistencia” por una apuesta por “el diálogo” cuando en el pliego solo había una demanda: “renuncia”.

Los 50 días de bloqueo han golpeado aún más la precaria economía nacional, que sigue sufriendo por combustibles, y que deja una perspectiva gris oscura. Bolivia ha salido al mundo, pero el mundo se lo seguirá pensando lo de venir a Bolivia. La forma en la que se han gestionado temas como el DS 5503, la Ley 1720 y otras iniciativas “menores”, además de la forma en que se ha abordado el conflicto no da la “seguridad jurídica” prometida.

Culpar a los bloqueos, como hacía Luis Arce, le dará oxígeno un tiempo, pero la canasta familiar sigue apretando unos ingresos que no crecen. El caldo de cultivo para la probable próxima movilización será diferente.

A eso también parecen apostar las bancadas mayoritarias en la Asamblea: Tuto Quiroga, que fue atacado en plena crisis, ya advirtió que sus votos costarán caros para cada iniciativa, y Samuel Doria Medina sigue reclamando más protagonismo. Ellos serán probablemente los primeros en señalar a Paz si los problemas económicos persisten.

Y mientras tanto, Fernando Cerimedo, el súper asesor personal de Paz y tótem de la ultraderecha continental con supuestas conexiones con Washington seguirá ahí, señalando que todo es un problema de cloacas, e insistiendo en la tesis de buenos y malos, alimentando una violencia que, en Bolivia, a diferencia de otros lares, sí salta de las redes a las calles.

Lo pendiente

Casi dos meses de bloqueo han postergado una agenda que parecía urgente.

Aparentemente hay 10 leyes “clave” en capilla – energía, hidrocarburos, entre otras - de las que nadie sabe.

Los gobernadores y alcaldes esperan turno con cada vez menos paciencia para aterrizar aquello del 50/50 y que les lleguen recursos frescos. Las competencias de unos y otros están desbordadas y desfinanciadas y las deudas ahogan.

El Tribunal Constitucional sigue sin quorum, y aunque en los últimos años apenas ha sido una parte más del ejecutivo, no está bien visto avanzar en nada sin control constitucional.

En paralelo, varios legisladores están promoviendo una reforma parcial de la Constitución que puede inflamar de nuevo los ánimos y llevarnos al absurdo de impulsar una reforma sin las garantías.

El oriente ha dejado de creer tras tantas idas y vueltas con sus prioridades. La sustituta de la 1720 no es ni un borrador y aunque tímidas, se vuelven a escuchar voces que piden secesión o, al menos, constituyente.

Los dólares siguen afuera pese al auge de precios de la minería y las libertades de exportación. El equilibrio es precario y las posibilidades de bicicletear sin imprimir se agotan.

Espinoza sigue anunciando una inminente devaluación - en la que aparentemente el tipo de cambio referencial sustituirá al oficial con el que están haciendo grandes negocios los bancos - y se traba cada vez que habla del FMI, de nuevo vetado en los acuerdos.

El pedido de renuncia se ha suspendido; la crisis, sin embargo, está lejos de superarse, Paz Pereira arrastra casi desde el primer día, cuando conformó su gabinete, un déficit de credibilidad que se ha ido convirtiendo en un problema de legitimidad en tanto la base votante que le eligió no le reconoce; pero tampoco la que no le votó. Ni siquiera aprehender a Evo puede revertir esa situación.