Crónica de una tragedia anunciada: El regreso del anarcosindicalismo

Bolivia vuelve a arder. Mientras el país intenta estabilizarse tras años de polarización política y crisis económica, las huelgas, los bloqueos y los paros indefinidos regresan con renovada intensidad. No se trata de un conflicto laboral aislado, sino del preludio del retorno de un viejo fantasma: el anarcosindicalismo como actor dominante en el marco político boliviano.
No es algo extraño. Bolivia ya conoce bien esta paradoja política. La lógica de confrontación y el veto a cualquier idea de orden institucional que atente contra los intereses particulares del movimiento sindical. Hoy ya no se buscan solo reivindicaciones obreras puntuales, sino que, como en el anarcosindicalismo del siglo XX, se busca “tumbar” y sabotear las decisiones estatales.
Muchos son los recuerdos que se avivan con la actualidad. El sindicalismo, aunque durante las dictaduras de Banzer, Natusch o García Meza jugó un papel de resistencia frente a la represión colectiva, no oculta sus sombras, como señala Tomás Molina Céspedes en su obra Triángulo Letal. La colaboración de la COB en el golpe de Estado de 1964 contra Paz Estenssoro, la exigencia de cogobierno durante el breve mandato de Juan José Torres en 1970, o la asfixia política al gobierno de Lidia Gueiler entre 1979 y 1980. Y hoy no estamos muy lejos: un movimiento sindical que busca derrocar a un gobierno constitucionalmente legítimo mediante los viejos métodos de enfrentamiento, huelga, bloqueo y violencia, bajo la justificación de luchar por los “derechos” del pueblo que dicen defender. Todo apostado a imponer demandas sectoriales por encima de la estabilidad colectiva nacional. Mientras la ciudadanía demanda estabilidad, los sindicatos emplean la confrontación como método de presión.
Esta no es una exageración alarmista. Es la crónica de una tragedia anunciada. Porque cuando un sector entiende que el bloqueo, la presión y la violencia son más efectivos que la negociación institucional, la democracia deja de ser un sistema de reglas para convertirse en un campo donde el radicalismo suele ganar. Y una vez más, Bolivia parece dispuesta a repetir el guion.
El gobierno de Paz intenta afrontar una crisis económica exorbitante y escasez de hidrocarburos, sumado a marchas sindicales que acrecientan una pérdida económica de 500 millones de dólares tras más de 11 días, con un promedio de 45 a 55 millones diarios según Correo del Sur (18 de mayo, 2026). Equivalente al presupuesto anual de salud en varias regiones del país.
Estos viejos vientos no solo recuerdan a las marchas destructivas del sindicalismo que alguna vez sacudieron al país, sino también a las crisis económicas y la polarización extrema digna de la Bolivia del siglo XX. Hoy no nos encontramos en una situación muy distinta: una Bolivia debilitada que responde a diferentes problemas, pero al mismo mal. Un anarcosindicalismo que responde servilmente a los intereses de poder de un agente externo, que camufla sus intereses bajo la bandera de “justicia por el pueblo”.
La historia nos muestra que cada ciclo de confrontación estatal y sindical termina exiliando la democracia y estrangulando la economía. Resta entonces la pregunta incómoda: ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que intereses sectoriales secuestren el destino colectivo? ¿Estamos condenados a repetir eternamente los errores del pasado, o tendremos finalmente el valor de elegir la estabilidad sobre la confrontación?