El manifiesto avanza: Washington y Pekín pactan mientras Bolivia espera

El 15 de mayo de 2026, durante la primera visita de un presidente estadounidense en funciones a China desde 2017, Donald Trump y Xi Jinping acordaron un protocolo conjunto de mejores prácticas para regular la inteligencia artificial. Cuatro días después, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, confirmó en rueda de prensa que ambos gobiernos sostendrán un diálogo intergubernamental sobre IA. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, precisó que el objetivo central del acuerdo es impedir que actores no estatales accedan a modelos de alta capacidad, lo que en términos políticos significa que las dos potencias que concentran el mayor poder computacional del planeta han comenzado a administrar juntas quién puede y quién no puede participar en la carrera.

El acuerdo y sus límites reales

El protocolo Washington-Pekín no disuelve la competencia, y Trump lo dijo sin ambigüedad en una entrevista con Fox News: “Es difícil decir ‘pongamos límites’ cuando estamos compitiendo entre nosotros.” La coordinación entre ambos gobiernos se establece para evitar que terceros actores, como estados pequeños, grupos no estatales, y corporaciones sin anclaje soberano, accedan a los modelos más potentes. La cooperación se da para gestionar de manera compartida el duopolio.

El caso de los chips aclara la figura. El Departamento de Comercio estadounidense autorizó a diez empresas chinas, entre ellas Alibaba, Tencent, ByteDance y JD.com, a comprar chips H200 de Nvidia. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, viajó a Pekín en el avión presidencial de Trump. Aun así, Pekín congeló las órdenes. El secretario de Comercio Howard Lutnick explicó ante el Senado que el gobierno chino no permitió las compras porque prioriza la inversión en su industria nacional de semiconductores. Dos senadores, la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Pete Ricketts, presentarán un proyecto de ley con un fondo de 500 millones de dólares para ayudar a aliados extranjeros a adquirir tecnología estadounidense, en respuesta a que esos gobiernos compran herramientas digitales a China por ser más baratas.

La fractura interna de EEUU

El acuerdo bilateral ocurre mientras el frente interno norteamericano muestra una fisura. El 18 de mayo de 2026, Steve Bannon y más de sesenta aliados del movimiento MAGA enviaron una carta abierta a Trump solicitando pruebas obligatorias previas a la comercialización de modelos de IA de alta capacidad. La coalición “Humans First” articula populistas, pastores evangélicos de Texas y Florida, y organizaciones de seguridad tecnológica, y surgió tras la conmoción generada por el modelo Mythos de Anthropic, cuyas capacidades de ciberataque encendieron alarmas en agencias federales según Axios y el New York Times. La iniciativa contradice directamente la posición de David Sacks, el “zar de IA” de Trump, favorable a la desregulación, y crea, según la analista Marlène Laruelle del Grand Continent, una posible escisión dentro del trumpismo sobre el futuro de la IA en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

En el primer trimestre de 2026, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta destinaron conjuntamente 130.650 millones de dólares en inversiones de capital, un 71% más que en el mismo período del año anterior. Sus proyecciones anuales rondan los 715.000 millones de dólares. Para referencia, el Proyecto Manhattan costó unos 30.000 millones en moneda actual. Los cuatro grupos gastan ahora más que esa suma cada mes. Un estudio del MIT de agosto de 2025 señaló que el 95% de las empresas que habían implementado herramientas de IA generativa no observaba ningún retorno cuantificable de la inversión.

Bolivia y los proyectos archivados

La investigación publicada en abril de 2026 por Rodrigo René Cruz Apaza en la Revista de Derecho de la UCB (Vol. 10, N.° 18, pp. 93-135) aporta datos clave sobre el estado legislativo en Bolivia. A través de la página de la Cámara de Diputados, se comprueba que los proyectos de regulación de IA se hallan en la lista de “archivados”. El PL-558/24, Ley General de Inteligencia Artificial, presentado el 11 de junio de 2025 por los entonces diputados Mariela Baldivieso Castillo y Gustavo A. Aliaga Palma, está archivado. El PL-CS-178/2024-2025, aprobado por el Senado en octubre de 2025, también. Los proyectos no esperan turno de debate, sino que han sido formalmente descartados.

Como consecuencia jurídica, Bolivia no dispone de ningún dispositivo legal que regule la implementación de inteligencia artificial en las actuaciones de los órganos de poder y los órganos constitucionales autónomos. Pero esa ausencia no ha detenido el uso de la tecnología.

En abril de 2023, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de los vocales Jimmy López Rojas y Diego Ramírez Cruz, utilizó ChatGPT en la deliberación de una acción de protección de privacidad contra tres periodistas, antes de dictar sentencia de concesión de tutela (Resolución 01/2023 de 17 de abril). La abogada de los accionados denunció que las preguntas a la IA fueron “direccionadas”, pues no se habría tomado en cuenta que la accionante consintió y solicitó la publicación de sus fotografías. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en grado de revisión, confirmó la tutela mediante la SCP N.° 0104/2024-S3 de 29 de abril, sin expedir regla alguna sobre la permisión o prohibición de la IA en procesos constitucionales. Cruz Apaza observa que no existe monografía que examine si los vocales estaban constitucionalmente habilitados para proceder de ese modo.

En febrero de 2025, el propio TCP avanzó en la misma dirección sin mayor habilitación legal: la SCP N.° 0052/2025-S2 de 25 de febrero exhortó al Consejo de la Magistratura a implementar herramientas de IA para la transcripción de actas de audiencia durante 2025. La resolución circunscribió ese encargo a tareas de transcripción, dejando a la vez el precedente de un tribunal constitucional que ordenó el uso de IA en el sistema judicial sin que exista ley que lo autorice.

Límite constitucional e inversión del Estado de Derecho

Cruz Apaza establece que la potestad de impartir justicia fue concesionada por la nación boliviana privativamente a los órganos judiciales (art. 178.I de la Constitución); el constituyente confió en el iura novit curia, no en el novit curia artificialis intelligentia. Las actividades que integran la administración de justicia son, por tanto, indelegables a la inteligencia artificial. Ni que decir de otros agentes.

Sin embargo, el poder político intenta proveerse de cobertura legal. El 5 de enero de 2026, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, declaró que las decisiones del presidente Rodrigo Paz son constitucionales porque “lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido”. Saucedo defendía así los Decretos Supremos 5503 y 5515, el primero abrogado y reemplazado por el DS 5516, y el segundo aún vigente.

Cruz Apaza califica ese razonamiento como un “dislate oprobioso”, pues la norma de clausura que reza “todo lo que no está expresamente prohibido está permitido” aplica al derecho constitucional de la libertad, es decir a los ciudadanos, no al derecho constitucional del poder, es decir los órganos del Estado para quienes rige la norma inversa: “todo lo que no está expresamente autorizado está prohibido”. Usar la norma equivocada para justificar la actuación ejecutiva es una maniobra para invertir el principio de legalidad.

De ello resulta que los proyectos de ley que habrían dado cobertura normativa a la regulación tecnológica estén archivados; que la IA opere en el sistema judicial sin esa cobertura; y que el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria proporcione respaldo constitucional al ejecutivo mediante una argumentación que invierte la lógica del Estado de Derecho. Mientras tanto, el ejecutivo continúa su trayectoria de entrega: Starlink opera desde febrero de 2026, el “Escudo de las Américas” se firmó en Miami en marzo, y los acuerdos tecnológicos con actores norteamericanos avanzan decreto por decreto.

Si Washington y Pekín, las dos potencias con mayor capacidad tecnológica, acuerdan quién puede acceder a los modelos más potentes, los países sin regulación propia quedan en una posición de doble dependencia, técnica respecto de las corporaciones, y normativa respecto de los acuerdos bilaterales que esas corporaciones no controlan pero que las favorecen.

El manifiesto avanza. El acuerdo también. Bolivia, en los últimos lugares de las mediciones globales de IA, con dos proyectos de ley de regulación formalmente archivados, con una IA que ya opera en sus tribunales sin habilitación legal, y con un ejecutivo avanzando en la dirección contraria a la que esa legislación señalaba, observa y padece el proceso desde adentro.

Las leyes esperan. La calle no.