El Proyecto Liberalizador de Paz se Enfrenta a la Parálisis

El camino a Villa Ingenio, una arteria que conecta El Alto con el altiplano, suele desbordar de comercio. Esta semana es un cementerio de camiones paralizados. Los conductores, marchando entre calles polvorientas, exigen la cabeza del presidente Rodrigo Paz.

Justo antes de una votación clave en el Senado sobre la Ley 17-20, una ley de clasificación de tierras que varios grupos indígenas denuncian como legalización del despojo de sus territorios, el Estado plurinacional de Bolivia vuelve a estar al borde del abismo. Los bloqueos han partido el país en dos, los alimentos se pudren en los puntos de control, y la frágil tregua con los movimientos sociales que llevó al poder al gobierno centrista de Paz, antes alineado con la izquierda indigenista, muestra grietas mortales.

Para un gobierno que prometió gobernar por « competencia, no por ideología », esta resulta una prueba crucial para las ambiciones desarrollistas liberales del autodenominado gobierno centrista.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó al menos 41 puntos de bloqueo esta semana, paralizando rutas clave. El altiplano es el epicentro. Los bloqueos lo cercan, creando una isla, cortando el acceso al lago Titicaca y la frontera con Perú, Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y otras grandes ciudades.

Con los transportistas varados desde hace días, el precio del kilo de carne ha aumentado la mitad; un pollo ya cuesta 120 bolivianos en La Paz. La Defensoría del Pueblo ha suplicado corredores humanitarios para trasladar medicinas y oxígeno, advirtiendo que el sistema de salud está al borde del colapso.

« Hemos caminado mil kilómetros, desde la Amazonía, para mostrar que los pueblos indígenas no quieren esta ley, para recordarle al gobierno a quién sirve », me dijo un activista al frente del bloqueo, con la voz ronca tras días de consignas.

Mientras tanto, persiste la escasez de dólares, y la falta de combustible y gas avivan aún más la ira. Algunos culpan al gobierno socialista anterior y a los bloqueos por la tensión socioeconómica. Un contramanifestante gritaba : « ¡Vuelvan al trabajo, están arruinando este país !».

Dentro de la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno de Paz, me reuní con Jorge García, Viceministro de Justicia Indígena y Coordinación con Movimientos Sociales. Autodefinido como « un humilde profesional de El Alto nacido en una familia pobre », García representa la nueva cara de una compleja alianza entre liberales económicos e indigenistas que dejaron tanto a la izquierda como a la derecha para unirse al Partido Demócrata Cristiano de Paz.

« El gobierno de Luis Arce despilfarró 60 mil millones de bolivianos », me dijo García. Visiblemente frustrado, continuó : « El gobierno del MAS simplemente entró a facturar y gastar el dinero que presidentes anteriores, supuestamente de derecha, habían atraído mediante inversiones ».

Argumenta que el proyecto plurinacional del MAS socialista indígena fue una toma de rehenes. « Secuestraron Bolivia, nos aislaron del mundo para que no pudiéramos saber la verdad de lo que pasaba aquí, destruyeron Bolivia ».

García insiste en que Paz representa un « gobierno del centro político », sin la carga de la lucha de clases del MAS. Añadió, « El presidente Paz nos dijo durante la campaña : no se vive de la ideología. La ideología no es algo que se come ni con lo que se vive ». Su pacto de apertura económica tecnocrática con liberalismo social resonó entre los bolivianos en las urnas el año pasado.

Al ser presionado, García argumentó, « Crearon organizaciones paralelas », acusando al MAS de integrar sectores sociales al Estado. « Estaban completamente vendidas, compradas, sesgadas. Algunos se hicieron millonarios ». Acusó a los dirigentes del bloqueo actual de estar « completamente radicalizados, identificados con el movimiento de Evo Morales », y afirmó que son subsidiados por la maquinaria del expresidente indígena socialista.

El viceministro dijo que prefería « centrarse en el 90 por ciento que es legítimo e ignorar al 5 por ciento que no lo es ». También sugirió usar el aparato legal del Estado para perseguir a esos movimientos sociales « corrompidos », vinculados, según él, al « narcotráfico ».

En las puertas de la Asamblea Legislativa, un grupo de marchistas indígenas escuchaba con recelo mientras me acercaba. Eran reacios a hablar. « A menudo nos malrepresentan », dijo un líder, mirando mi libreta con desconfianza. « Los periodistas manipulan los hechos para ajustarlos a su agenda política y volver a la opinión pública en nuestra contra ».

Esta desconfianza es la herencia incómoda del gobierno de Paz. A diferencia del MAS, nacido en el crisol de las luchas sindicales de los ochenta y la Guerra del Gas, la administración de Paz proyecta una imagen de tecnócratas de élite y distantes. A medio salir de la puerta, García me dijo, « No queremos que nos vean como tecnócratas, pero esa es la imagen que tenemos ahora ».

El talante intelectualista de Paz y su legado familiar han afectado su credibilidad ante los movimientos sociales, que se han aferrado en cambio a su vicepresidente populista, Edmán Lara, un cruzado anticorrupción. Un analista compartió : « Paz, como su padre y su tío abuelo, quiere ser un presidente reformista, y esto amenaza eso ».

Hablé con dos asambleístas cercanos a los movimientos sociales que habían ido a apoyar el bloqueo, parados físicamente con los manifestantes. Hablaban en voz baja, mirando por encima del hombro.

« Hay algo de apoyo en el Congreso, pero necesitan ser más visibles », me dijo uno. « Deben estar presentes, aquí, como nosotros, para mostrar solidaridad con los pueblos indígenas y sus derechos territoriales ».

Al preguntarle sobre el proyecto de desarrollo de Paz, el otro asambleísta negó con la cabeza. « El mensaje del gobierno sobre esto debe ser claro. Debe apoyar a los movimientos sociales, no a los grupos de presión privados ni a la explotación ».

Para el presidente Paz, este es un momento definitorio. Ha intentado presentarse como el salvador de la economía, recortando subsidios a los combustibles y alimentos, atrayendo inversión extranjera, flexibilizando las fronteras comerciales y desmantelando lo que él llama el Estado de « lawfare » (guerra jurídica), incluyendo el desmantelamiento del Ministerio de Justicia, el encarcelamiento del expresidente socialista Luis Arce, el procesamiento de Evo Morales y la liberación de figuras clave condenadas por el golpe de 2019.

Los manifestantes no se van a casa. « Paz debe renunciar, ha fallado al pueblo y a los movimientos sociales que lo llevaron a la presidencia », gritó un activista. « Nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno cancele esta ley, que viola nuestro modo de vida, nuestros derechos y nuestros territorios ».

La próxima votación en el Senado de la Ley 17-20 seguramente echará más leña al fuego. Sea cual sea el resultado, es probable que polariza aún más a los sectores sociales y genere un malestar más profundo.

« Obviamente, tras años de inestabilidad y protestas, el pueblo y los movimientos sociales están agotados », me dijo un analista político en La Paz. « Pero el agotamiento es un arma de doble filo. Puede llevar a la apatía o a una explosión de rabia ».

Tradicionalmente en Bolivia, la inercia no se disipa, sino que se pudre hasta alcanzar un punto de ebullición, como ocurrió en 2024, 2020, 2019, 2007, 2003, 2000, 1995, 1952 o 1945. Paz podría necesitar decidir, políticamente, si fomentar el diálogo y la negociación con los sectores sociales, emprender acciones más agresivas contra sus oponentes políticos o simplemente dejar que su agenda de desarrollo hable por sí misma. Mientras tanto, los bloqueos y la vida política en Bolivia continúan, mientras su agenda reformista pende de un hilo.

Joseph Bouchard es periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reporteo en Bolivia, Colombia y Brasil. También es doctorando y fellow en política latinoamericana en la Universidad de Virginia, y becario en ciencias sociales del Gobierno de Canadá.