La representación dañada

¿Son legítimos los actuales gobernantes de Bolivia? Seguro, y su legitimidad viene del voto directo. Aunque ahora sea más difícil de visualizar, después de aproximadamente 35 años de ejercicio democrático continuo, se trata de un triunfo en el devenir de la institucionalidad boliviana, signada en la mayor parte de su historia por inestabilidad, golpes, cuartelazos y conspiraciones de distinto tipo. Sin embargo, se trata de una democracia afectada por diversos “daños”, por una suerte de boicot auto infligido, que de diversas maneras conspira para dañarla y quitarle legitimidad.

Tal como hemos visto en las últimas elecciones autonómicas, esas “heridas”, expresadas en restricciones, decisiones arbitrarias, excepciones a la norma, etc., han adquirido un protagonismo mucho mayor al de las propuestas políticas mismas, y se han fijado en la conciencia de un electorado cansado. Esto abre las puertas, en un futuro cercano, a una deslegitimación completa si es que no se opera una reforma profunda.

Una de las expresiones más vistosas y desagradables de la debilidad mencionada es la existencia de los denominados “taxi-partidos”, los cuales se han convertido, salvo alguna honrosa excepción, en la forma orgánica cuasi “oficial” de la representación política del actual momento de la democracia boliviana. Esa realidad nos conduce al penoso espectáculo de compra-ventas y alquileres de siglas, intercambios de cargos y favores, etc. al que ya estamos acostumbrados.

Toda formalidad, para ser efectiva, debe expresar de manera virtuosa un contenido. Lo que va haciendo de manera sistemática la formalidad democrática boliviana, merced a un cumulo de triquiñuelas y chicanerias institucionalizadas, es distorsionar y restarle vigor a la voluntad popular.

Pero el “taxi-partido”, expresión cristalina del triunfo de la transacción prebendal sobre la construcción del proyecto de país, es solo una entre las muchas falencias del actual sistema.

Una de las banderas del periodo constituyente (2006-2009) fue el de la “democracia directa”. De ahí que nuestra normativa haya incorporado instrumentos tales como el “revocatorio” y el “referéndum”. Y a la par que se establecían estos mecanismos en la normativa se los iba volviendo impracticables, merced a requisitos diversos que han hecho imposible su cumplimiento en la práctica (todavía está en la memoria el titánico esfuerzo, sin resultados, hecho por un grupo de juristas encabezado por Juan Del Granado para motorizar el cambio en el sistema judicial).

Una de las reformas “perversas” hechas al sistema de representación, implementada cuando todavía estaba vigente la democracia pactada, es la de evitar que los candidatos a alcaldes puedan ser candidatos a concejales a la vez, o impedir que los candidatos a presidente puedan ser candidatos a senadores o diputados. Esta medida, hecha para favorecer el monopolio de los partidos grandes y sus altos jefes, descabeza los liderazgos políticos intermedios y les quita capital político a los órganos de representación legislativa. En el caso de los órganos municipales, por ejemplo, obliga a los nuevos liderazgos a jugarse por un todo o nada o, caso contrario, si quieren “garantizar” su supervivencia política, agachar la cabeza y subordinarse a los liderazgos establecidos.

Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos hechos por los partidos de la “democracia pactada” en una primera etapa, y por el MAS en una segunda, de “monopolizar” la representación política, estos han desaparecido, simple y llanamente porque perdieron legitimidad.

Uno de los problemas de las estructuras formales dañadas es que pierden el contacto con la realidad. Dejan de entender que sus actos deberían expresar determinados contenidos básicos (representación, participación, justicia, etc.) y se justifican a sí mismas (en su afán de “sobrevivir” y apegarse a los factores de poder) mediante actos normativos dudosos. Y una de las consecuencias es que pierden la visión global de la realidad en su conjunto.

Este rasgo de nuestro actual sistema electoral, se expresa, por ejemplo, en su actitud ante los medios de comunicación. Es absolutamente riguroso con los medios “establecidos” (los que tienen mayor responsabilidad con la información), a los que limita el tiempo de campaña publicitario, el tiempo de publicidad en pantalla, y “monitorea” con especial énfasis, mientras ignora en los hechos esa “otra” realidad mayor: el mundo virtual. Por ello nuestros procesos electorales se han convertido en campo propicio para las más diversas modalidades de guerra sucia, mientras el Órgano Electoral se concentra en el pequeño mundo de la formalidad.

Los ejemplos son muchos. Pero si algo han demostrado los 35 años de democracia boliviana, es que las estructuras de poder, así alcancen los máximos niveles de manipulación de la formalidad del poder, cuando pierden legitimidad, simplemente se hunden y de ello son testigos tanto el MAS como los partidos de la vieja época.

La reforma electoral es urgente (junto con la del Tribunal Constitucional, que es harina de otro costal, pero está íntimamente relacionada con lo que venimos diciendo, como hemos visto en los procesos anteriores). Al igual que en todas las otras áreas que hacen al funcionamiento de la sociedad en su conjunto, para lograrlo se requiere de voluntad política. Caso contrario la sociedad buscará otros caminos para resolver sus problemas.