La Minería y la Madre Tierra heridas de muerte!

El sector minero desde tiempos coloniales ha sido hasta hoy uno de los más importantes propulsores del desarrollo en la economía boliviana. Su aporte al PIB fue durante la década de los 80 cerca del 8%. Con la caída del precio del estaño (1985) cayó hasta un 4%. Pero de ahí en adelante, con el procesamiento de polimetálicos (flotación plomo-plata-zinc) repuntó casi por una década hasta 6%. Entre 1995 a 2005 volvió a caer cerca de 4%. Y ahora en los últimos 10 años su aporte al PIB es de 5.8% en promedio. La minería tiene ciclos de precios de minerales altos (para aprovechar) y bajos (para planificar) que obedecen a diversos factores (demanda, precios).

La Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535, de Agosto 2014) nació con muchas fallas ente ellas:

a) Ya no hay concesiones mineras con las cuales se pueda apalancar recursos económicos para fomentar la exploración y con ello descubrir yacimientos de clase mundial.

b) Le da a COMIBOL la responsabilidad de toda la cadena productiva y la de industrializar minerales y metales, situación que hasta hoy no ha ocurrido.

c) Entrega el más preciado recurso mineral, el oro, a las cooperativas; cuya producción es desconocida a pesar de los grandes beneficios (regalía del 1.5%, no pagan impuestos, diésel subvencionado, operan sin licencia ambiental o sin control por parte de la Autoridad, se asocian a grandes inversionistas, contaminan juntos el medio ambiente, dañan la salud de los seres vivos, no aportan al desarrollo comunitario y otros).

d) Cree que el Estado boliviano por si solo (sin inversionistas extranjeros con experiencia) podrá preparar proyectos, implementarlos de manera responsable e industrializar los minerales y metales 

En la Tabla 1 se puede ver que en el año 2022 la producción y comercialización de oro alcanzó un total de 53 Toneladas Métricas Finas (TMF) de oro, por un valor total de USD 3,073 millones, con un precio promedio del oro USD 1800/OT, por el cual el Estado captó apenas USD 63 millones como regalía. Si el pago de regalías fuera equitativo el Estado debería recibir el 7% del total del valor comercializado es decir USD 210 millones en el 2022.

Según el MMM en el Primer Semestre de 2024 (enero a junio 2024) la producción de oro fue de apenas 6.3 TMF y se proyecta para todo el año una producción de 13 TMF, a pesar de los excelentes precios del oro y del incremento notable en las operaciones mineras. Según el MMM la disminución de producción se debe a la falta de diésel, pero no menciona que el oro que se produce sale de contrabando (la prensa reporta decomiso de barras de oro en carreteras y en aeropuertos) para evitar pago de impuestos, conseguir dólares y aumentar aún más sus ganancias.

La Ley establece pagos de alícuotas por regalías del 7% si la cotización es igual o mayor a USD 700/OT (la cotización actual ha sobrepasado los USD 2,700/OT), pero las cooperativas apenas pagan entre 1.5 a 2.5% porque supuestamente explotan yacimientos de muy baja ley. Las predicciones de expertos indican que entre 2025 a 2030 el precio del oro llegue a USD4,000/OT. Y que en este período el precio de la plata (debido a su alta demanda) también incrementará notablemente.

En Bolivia se tiene tres sectores: la minería cooperativizada (Cooperativas), la minería privada (Asociación de Mineros Medianos) y la minería estatal (COMIBOL). En los últimos años la producción de oro está controlada por las Cooperativa Mineras con el 99.8 % de la producción total, mientras el sector privado y estatal han perdido todo protagonismo (Tabla 2).

MINERIA ESTATAL

Nuevamente la COMIBOL en los últimos 20 años ha demostrado no tener recursos humanos (profesionales calificados) ni recursos económicos (que en su momento fue debido al neoliberalismo  que acabó con las empresas estatales) para administrar con éxito sus proyectos. Sus mayores ingresos son por concepto de subscripción de Contratos Cooperativos Mineros (aunque poco) o mejor a través de Contratos de Asociación Mineros (con grandes mineras transnacionales, ingresos sustanciales, entre ellas Pan American Silver, Illapa, Manquiri y otros) y Contratos Productivos Mineros (a futuro, porque aún no existe uno solo aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional).

La falta de Recursos Humanos Profesionales, Recursos Económicos, Recursos Tecnológicos, no han permitido a COMIBOL completar labores de exploración por más de 20 años hasta cuantificar reservas en depósitos mineros ya conocidos desde la época de los españoles, entre ellos Mesa de Plata, Cerrillos, Machu Socavón, Bonete, Cordillera de los Frailes, Cerro Manomó, Rincón del Tigre y otros. Y no se avizora ningún proyecto de exploración terminado en los próximos cinco años. Las labores de exploración, reposición y/o ampliación de reservas en minas productivas como Huanuni, Colquiri o Corocoro tampoco se realizan.

MINERIA COOPERATIVIZADA

El aumento de los precios de los minerales a partir de los años noventa impulsó el crecimiento de las cooperativas mineras en Bolivia. En 2010, había 459 cooperativas auríferas registradas en el departamento de La Paz. En 2019, este número se duplicó y más, alcanzando las 1230. En 2024 hay cerca de 2000 cooperativas auríferas en todo el país.

Figura 1. Variación del precio del oro en las dos últimas décadas.

Fuente: BullionVault Oct 2024, Adrian Ash.

Este crecimiento ha ido de la mano con la subida constante del precio del oro en los últimos 20 años, que en Octubre de 2024 alcanzó USD 88,000/kg de oro (Figura 1) y de las muchas ventajas que el Estado le ha dado a éste sector, entre ellas:

·     Facilidad de conseguir un área y derecho minero.

·     Rapidez en conseguir la subscripción de un Contrato Cooperativo Minero.

·     Acceso e inmediato a tareas de explotación y producción de oro.

·     Tolerancia en la presentación de Licencia Ambiental y obligaciones ambientales.

·     Subvención de combustible, facilidades para importación de equipo pesado y maquinaria.

·     Permisividad en el daño al suelo, flora, fauna, biodiversidad, calidad del agua y sobre todo daños a la salud humana de pueblos indígenas.

·     Ingreso a cualquier área donde haya oro, incluso Áreas Protegidas.

·     Permisividad para suscribir convenios y/o contratos con grandes inversionistas a quienes no les interesa el cuidado de la Madre Tierra ni la salud de las personas.

·     Tolerancia en el pago de regalías (1.5% en lugar de 7% como pagan los privados).

·     Eximidos de pagar otros impuestos (IVA, IUE, Imp.  A las exportaciones y otros).

·     Eximidos de hacer conocer su producción y/o entrega al Estado.

Las cooperativas auríferas desde que ingresan a un área minera destrozan la flora y la fauna con la maquinaria pesada con la cual se abren camino para instalar sus campamentos o preparar sitios de explotación. Usan mucho mercurio (dañino para los seres vivos), el mismo que es descargado a los ríos o inhalado por los operadores mineros cuando queman la amalgama de oro. Las dragas chinas (socios de las cooperativas y comunarios del lugar) perturban el lecho de los ríos, matan la biodiversidad, desvían el cauce de los ríos, provocan inundaciones y otros accidentes. A medida que se agota el oro en sus sitios, ingresan a áreas protegidas (selvas ricas en biodiversidad) donde continúan impactando negativamente,  destruyen la selva, afectan la salud de los pueblos indígenas.  Producen un daño irreparable a la Madre Tierra.

MINERIA PRIVADA

Entre los años 1990 a 2000, operaron en el país Empresas como Inti Raymi (Oruro), COMSUR (Oruro, Potosí y Santa Cruz) y Paitití (Santa Cruz) que en asociación con capitales extranjeros trajeron al país bastantes inversiones y tecnología para exploración y explotación. Se promulgaron normas ambientales y empezó en su mayoría la minería privada responsable.

Después de 10 años de exploración y preparación en el 2002 se puso en marcha el Proyecto San Cristóbal (MSC), Flotación de Plomo-Zinc, proyecto de clase mundial que contribuye por más de 20 años a dinamizar la economía no solo de Nor Lípez, sino también de Potosí y de todo el país. Este proyecto fue concebido y desarrollado por ingenieros bolivianos (MINTEC) junto a un equipo de expertos americanos (Apex Silver Mines, Knight Piesold y otros). MSC produce concentrados de zinc y plomo, cuya libra fina vale  hoy un dólar aproximadamente, pero le entrega al Estado Boliviano cerca de cien millones de dólares cada año por concepto de regalías e impuestos. Lamentablemente en este caso el Estado no aplicó regalías del nivel de los hidrocarburos o por lo menos incrementarlos para que el Estado logre mayores ingresos.

Entre el 2010 a 2024 operan en el país pocas empresas mineras como Pan American Silver (Mina San Vicente), Illapa (Minas Porco y Bolívar), Minera San Cristóbal (Mina San Cristóbal), Orvana Minerals (Mina Don Mario) que ayudan a mantener el PIB cada vez más comprometido. Por otro lado, en exploración pero ya con estimación de buenas reservas están las Empresas Internacionales New Pacific Metals (Silver Sands) y El Oro Resources (Mina Iska Iska). Estos dos proyectos están en espera de apoyo del Estado boliviano (seguridad jurídica, estado de derecho, racionalidad y apoyo) para poder entrar a la etapa de construcción y explotación.

Bolivia es un país con una riqueza incalculable de minerales y metales. Se viene una próxima década de alta demanda de metales críticos y precios de metales espectaculares. Se debe planificar bien (con ayuda de expertos) la exploración, explotación e industrialización (cuando se pueda) de los minerales. En las dos últimas décadas solo un proyecto (MSC) de la minería privada ha sido implementado con bastante éxito, sobre todo económico y socioambiental. Si no se apoya a los inversionistas responsables la minería se muere.

Una de las causas principales para que la minería boliviana esté mal, es que está en manos equivocadas. Mucho peor aun cuando los precios de los metales críticos se han mantenido en continuo crecimiento durante la última década y lo seguirá haciendo. Bolivia tiene metales críticos en abundancia (riqueza) y tiene que saber aprovecharlos de manera sostenible.

Fue un error entregar el recurso más valioso, el oro a los mal llamados “cooperativistas” (que en realidad son grandes empresas). El oro debe volver a manos de operadores mineros que puedan realizar labores de explotación minera, que cumplan estándares de minería responsable nacional e internacional.

La minería es el principal sostén de la economía de Bolivia y debería estar en manos de empresas mineras responsables. Los proyectos de clase mundial tienen que estar en manos del sector privado, que durante los últimos 40 años ha contribuido de gran manera al desarrollo del país, a la economía, al cuidado del medio ambiente y al bienestar de los bolivianos, pero que pague regalías más justas.

El medio ambiente y la salud de las personas se han dañado por operadores mineros irresponsables; por la presencia de las grandes barcazas chinas, que en complicidad con gente local ha perturbado el lecho de los ríos y destruido hábitats de flora y fauna, sin que el Estado vea o sienta el llanto de la Madre Tierra, que ojalá algún día pueda recuperarse para beneficio de las futuras generaciones.

Para cambiar el panorama actual de la minería deberían realizarse las siguientes acciones:

·      Ajustar, modificar y/o cambiar algunos aspectos de la Ley 535, que sirvan para favorecer importantes inversiones en minería que no se han dado en los últimos 20 años. No puede pasarnos lo mismo que el gas (que se acabe la materia prima y no hayan más ingresos).

·      Elaborar una Política Minera en general y otra específica para el oro; un régimen tributario equitativo y competitivo; formalizar las operaciones mineras; cumplir la normativa minera y ambiental; brindar seguridad jurídica al inversionista; estado de derecho; desarrollar un ambiente socialmente amigable; pedir que las Autoridades cumplan con sus obligaciones.

·      Establecer y delimitar bien las áreas destinadas a la explotación minera, cumpliendo las normativas de cierre y rehabilitación de las áreas afectadas por las labores mineras. Crear y generar proyectos sociales sostenibles en el tiempo.

·      Reglamentar y Categorizar las operaciones mineras, sobre todo la MAPE (Minería Artesanal de Pequeña Escala (300 t/mes), las cooperativas se han convertido en operadores mecanizados  de gran minería (+1 millón de t/mes) con grandes inversiones, se sujetan al régimen tributario de depósitos marginales para pagar porcentajes mínimos de regalías (1.5%).

·      Eliminar la subvención a los combustibles para las operaciones mineras. Exigir el cumplimiento de la normativa minera y ambiental en todo el ciclo del proyecto minero.

·      Implementar planes y políticas de reinversión de utilidades en las zonas productivas, para atender aspectos de infraestructura pública de primera necesidad, educación, salud, saneamiento, carreteras, además de reinversión en factores ambientales, educación ambiental, proyectos productivos locales sostenibles en el tiempo.

·      El Estado a través de las instancias y autoridades competentes, junto a los gobiernos departamentales y municipales, debe realizar la fiscalización y control de las actividades mineras.

·      Socializar las leyes y normas mineros ambientales para que se cumplan. El Ministerio de Minería y Metalurgia y las Autoridades Competentes deben cumplir con su rol de supervisión, y fiscalización.

·      Buscar mecanismos para brindarle al inversionista nacional o internacional seguridad jurídica para implementar y terminar todo el ciclo de su proyecto. Establecer incentivos para los operadores mineros ejecuten minería responsable acorde a los principios de protección a la Madre Tierra.

·      Contar con un sistema impositivo equitativo y competitivo, para los tres sectores. Hacer cumplir el pago de la regalía minera para el oro, sin excepciones ni favoritismos.

·      Encontrar unión para el beneficio de los 3 actores mineros (Estado, Inversionista y Comunidades).

 *El Ing. José Ruíz A. es Geólogo Senior

 **El Ing. Agustín Cárdenas R. es Docente Emérito, Metalurgia UMSA


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