Carne y soya, un negocio que arde (y deforesta)

América Latina está considerada como la zona continental con mayor emergencia de deforestación ilegal: casi el noventa por ciento de la pérdida de bosques está fuera de la ley. Esta cifra se ha incrementado en casi treinta por ciento las dos últimas décadas y está muy por encima de África (66 %) y Asia (41 %). Según la última Evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO, el 90 por ciento de la pérdida de bosques en el mundo se debe al cambio de uso de suelos para actividades agrícola-pecuarias: más del cincuenta por ciento para cultivos y casi el cuarenta por ciento para ganadería. En Sudamérica, el setenta por ciento del cambio de uso de suelos es para generar pasturas para ganado bovino y el veinte por ciento para cultivos como la soya.

Efectivamente, el estudio de Dummett y Blundell (2021) en 23 países con bosques tropicales sostiene que la deforestación ilegal está vinculada a la producción de materias primas agrícolas y pecuarias altamente demandas en los mercados internacionales: cultivos de soya (93 %), cacao (93 %) y productos ganaderos (carne bovina81 % y cuero 87 %).Les siguen el aceite de palma, café, maíz y caucho (Forest Trends, 2019).A este proceso de comercialización de agrocommodities se le conoce como “deforestación exportada” y afirma que el agronegocio latinoamericano está vendiendo al exterior productos cargados de dramáticos pasivos ambientales como la deforestación ilegal.

Analicemos el caso de la ganadería y el comercio de carne: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay son los más grandes exportadores de carne de la región y actualmente más del cincuenta por ciento de toda su producción para exportación tiene como destino el mercado chino (50 %, 57 % y 64 % respectivamente). Un caso interesante es Bolivia que actualmente destina el 86 % de su producción cárnica para exportación solo a China. La Unión Europea representa otro porcentaje elevado de demanda:13 % en Argentina; 9 % en Uruguay, 5 % en Brasil y 1.6 % en Paraguay, estando a nivel de la demanda de otros países asiáticos, Rusia o Israel. Finalmente, se puede mencionar a Chile como principal comprador cárnico de la región que demanda el 38 % de la producción paraguaya, el 6 % de la argentina,5 % de la producción brasileña y el 0.75 % de la uruguaya.

El comercio de la carne está básicamente manejado por cuatro grandes empresas frigoríficas de origen brasileño: JBS, Marfrig, BRF y Minerva, además de otros frigoríficos. Más allá de Brasil, estas empresas cuentan con frigoríficos en Argentina, Uruguay y Paraguay y se podría decir que fácilmente abarcan más de la mitad del facturamiento cárnico regional. ¿Estas empresas están preocupadas por los pasivos ambientales que provoca la expansión de su negocio en los bosques? Definitivamente no. Por ejemplo, está el caso de JBS, sin duda la empresa de mayor facturamiento y expansión mundial, y que hasta hace poco tenía como socio accionista mayorista al estatal Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). El año pasado al menos ocho supermercados europeos suspendieron compras a JBS, al demostrarse que la empresa se provee de ganado criado en estancias con sanciones por deforestar ilegalmente.

Acorde con esto, Burley y Thomson (2021) determinaron que más del setenta por ciento de las empresas involucradas en las cadenas de la carne bovina, soya y cuero no cuentan con compromisos de deforestación, y muchas no brindan evidencia sobre el cumplimiento de cláusulas ambientales. También, que 93 de 150 instituciones financieras -que están expuestas a la deforestación mediante sus inversiones- no tienen políticas de supervisión en las zonas de producción. Estos datos explican el recelo de los sectores empresariales (operadores, agentes comerciales y empresarios productores) para aceptar controles estatales y ciudadanos a la cadena, ni aceptar aplicar trazabilidad integral o debida diligencia al proceso.

Pero pese a esto, el problema estructural es que en los países de la región el sector agropecuario no es considerado altamente extractivo e intensivo en el uso de recursos naturales y no se lo asocia directamente con la producción de pasivos, como se hace con los hidrocarburos o la minería, por ejemplo. Esto provoca que al agronegocio se le demande pocos o nulos requerimientos ambientales, o directamente no se le haga ningún seguimiento relacionado con los graves impactos de ampliación de la frontera agrícola – pecuaria: entre 2013 a 2019, 26 millones de hectáreas (Mha)de bosques en Sudamérica cambiaron su uso de suelo con fines de agricultura comercial ylo producido en al menos 6.2 Mha fue exportado, con un alto riesgo de involucrar mercancías con pasivos de deforestación ilegal (Dummett y Blundell, 2021). Sin duda Brasil encabeza la lista como el país con más deforestación en la región (20.4 Mha), que afecta a los bosques de la Amazonía, el Cerrado y Pantanal; le secunda Bolivia (2.5 Mha) que ha tenido un trágico ascenso ocupando el puesto tres a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica, con una pérdida de bosques que afecta a la Chiquitanía, Amazonía, Chaco y Pantanal. De manera relevante también hay que señalar la deforestación en Colombia (1.8 Mha), Perú (1.5 Mha), Paraguay (1.1 Mha) y Argentina (1 Mha).

De mal en peor, factores como débil gobernabilidad, clientelismo político, ausencia de gobernanza forestal y corrupción generalizada, inciden en mayores controles e indicadores sobre la legalidad e ilegalidad en materia de deforestación y frontera agropecuaria. De hecho, la última década gobiernos como el de Jair Bolsonaro o Evo Morales coincidieron en desarmar la legislación e institucionalidad que protegía bosques y biodiversidad, para imponer normas que apoyan la expansión agropecuaria, propiciando el avasallamiento de tierras forestales o comunales, legalizando la tala ilegal, reduciendo al mínimo sanciones contra este delito, así como contra los incendios forestales de magnitud. Lo que queda claro es que productores locales ganaderos o soyeros, empresas que comercializan estos productos y países consumidores que los importan tienen responsabilidad sobre los impactos que está provocando este modelo de producción en los bosques.

El caso de la Unión Europea (UE) podría sentar un precedente, pues fruto de la presión ciudadana actualmente debate un reglamento contra la importación de productos que deforestan en el lugar de origen, como el ganado bovino, soya, cacao, café, aceite de palma y madera. Uno de los efectos colaterales de la medida de la UE es que influya en el consumo mundial y que paulatinamente se unan otros mercados, pues algunas investigaciones muestran que hay un segmento de la sociedad dispuesto a cambiar su consumo de carne contra los pasivos ambientales de la industria: treinta mil encuestados en treinta países arrojaron como datos que el 78 % de encuestados chinos, 65 % de la UE y 54 % de Estados Unidos apoyarían estas medidas, según el Banco Europeo de Inversiones. Otro estudio del Instituto de Tecnología de Suiza encontró que más del cincuenta por ciento de los ciudadanos en China, Alemania y Estados Unidos respaldarían acciones para reducir su consumo de carne (Fesenfel, 2021).

Está claro que a la larga el giro se debe dar en todos los principales mercados que demandan productos marcados por la deforestación legal e ilegal de los bosques a nivel mundial. Como vimos, las agroexportaciones se concentran cada vez más en mercados asiáticos como el chino, donde actualmente no existen presiones legales a nivel ambiental. Estos mercados no legislados son a los que hay que presionar, para que las materias primas y otras mercancías bajo riesgo de deforestación no encuentren refugio. La no regulación de la deforestación exportada/importada se convierte en un incentivo a la destrucción de bosques, de su biodiversidad y nos hace más vulnerables frente al cambio climático. Este es el dramático caso de casi la totalidad de soya y carne bovina que se producen en países con bosques tropicales.


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