La mitad del mundo en llamas

Desde el pasado 13 de junio, Ecuador vive una nueva crisis política y social con el recrudecimiento de la violencia. Una gran parte del país se encuentra bajo estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso para frenar a las protestas lideradas por indígenas en varias regiones. Primero, fueron las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Pastaza. Luego, se amplió el estado de sitio a Imbabura, Chimborazo y Tungurahua. El decreto señala a estas provincias porque son los lugares donde “se concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas”. Además, porque se estarían poniendo en riesgo la “provisión de servicios públicos y privados y el desarrollo de las actividades económicas”. Para el Distrito Metropolitano de Quito se determinó un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, por 30 días.

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) es la protagonista de las protestas sociales. Su pliego petitorio consiste en el congelamiento del precio de los combustibles, la moratoria de deudas en la banca pública, privada y cooperativa; no amplificar la frontera de extractivismo minero y petrolero, mejorar el empleo y los derechos laborales, precios justos en los productos producidos en el campo, respeto a los 21 derechos colectivos (educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas, entre otros), presupuesto urgente de salud y educación frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado. Todas las demandas son justas para una sociedad golpeada por la crisis económica y social hace varios años, pero como suele ocurrir con los gobiernos de derecha, las respuestas a las protestas sociales fueron el ofrecimiento de medidas inconcretas para iniciar el dialogo y el endurecimiento de la represión mediante el estado de excepción y la militarización de las calles.

 

El gobierno de Lasso hace tiempo ha perdido la iniciativa política. Es más, no ha realizado reformas de ningún tipo en los últimos meses y la gobernabilidad está siendo cuestionada por varios sectores sociales, medios de comunicación y la academia. Asimismo, las dimisiones de varios ministros y ministras en abril pasado resquebrajaron más al gobierno que no logra conectar con los intereses y demandas colectivas. Las pocas medidas asumidas no bastan para detener el enfado social por la crisis, desempleo, altos precios de carburantes y de los alimentos. Por otro lado, la incompetencia en la gestión de la seguridad pública, ha generado un profundo malestar en la población que vive atemorizada por altos niveles de inseguridad en las calles. Además, los repetidos motines y asesinatos de personas privadas de libertad en las cárceles han generado serios cuestionamientos al sistema judicial y penitenciario.

 

El antecedente más cercano a lo que vive el país estos días nos remonta a las movilizaciones de octubre de 2019, que duraron 10 días y que pusieron al gobierno de Lenin Moreno contra las cuerdas. En ese entonces, las calles fueron un campo de batalla; policías y militares reprimieron duramente a indígenas, estudiantes, trabajadores y transportistas que protestaban contra las medidas económicas del gobierno. Un decreto presidencial que anulaba los subsidios a los combustibles fue la chispa que incendió al país. Resulta, pues, muy curioso que un país petrolero como Ecuador sufra de incrementos en precios del combustible. Quizás la explicación estriba en el modelo político y económico que lleva a cabo el gobierno, el cual estaría en contrasentido del interés nacional y de las grandes mayorías sociales.

 

En 2019, el gobierno de Moreno decretó el estado de excepción "con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos”. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador informaba que, desde el inicio de esas protestas, habían fallecido cinco personas y se reportaban más 500 heridos y más de 900 personas fueron detenidas.

 

Hace unos días, las universidades más representativas del país emitieron un comunicado mediante el cual solicitan al gobierno que las funciones ejecutivas y legislativas puedan plantear salidas constitucionales a la crisis política, económica y social y que se desarrolle el diálogo con las nacionalidades indígenas y organizaciones sociales movilizadas.

 

Ayer, nuevamente los manifestantes se enfrentaron con la policía en el centro de Quito. Las protestas sociales a nivel nacional continúan con cierres de vías en la capital y en 10 provincias. El conflicto hasta ahora deja seis civiles muertos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana planteó una tregua con compromisos al gobierno y a la dirigencia de las movilizaciones. El propósito es conseguir la paz en el país, afirman. Pero no habrá paz si hay injusticias sociales, sangre del pueblo derramada y un gobierno incapaz e indolente.