La reforma policial pendiente

La transición democrática (1978-1982) favoreció a la Policía Nacional, hoy Policía Boliviana, en la medida en que esta institución pública armada se convirtió en factor de contrapeso frente a la entonces latente amenaza de golpe militar. Como parte de su institucionalización, el presidente Hernán Siles Suazo (1982-1985) promulgó la Ley Orgánica de la Policía Nacional en 1985 que aún sigue vigente.

En ese contexto histórico, los militares se replegaron discretamente a los cuarteles y la Policía aprovechó una aparente imagen renovada en democracia para posicionarse en la centralidad de la política nacional. La actividad policial básicamente estuvo limitada a dos funciones concretas y constantes: El mantenimiento del orden público y la lucha contra el narcotráfico. Corno producto de esa limitada visión, desde el seno policial se produjo la búsqueda de intereses corporativos. Entre los factores que permitieron esa situación se puede señalar a su organización militarizada, altamente burocrática y proclive a la corrupción, los bajos niveles de profesionalización y sobre todo a la Doctrina de Seguridad Nacional, elaborada en Estados Unidos e impartida al interior de los institutos policiales que generó persecuciones de líderes de partidos políticos de izquierda y de organizaciones sociales que reclamaban por sus derechos.

El monopolio legítimo del uso de la violencia sólo sirvió para resolver objetivos inmediatistas de los gobiernos de la democracia pactada (1985-2005) como garantizar la estabilidad política, la implementación de políticas públicas de corte neoliberal y el sometimiento indecoroso a intereses extranjeros a cambio de ayudas para el desarrollo. Las reformas políticas e institucionales de la década de los noventas no alcanzaron a la Policía ni al campo de la seguridad nacional, por tanto, la institución policial sólo tuvo una adaptación interesada y forzosa en cada gobierno de turno priorizando sus intereses corporativos por encima de las leyes. Así fue transformándose en un instrumento de las élites y se mantuvo alejada de las poblaciones que debía proteger de la delincuencia y la violencia. Por su parte, el gobierno del Proceso de Cambio o Revolución Democrática y Cultural poco logró para reformarla en el marco de la nueva norma constitucional.

Ahora bien, en noviembre de 2021, el ministro de Gobierno, anunció la reforma de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana aprobada en 2011, aduciendo que es “una ley que en muchos casos se ha convertido en un instrumento para criminalizar a buenos efectivos policiales y que no está cumpliendo su objetivo real que es el de sancionar las malas conductas”. Además, agregó que queda pendiente “una ley del plan de carrera de la Policía Boliviana” y para eso invitó públicamente al sector pasivo y activo de la institución a presentar sus propuestas ante el Comando General. Adicionalmente, señaló que se debe realizar una evaluación de la malla curricular al interior de la Academia Nacional de la Policía con el objetivo de mejorar los conocimientos que puedan adquirir los servidores públicos policiales y que se trabaja en una ley de puntaje de la Policía para los procesos de evaluación dentro de la institución del orden.

Los anuncios realizados, si alcanzasen a materializarse, podrían ser considerados como avances significativos dentro del necesario proceso de reforma policial, pero queda aún pendiente una nueva Ley Orgánica de la Policía Boliviana para que esta institución pública se ajuste al contexto actual y se refunde a partir de una visión descolonizadora, despatriarcalizadora y ante todo anti imperial, para que contribuya al desarrollo nacional brindando seguridad a todas las personas y sus bienes y sea verdaderamente parte de la construcción del Vivir Bien acorde a la Constitución Política del Estado.

El proceso de reforma policial no sólo pasará por cambiar normas y diseños institucionales acorde a las demandas sociales sino también por un marcado viraje hacia la prevención antes que la represión. Asimismo, serán necesarios cambios en los sistemas educativos para que tengan como eje el respeto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento de unidades especializadas en la lucha contra el delito, la utilización de indicadores para la medición de delitos, la descentralización territorial y administrativa de varias unidades operativas, contar con el acompañamiento de la academia y la universidad boliviana, el asesoramiento de expertos externos con probada experiencia en procesos de reforma, la evaluación periódica de la función policial por parte del control social y de los medios de comunicación, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras medidas.

No cabe duda que se debe optimizar el servicio policial frente a los nuevos desafíos que propone la criminalidad en todas sus formas. Así también establecer mecanismos que sean útiles para la compilación y análisis de información, gestión, planificación y evaluación para la toma de decisiones racionales y eficientes en el sector de la seguridad pública. Por otro lado, ampliar la prevención y persecución de delitos cometidos en contra de las mujeres y menores de edad debido a la violencia machista y patriarcal. Por último, el proceso de reforma podría incluir un análisis profundo sobre el rol que desempeña la Policía en las políticas de seguridad ciudadana, su relacionamiento con las entidades territoriales autónomas, los presupuestos, la cobertura y protección de las comunidades.

En el marco de la reconstrucción del Estado Plurinacional, a nuestro juicio, resulta imperativo emprender la reforma policial habida cuenta se recuperó la democracia y el gobierno posee la suficiente legitimidad para realizar cambios normativos, institucionales y de regulación en el campo de la seguridad. La Policía que necesitamos debe someterse a la ley y al poder político legalmente constituido por votación popular.

Por el momento, la Policía Boliviana, deberá colaborar en las investigaciones sobre hechos de racismo, amotinamiento y apoyo a fuerzas paramilitares que involucran a varios de sus miembros durante el gobierno de facto que, a la fecha, produjo la baja definitiva de 15 policías. Esperemos que para el 2025, año del Bicentenario de Bolivia, podamos contar con una nueva Policía con un horizonte institucional de acuerdo a los tiempos que corren y que atienda eficientemente la necesidad de seguridad de la población.