El extraño caso de los 800 ítems fantasma y la ex exposa enojada

El caso de los ítems fantasmas de la alcaldía de Santa Cruz cobró notoriedad en las semanas anteriores a fin de año y es seguro que la recuperará en la medida en que las actividades públicas se vayan reanudando.

No es para menos, los datos iniciales nos hablan de cifras simplemente asombrosas; 800 ítems dicen unas versiones, 2.000 otras. Y si multiplicamos ese número por la cantidad de años en que aparentemente el mecanismo de corrupción estuvo vigente (desde 2010 o 2011), la cantidad de dinero defraudado puede contarse en varios, muchos, millones de dólares. Por otra parte, las ramificaciones del tema llegan a otras instituciones (Caja Nacional de Salud, otras alcaldías, etc.), y el acto de corrupción puro y duro, el hacer figurar a personas que no trabajan para embolsillarse el dinero de los sueldos, se mezcla con otros más “naturalizados”, pero que también constituyen hechos de corrupción: asignar ítems para ganar lealtades políticas o institucionales, por ejemplo.

Está claro que “el caso de los ítems fantasmas” ya ha ganado un lugar en la nutrida historia de la corrupción en Bolivia y vale la pena analizar algunas de sus características para entender mejor ese fenómeno masivo y cotidiano que parece imposible de erradicar de la vida institucional del país.

1. Ahora la ex esposa enojada, antes la jueza habladora

De acuerdo al relato de los medios de prensa, uno de los aspectos más importantes, pero menos profundizados del caso, se encuentra en la forma en que salió a la luz pública. Al parecer, ni la Contraloría, ni las unidades de auditoria interna, ni ninguna unidad especializada en la lucha anticorrupción, ni siquiera el Ministerio Público, fueron relevantes. Fue una “ex esposa enojada”, la “ex” de Antonio Parada, la que logró que el escandalo se destape y que los sospechosos empiecen a ser reclamados por la justicia. De alguna manera podría decirse entonces que la rabieta de una mujer herida (y seguramente ofendida por la tacañería de su ex media naranja), fue más efectiva que todo un inmenso aparataje estatal diseñado para frenar la corrupción.

Pero si la memoria no nos engaña, no es el único caso emblemático de la justicia boliviana que se resuelve (o por lo menos se empieza a resolver) de esta manera. En 2014, el medico Jhiery Fernández fue acusado y condenado por asesinar y abusar sexualmente al bebé Alexander. 20 años de prisión, que finalmente fueron anulados merced a que, en una reunión social, la jueza encargada del caso (al parecer “alentada” por algunas bebidas espirituosas), dio datos revelando la forma en que el caso había sido manipulado. El relato de la jueza fue grabado por una de sus ex parejas, salió a la luz pública y finalmente el doctor Fernández pudo salir libre de la cárcel y de las acusaciones. ¿Qué hubiera pasado si es que la jueza no iba a la reunión de marras?, ¿si por x o z motivo no soltaba la lengua, y si su ex pareja no estaba presente y dispuesta a utilizar la grabadora del celular? Pues la vida del doctor Fernández seguiría simple y llanamente destruida.

No es ficción, es la realidad. Si uno sigue la lógica de los casos “800 ítems” y “Bebé Alexander”, da la impresión de que, si es que no ocurren situaciones de telenovela, la justicia simplemente no funciona en Bolivia. Más allá de la ironía, la interrogante es clara y legitima. ¿Cuántos doctores Fernández se estarán pudriendo en las cárceles de Bolivia y cuántos esquemas de corrupción como el de la alcaldía de Santa Cruz seguirán funcionando, simplemente porque el destino no hizo que se cruzaran con esposas enojonas o juezas habladoras?

2. La corrupción naturalizada

La corrupción en Bolivia convive, perfectamente naturalizada, y alimentada por la ineficiencia de diversos segmentos del aparato estatal. Veamos dos ejemplos concretos: la Caja Nacional de Salud y Derechos Reales.

En el primer caso se trata de una situación sui géneris de una institución que recibe mensualmente ingentes cantidades de dinero, que los tiene depositados en cuentas abultadas y que a pesar de ello brinda un servicio deficiente (por decirlo en forma elegante) a sus usuarios. En la CNS se suceden las denuncias de corrupción (algunas últimas, relacionadas por el tema ítems); se suceden las quejas de pacientes mal atendidos, sobre la forma de compra de los medicamentos, etc., etc. Y sin embargo, a nadie se le mueve un pelo por dicho motivo: ningún dirigente, ni legislador, ni autoridad se conmueve, por la extraña situación de que una de las pocas entidades en Bolivia a la que le sobra el dinero, funciona decididamente mal. Con Derechos Reales ocurre algo similar: es una de las entidades encargadas de garantizar el patrimonio de los bolivianos (la forma tradicional de “ahorrar” en Bolivia es mediante la propiedad) y sin embargo tiene un funcionamiento precario, que se presume va de la mano con diversas formas de corrupción.

Volviendo al caso “fantasmas”, uno de los aspectos anecdóticos que saltó a la luz con el escándalo fue el de la ostentación extrema que al parecer el señor Parada realizaba de sus bienes en las redes sociales (colecciones de autos, inmuebles, etc.). A nadie “extrañó”, como seguramente a nadie “extraña” en otras situaciones similares, que un jefe de personal de una alcaldía pudiera tener una capacidad tan grande de acumulación.  Y es que de una manera u otra la corrupción está completamente naturalizada en Bolivia: entidades de control que controlan poco o nada, instituciones en las que el mal manejo es parte de la “naturalidad” cotidiana, empleados estatales que llevan vidas de millonarios, etc.

La corrupción estatal es un hongo gigantesco que se reproduce de diversas formas y en distintos lugares. Como todos los hongos puede combatirse, pero para es ello es imprescindible que la reforma de la justicia deje de ser un término colgado en los discursos de coyuntura y comience a ser parte de un proyecto político de fondo para el país. Mientras tanta, tendremos que seguir rogando para que las ex esposas enojadas y las juezas habladoras sigan apareciendo de cuando en cuando, para reforzar los aparatos de control estatales.