Control de realidad a propuestas electorales: Creemos

Luis Fernando Camacho, candidato por la Alianza Creemos, está tercereo en intención de voto; participó en el encuentro de la FAM-CUB pero no asistió al debate nacional del domingo 4.

La propuesta de Creemos para reactivar la economía consta de 4 puntos: i) generar 300.000 empleos temporales con un fondo de emergencia de 10.000 millones de Bs (3,5% del PIB) para financiar pequeños proyectos de infraestructura; ii) eliminar el IVA y el IT para productos alimenticios y medicinales producidos en el país durante cinco años; iii) crear un seguro de cesantía; y, iv) otorgar a los hogares más necesitados una tarjeta con 500 Bs, válida por 18 meses destinada a la compra de productos nacionales.

El financiamiento de estas medidas estará sustentado en el reordenamiento del gasto público, suprimiendo “lujos y gastos superfluos”. Como medida para apoyar la creación de empleo, promoverá el diálogo tripartito que permita diseñar una nueva Ley General del Trabajo que sea compatible con las realidades del Siglo XXI. En tanto la nueva ley se promulgue, se adoptará nueva normativa para regular el trabajo por horas, el empleo juvenil y el de mujeres. Plantea también formalizar a los 4 millones de informales, para que accedan a los beneficios del empleo formal.

Finalmente, las políticas macroeconómicas revertirán los déficits fiscal y comercial, reduciendo el gasto público y promoviendo las exportaciones a nuevos mercados.

La propuesta de un fondo para empleos temporales, imita las experiencias del FSE, FIS y PLANE. El FSE (Fondo Social de Emergencia) en 1986 fue la respuesta a la “relocalización” de hasta 40 mil mineros por el colapso de la minería. Se perdieron puestos de trabajos manuales, cuya productividad había llegado a ser nula porque la producción no tenía valor. Crear ocupaciones temporales en la construcción de infraestructura fue una solución creativa, pero que no implicaba reconversión laboral alguna.

La receta de hace 35 años no es aplicable; en 2020-21 la realidad es totalmente diferente. El desempleo, efectivamente, podría llegar (y superar) el 10% de la fuerza laboral, afectando a 600.000 personas solo en el empleo formal; pero no solamente de trabajadores manuales, sino de empleados y profesionales cuya productividad supera la media nacional que, en números redondos, son 5 mil dólares/trabajador.año. La de trabajadores, empleados y de profesionales, oscila entre 8.000 y más de 20.000 dólares. Suponiendo 10.000 dólares como promedio, sub-emplear 600.000 personas en ocupaciones de productividad casi nula significaría reducir 6.000 millones de dólares (10.000 x 600.000) al PIB actual de 43.000 millones de dólares, lo que equivale a una caída del 15%.

Es decir, además de la posible caída de 15% del PIB por pérdida de empleos con “productividad positiva”, el plan de empleos temporales significaría invertir otro 3,5% del PIB para crear ocupaciones con “productividad cero”: un impacto negativo total cercano al 20% del PIB.

Aunque potencialmente muy necesario, el seguro de desempleo a corto plazo podría tener un costo anual superior a 2,2 mil millones de dólares asumiendo un salario mínimo (300 dólares) como remuneración mensual para 600.000 personas (de un total de 1,5 millones de empleados formales y 4 millones de informales). La propuesta no menciona cómo se financiaría el seguro.

Finalmente, en este ámbito, la viabilidad de la propuesta de formalizar a 4 millones de empleos informales en 5 años, es altamente cuestionable.

“Formalizar a informales” no es registrarlos con NIT. Fundamentalmente, significa incrementar la productividad de sus empleos de manera que sus ingresos laborales les permitan un nivel decoroso de vida, y tener “los beneficios del empleo formal” (incluyendo recién el NIT). En consecuencia, formalizar 4 millones de informales implicaría crear un millón de empleos por año hasta 2025. Hoy, por el crecimiento vegetativo de la población, cerca de 200 mil personas se incorporan anualmente al mercado laboral; de ellas, solo 30% encuentra empleo formal.

 

*Proyecto de “Diálogo Social y Laboral en época electoral” de la Fundación INASET