¿Cuál será el futuro de la exportación del gas al Brasil?
Luego de más de veinte años de duración el contrato de venta de gas entre YPFB y PETROBRAS denominado GSA por sus siglas en inglés, habría llegado a su “fin” el pasado 31 de diciembre de 2019, (la entrega efectiva de gas por parte de Bolivia se dio a partir del 1 de julio de...
Luego de más de veinte años de duración el contrato de venta de gas entre YPFB y PETROBRAS denominado GSA por sus siglas en inglés, habría llegado a su “fin” el pasado 31 de diciembre de 2019, (la entrega efectiva de gas por parte de Bolivia se dio a partir del 1 de julio de 1999).
Sin embargo tal “fin” en realidad no llegó, porque el 27 de diciembre de 2019, YPFB y PETROBRAS firmaron un acuerdo de “transición” que fenece el 10 de marzo de 2020 próximo (sólo fue suscrito por 70 días adicionales).
¿Por qué fue necesario firmar este acuerdo de transición? ¿Y por qué a partir del 10 de marzo de 2020 el gobierno de “transición” quiere firmar un contrato por tres o cuatro años entre YPFB y PETROBRAS?
Existen varias razones:
La primera es que se le debe a PETROBRAS gas no entregado, pero que ya fue pagado (esto debido a las cláusulas del GSA que incluyen la modalidad “take or pay”); y lo que resta por definir son las condiciones de entrega de los volúmenes ya pagados. Lo que hay acordar es en qué tiempo se pagará esa “deuda”. Mientras más tardemos en devolver nos irá mejor, pero eso no será gratis.
La segunda es que también existiría un volumen de gas que figura en el contrato y que no fue entregado por YPFB y tampoco pagado por PETROBRAS. Ese volumen sería ligeramente mayor a 1 TCF. Ahora ambas partes quieren “completar” el volumen faltante. Ahí viene el costo (…no será gratis): Brasil querrá comprar el volumen restante o tal vez más, a un nuevo precio (por supuesto menor al actual). Bolivia claro está, necesita seguir exportando pero debe por lo menos lograr mantener el precio del contrato original.
¿El acuerdo transicional de 27 de diciembre de 2019, mantuvo la fórmula de precios original del GSA?
Si la respuesta es afirmativa, entonces creó un importante precedente: LA FORMULA DE PRECIOS SE MANTIENE VIGENTE Y ESTÁ ATADA AL PRECIO INTERNACIONAL DE PETROLEO. Por lo tanto el “contrato” a firmarse y que entraría en vigencia el 10 de marzo de 2020, debe mantener vigente la fórmula de precios del contrato original. Planteamos esto solo como un objetivo de mínimo.
Pero Brasil querrá un precio inferior, lo que conllevaría cambiar la fórmula de cálculo de precios que funcionó relativamente bien para ambas partes durante los veinte años de vida del contrato. Si no se le acepta, presionará para que le devolvamos en menor tiempo el gas por el que ya pagó. Ahí tiene una ventaja comparativa.
¿Pero qué sabemos de tan importante negociación para el interés nacional? Casi nada. ¿Nos darán cuenta con lo obrado? Entretanto, la opinión pública está distraída con detenciones, apelaciones, candidaturas, impugnaciones y ahora encuestas. En esta coyuntura de extrema debilidad negociadora por la transición política que atraviesa el país, es pertinente mirar la huella de la defensa de la dignidad nacional y de los recursos naturales que nos dejaron Andrés Soliz Rada y sus predecesores y, al margen de los intereses político partidarios, efectuar esa negociación mirando solo el interés nacional.
Dos recientes editoriales de El País, han hecho hincapié en este importantísimo asunto de interés nacional, en los que se han hecho consultas a las autoridades nacionales:
¿Cuánto se “adeuda” al Brasil por volúmenes de gas “no entregados” y ya “pagados”?
¿Esos montos “percibidos” por YPFB, fueron, a su vez, distribuidos a las regiones por concepto de regalías e IDH?
Como la fecha límite del acuerdo transicional fenece el 10 de marzo próximo, es muy importante que la ciudadanía tenga acceso a la información requerida. La transparencia en las cuentas nacionales en este y otros rubros de la economía es una condición necesaria e imprescindible para cualquier programa de gobierno en los próximos años. Ese es uno de los atributos de una real democracia, una democracia de autoderminacion nacional.
Sobre este asunto ninguno de los frentes políticos o candidatos ha dicho aún esta boca es mía. Sin embargo los resultados de esta negociación son decisivos para las finanzas nacionales, departamentales y municipales. Todos serán inevitablemente afectados por los resultados de esta negociación.
Sin embargo tal “fin” en realidad no llegó, porque el 27 de diciembre de 2019, YPFB y PETROBRAS firmaron un acuerdo de “transición” que fenece el 10 de marzo de 2020 próximo (sólo fue suscrito por 70 días adicionales).
¿Por qué fue necesario firmar este acuerdo de transición? ¿Y por qué a partir del 10 de marzo de 2020 el gobierno de “transición” quiere firmar un contrato por tres o cuatro años entre YPFB y PETROBRAS?
Existen varias razones:
La primera es que se le debe a PETROBRAS gas no entregado, pero que ya fue pagado (esto debido a las cláusulas del GSA que incluyen la modalidad “take or pay”); y lo que resta por definir son las condiciones de entrega de los volúmenes ya pagados. Lo que hay acordar es en qué tiempo se pagará esa “deuda”. Mientras más tardemos en devolver nos irá mejor, pero eso no será gratis.
La segunda es que también existiría un volumen de gas que figura en el contrato y que no fue entregado por YPFB y tampoco pagado por PETROBRAS. Ese volumen sería ligeramente mayor a 1 TCF. Ahora ambas partes quieren “completar” el volumen faltante. Ahí viene el costo (…no será gratis): Brasil querrá comprar el volumen restante o tal vez más, a un nuevo precio (por supuesto menor al actual). Bolivia claro está, necesita seguir exportando pero debe por lo menos lograr mantener el precio del contrato original.
¿El acuerdo transicional de 27 de diciembre de 2019, mantuvo la fórmula de precios original del GSA?
Si la respuesta es afirmativa, entonces creó un importante precedente: LA FORMULA DE PRECIOS SE MANTIENE VIGENTE Y ESTÁ ATADA AL PRECIO INTERNACIONAL DE PETROLEO. Por lo tanto el “contrato” a firmarse y que entraría en vigencia el 10 de marzo de 2020, debe mantener vigente la fórmula de precios del contrato original. Planteamos esto solo como un objetivo de mínimo.
Pero Brasil querrá un precio inferior, lo que conllevaría cambiar la fórmula de cálculo de precios que funcionó relativamente bien para ambas partes durante los veinte años de vida del contrato. Si no se le acepta, presionará para que le devolvamos en menor tiempo el gas por el que ya pagó. Ahí tiene una ventaja comparativa.
¿Pero qué sabemos de tan importante negociación para el interés nacional? Casi nada. ¿Nos darán cuenta con lo obrado? Entretanto, la opinión pública está distraída con detenciones, apelaciones, candidaturas, impugnaciones y ahora encuestas. En esta coyuntura de extrema debilidad negociadora por la transición política que atraviesa el país, es pertinente mirar la huella de la defensa de la dignidad nacional y de los recursos naturales que nos dejaron Andrés Soliz Rada y sus predecesores y, al margen de los intereses político partidarios, efectuar esa negociación mirando solo el interés nacional.
Dos recientes editoriales de El País, han hecho hincapié en este importantísimo asunto de interés nacional, en los que se han hecho consultas a las autoridades nacionales:
¿Cuánto se “adeuda” al Brasil por volúmenes de gas “no entregados” y ya “pagados”?
¿Esos montos “percibidos” por YPFB, fueron, a su vez, distribuidos a las regiones por concepto de regalías e IDH?
Como la fecha límite del acuerdo transicional fenece el 10 de marzo próximo, es muy importante que la ciudadanía tenga acceso a la información requerida. La transparencia en las cuentas nacionales en este y otros rubros de la economía es una condición necesaria e imprescindible para cualquier programa de gobierno en los próximos años. Ese es uno de los atributos de una real democracia, una democracia de autoderminacion nacional.
Sobre este asunto ninguno de los frentes políticos o candidatos ha dicho aún esta boca es mía. Sin embargo los resultados de esta negociación son decisivos para las finanzas nacionales, departamentales y municipales. Todos serán inevitablemente afectados por los resultados de esta negociación.
