Tumpa Pire: ¡Cataluña!

Al referéndum, considerado ilegal por el gobierno español, la Generalitat le atribuye una participación del 42%, con un 90% de catalanes que votaron a favor de la independencia y separación definitiva de España y se apresta a declarar la independencia del país en las próximas horas. Desde el gobierno central, suman las voces para la aplicación del articulo 155 de la Constitución española y disolver el gobierno regional para convocar a elecciones.Este proceso debe ser seguido con particular interés por los tarijeños, territorio en el cual se agitaron y se agitan corrientes centrífugas innegables. Ya alguna vez, un conocido parlamentario, en relación a la consigna separatista que crecía en nuestra provincia petrolera, habría manifestado: “… el Chaco será Departamento, cuando Tarija sea República Independiente”!!Tarija fue pionera de la lucha legítima por la descentralización y la autonomía. Entre nuestros asesores brilló siempre el catalán Joan Prats, para quien sólo el centralismo extremo convierte a un autonomista en un separatista. El Estatuto de Autonomía de Tarija, que también aprobamos en un tenso referéndum el 2008, incorporó principios y elementos de la autonomía española y ayudó a construir los consensos congresales necesarios para la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, la misma que establece la construcción del estado plurinacional y autonómico que esforzadamente impulsa hoy el pueblo boliviano.Un componente determinante, que posibilitó la salida constitucional, es la aceptación del principio de unidad nacional. En el caso boliviano se añade la restricción a que autonomías regionales se puedan formar abarcando el territorio de más de un departamento, de manera que se garantiza igualmente la unidad de los departamentos contra algunas afiebradas y peligrosas tendencias separatistas departamentales.De manera que el referéndum independentista catalán es, indudablemente, inconstitucional. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre las razones de fondo que generan estas corrientes separatistas. Es innegable que Cataluña, al igual que California en los EEU, por ejemplo, es “per se” una potencia económica. En reconocimiento de esa condición, al igual que su par norteamericano, la autonomía española reclama hace mas de siete años competencias específicas adicionales que deberían ser transferidas por el nivel central de gobierno. La negativa sistemática a este pedido y el endurecimiento de las relaciones con el gobierno central han generado un descontento generalizado que elevó de un 20% a un 50% el porcentaje de ciudadanos que exigen la separación de España y, con su acción política, son hoy capaces de afectar la propia gobernabilidad del sistema. Prats consideraba fundamental la cualidad conjunta de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de los que forma parte: “No toda estructura de gobernanza es capaz de producir gobernabilidad. Tampoco toda gobernabilidad garantiza el desarrollo. El análisis de la gobernabilidad de un sistema implica el de su gobernanza, es decir, el descubrimiento del mapa de actores, sus expectativas, sus conflictos y las estructuras y procesos de su interacción. Ese análisis nos descubre los equilibrios de poder y distributivos subyacentes a las estructuras y procesos de gobernanza, así como los conflictos actuales y potenciales entre los actores estratégicos, incluidos los emergentes”.Estos actores emergentes, fogoneados por el centralismo que limita la disponibilidad del excedente económico generado en su territorio a favor de mecanismos que reducen las desigualdades nacionales, rápidamente se mueven al terreno separatista. En el caso catalán, se podría decir también que estamos hablando del territorio de mayores ingresos per cápita de España y del mayor nivel de vida, además de un régimen envidiable de autogobierno, sin embargo la situación política y el desafío catalán a la unidad de España debería ser encarada, citando por ultima vez al Profe Prats, “…con nuevas exigencias para las autoridades públicas en relación con el fomento de la organización, información y participación de aquellos intereses difusos que soportan los mayores costes. Se abre así todo un campo de actuación gubernamental a favor del fortalecimiento de las organizaciones autónomas de la sociedad civil para su inclusión en las estructuras de gobernanza, lo que incluye y supera a la vez el planteamiento tradicional de la participación ciudadana.”.El camino de la represión y de la aplicación torpe del Art 155, sólo llevará a un punto de no retorno el proceso de división de España!