Cómo contratar a un político

Parece una cuestión de Perogrullo, pero no lo es. Con demasiada frecuencia nos topamos en las instituciones públicas a ingenieros ejerciendo de abogados y viceversa, además de todo tipo de asesores. Sucede en la Gobernación, en el Gobierno Municipal y sucede también en otras instituciones del Estado. La institucionalización de cargos fue una promesa electoral tanto del equipo de Adrián Oliva como del de Rodrigo Paz además del de todos los partidos que compitieron por los cargos. Siempre luce en un programa decir que se van a contratar a los profesionales mejor cualificados para ejercer las tareas más especializadas en la gestión de gobierno. Siempre queda bien asegurar que se huirá de los dedazos y de las roscas familiares y se contratará atendiendo a criterios de selección pública, objetiva y transparente.Después llegó la crisis y la necesaria austeridad. Con la caída de ingresos en las instituciones por los precios mínimos del barril de petróleo, el ajuste del cinturón se hizo imprescindible. Si en el pasado la contratación extensiva fue una buena idea para generar lealtades y elevar ejecuciones presupuestarias, en el presente se convirtió en un problema. La mayoría de las instituciones tuvieron que acomodar personal entre tanta inamovilidad y, ante el temor a los decretos del presidente Evo Morales y su equipo económico, encabezado por Luis Arce Catacora, precarizar aún más a todo el sector público.La contratación directa de las instituciones todavía sigue siendo significativa, pues nadie está dispuesto a renunciar a su 15 por ciento de gastos, pero las modalidades de contratación son peores. Los ítems son ciencia ficción, condiciones que se conseguían hace años pero que ya no existen. Los menos logran ahora un contrato, que por aquellos misterios de la vida y de quien hace las leyes para sí mismos, son contratos que permiten condiciones negadas a la empresa privada. Contratos que se extinguen cada tiempo determinado y que a la Central Obrera Boliviana no parecen importarle en absoluto, quizá porque participan del mismo proceso.La mayoría de los trabajadores del sector público hoy por hoy lo hacen con un contrato de consultoría, a todas luces irregular, puesto que suelen utilizarse para cubrir servicios permanentes y no puntuales, como se hacen ver. Contratos con los que se ahorran el seguro de salud y los aportes a las AFP y que, de igual manera, son perseguidos en las empresas privadas.Con esos mimbres, las instituciones parecen haber optado por hacer gestión con un reducido grupo de leales y un extenso número de profesionales bajo evaluación permanente. El debate sobre si estas fórmulas favorecen o no la eficiencia y la competitividad, la vinculación e identificación con la causas y particularmente, si de esa forma se presta el servicio que necesitan los ciudadanos está abierto; lo que está claro es que hay unas reglas diferentes para el sector público respecto al sector privado y que la supervisión del cumplimiento de las mismas es radicalmente distinto.En cualquier caso, lo recomendable sería que se contratara bien y sobre todo, a las personas con las capacidades y competencias suficientes para ejercer las responsabilidades asignadas con la excelencia debida. Otra discusión es que los políticos que desempeñan determinadas responsabilidades públicas tengan además una formación correspondiente sobre el área. Se puede hablar de que un ingeniero petrolero gestionando hidrocarburos, aunque el Ministro no lo sea; un geólogo gestionando Ordenamiento Territorial, aunque el director del INRA sea abogado, o un militar Ministro de Defensa. Lo cierto es que el político tampoco estudia Ciencias Políticas. Hay que delimitar muy claramente que cargos son políticos y cuáles no, para los que convendría convocar un concurso. Es recomendable que quien ejerza políticamente un área la conozca al menos técnicamente, sin necesidad de ser el primero de la promoción. Pero lo que es imprescindible es que cualquier responsabilidad política se ejerza con honestidad. Eso es irremplazable.

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