YPFB, recuperémosla de sus costos

Nos referimos a los contratos firmados en octubre de 2006 entre YPFB y las transnacionales, con los que, en los hechos, se desvirtuó el proceso nacionalizador.Resulta un ridículo. Mientras a la población boliviana le cargan los efectos de “no consensuadas” subidas a los precios de la...

Evo Morales saluda a Antonio Brufau, representante de la transnacional Repsol, implicada en fraudes antes de la nacionalización. El ministro Sánchez atrás, el testigo
Evo Morales saluda a Antonio Brufau, representante de la transnacional Repsol, implicada en fraudes antes de la nacionalización. El ministro Sánchez atrás, el testigo

Nos referimos a los contratos firmados en octubre de 2006 entre YPFB y las transnacionales, con los que, en los hechos, se desvirtuó el proceso nacionalizador.Resulta un ridículo. Mientras a la población boliviana le cargan los efectos de “no consensuadas” subidas a los precios de la energía eléctrica o a las empresas nacionales las sorprenden con tarifazos energéticos “no consensuados”, cargas sociales, presión tributaria que linda con prácticas extorsivas y un largo etcétera (es la política de neutralizar primero y diluir después al sector productivo privado boliviano), nuestras autoridades deciden “consensuar”, algo así como “pedir permiso” a esas transnacionales, sobre cómo, cuánto y por qué reconocerles por supuestas inversiones que hacen en el marco de esos contratos petroleros.Y se plantea el hecho tras conocerse que la estatal YPFB reportó utilidades el año 2016 de 36 millones de dólares. El año 2014 logró 972 millones de dólares. Una caída en picada si consideramos, además, que no ha logrado certificar reservas probadas adicionales a las descubiertas por YPFB estatal entre 1990 y 1991 (los megacampos Sábalo y San Alberto).¿Quién se lleva la parte del león? ¿Cómo lo hace sin que nadie sepa qué está pasando?Podemos sospechar, pero no probar. Pero la respuesta está, claramente, en la composición de los costos recuperables incurridos y reconocidos por personeros de YPFB desde 2007 a la fecha, a favor de las transnacionales del petróleo que continúan operando en nuestro país.¿Y se pueden conocer esos datos documentadamente, con el detalle necesario para una eficaz y esclarecedora fiscalización y control social? Pues no.Los costos recuperables, lo advertimos varias veces en anteriores ocasiones, son el secreto mejor guardado del gobierno de Evo Morales, como lo fueron los Anexo D de los anteriores contratos petroleros con los que las mismas empresas actuales operaban en el país durante los gobiernos neoliberales anteriores.Una ley, denominada Ley de Desarrollo Sostenible del sector hidrocarburífero, promulgada el 2007, obliga a YPFB a publicar semestralmente y con detalle, la composición de los costos recuperables incurridos por las transnacionales y otros contenidos importantes, como los porcentajes de participación y utilidades. YPFB no los publica, y aquí no pasa nada. Nadie está procesado por la omisión a un mandato de ley.

Éste el texto del artículo 6 de la Ley de Desarrollo Sostenible del sector hidrocarburífero de Bolivia. Desde su promulgación el año 2007 hasta la fecha, no se cumplió. La oscuridad reina en las cifras multimillonarias de YPFB y los también multimillonarios anuncios gubernamentales de inversiones.

Es obligación de todos los bolivianos defender YPFB. Defenderla incluso del abuso, la omisión o la acción de sus administradores y de los gobernantes que la dañan, perjudican e inviabilizan.El sólo hecho de que sistemáticamente se haya incumplido una ley que ordena publicar la información de los costos recuperables, sin que hayan consecuencias por ello, hace temer que, bajo ese manto oscuro, nos enteremos un poco más allá, otra fuente de frustración.Bien hará el responsable de la unidad de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, por la salud del mismo gobierno al que pertenece y por la salud de YPFB y del país en su conjunto, actuar con decisión y valor para que esa información sea pública y sometida a fiscalización social y legal.

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Si la propia institucionalidad estatal no funciona para estos casos, como no funcionó para la crisis reciente de Achacachi, la protesta social se volcará otra vez contra quienes prohíjan esa estrepitosa caída de YPFB, revelada en sus ridículas utilidades de la gestión pasada y que amenazan repetirse en la que está en curso.El maltrato contra el sector productivo boliviano y, simultáneamente, la genuflexión (¿y complicidad?) con las transnacionales, es inadmisible, como inadmisible continuar con la vigencia de “incentivos” a favor de estas últimas financiados con recursos departamentales y municipales y sin que se rindan cuentas de su destino y resultados.Las refundación de YPFB para convertirla en una corporación moderna, transparente y con control social que actúe en toda la cadena hidrocarburífera, sigue siendo la tarea vital más importante para los bolivianos.Debemos partir por la toma de conciencia de la situación que atraviesa y liberarla de sus costos irrecuperables e innecesarios, haciendo prevalecer la dignidad nacional.

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