La trampa del diésel: no es solo el precio, sino la fórmula de cálculo

El incremento del precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro no es, para el experto en hidrocarburos Jaime Balanza, el único aspecto que genera preocupación. El principal cuestionamiento está dirigido a la fórmula establecida por el Decreto Supremo N.º 5716 para determinar el precio del combustible y a la posibilidad de que este mecanismo genere reajustes posteriores.

Balanza explica que la norma vincula el precio del diésel boliviano con la cotización internacional del ULSD Colonial 62, un combustible estadounidense de ultra bajo contenido de azufre, además de incorporar variables como el tipo de cambio, los costos de transporte y almacenamiento, los gastos financieros, los tributos, los premios exigidos por proveedores y otros componentes logísticos.

Desde su perspectiva, la incorporación del tipo de cambio constituye uno de los principales riesgos del mecanismo. Sostiene que la necesidad de disponer de dólares para importar cada nuevo lote de combustible puede incrementar la demanda de divisas y generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

El experto plantea que ese proceso podría generar un efecto sucesivo sobre la economía: una mayor demanda de dólares presionaría al alza el tipo de cambio, la depreciación del boliviano encarecería la importación de combustibles y otros productos, y ese incremento terminaría trasladándose al transporte y, posteriormente, a los precios de bienes de consumo.

En ese escenario, Balanza advierte que incluso una eventual disminución de las cotizaciones internacionales del petróleo o del diésel no necesariamente se traduciría de manera automática en una reducción del precio interno. Según su análisis, una caída internacional podría verse compensada por una depreciación del boliviano o por el incremento de otros componentes incluidos en la fórmula.

Otro de los aspectos que cuestiona es el mecanismo de reajuste previsto en la norma. Señala que el precio puede modificarse cuando la variación acumulada de los componentes establecidos alcance el 5%, tanto al alza como a la baja. Para Balanza, esto supone que el precio podría experimentar nuevos ajustes conforme cambien las variables consideradas, sin que cada modificación requiera una nueva discusión general sobre la estructura del precio.

El experto también expresa preocupación por los costos que podrían incorporarse al cálculo final. En su interpretación, si existen sobreprecios, contrataciones poco eficientes o mayores costos en la cadena de adquisición y distribución, estos podrían terminar reflejándose en el precio que paga el consumidor.

Balanza cuestiona además que Bolivia continúe adquiriendo combustibles de las empresas Vitol y Trafigura, a las que vincula con cuestionamientos surgidos en torno a la calidad y las condiciones de determinadas operaciones de importación. En este punto, plantea la necesidad de esclarecer los contratos, las especificaciones del combustible adquirido y las responsabilidades que correspondan.

El especialista considera particularmente relevante la diferencia entre las características del combustible utilizado como referencia para la fórmula y las condiciones del diésel que finalmente ingresa al mercado boliviano. Por ello, sostiene que debe existir correspondencia entre la calidad del producto tomado como referencia y el combustible efectivamente adquirido por el país.

El impacto, según Balanza, no se limitaría al precio que los consumidores pagan directamente por el diésel. Al tratarse de un combustible utilizado por distintos sectores productivos y por el transporte de carga y pasajeros, un incremento en su costo puede generar presiones sobre otros precios de la economía.

Bajo este argumento, el experto señala que el encarecimiento del transporte puede trasladarse progresivamente a productos de consumo masivo y afectar el poder adquisitivo de los hogares.

Por ello, Balanza plantea la abrogación del Decreto Supremo N.º 5716 y cuestiona específicamente el mecanismo de indexación incorporado en la determinación del precio.

Su principal advertencia apunta a que el debate no debería concentrarse únicamente en los Bs 17,95 establecidos actualmente para el litro de diésel, sino también en cómo se determinará su precio en adelante y qué efectos podrían generar las variables incorporadas en la fórmula.