Una carretera esencial

En cualquier caso, la decisión del presidente Evo Morales en 2013, cuando se ordenó licitar el tramo, fue una decisión valiente además de políticamente acertada. El Gobierno asumía su competencia en las carreteras fundamentales y dejaba en un impase, con visos de definitivos, la construcción de la variante por Saladillo. Un proyecto que ha dejado tirados en medio del monte unos 20 millones de dólares sin, de momento, responsables. Morales asumía el proyecto más largamente anhelado por los tarijeños y cuya negligente administración ha abierto brecha en el departamento.Tomada la decisión, corrió un año hasta la firma del contrato en la que se tomaron decisiones controvertidas para los intereses nacionales. La carretera pasó a formar parte de los proyectos financiados con la emisión de bonos soberanos, al 6 por ciento de interés, y fue adjudicada a un consorcio netamente extranjero puesto que el Gobierno socialista no ha modificado la normativa para garantizar la presencia boliviana en las obras fundamentales.El contrato se firmó el 11 de abril de 2014 por 560.121.081,01 bolivianos para construir hasta febrero de 2018 los 65,67 kilómetros de la ruta fundamental bajo la modalidad llave en mano, es decir, con un inicio y final marcados, con unas dimensiones de vía y ancho de capas también, una pendiente máxima del 7 por ciento y un radio de curvas de no menos de 80 metros garantizando la velocidad de 80 kilómetros por hora. No es una autopista, pero mejora con mucho lo presente.Desde el día en que se hizo público el monto de ejecución, los ingenieros a lo largo y ancho del departamento murmuraban y aseguraban que era imposible construir una carretera de alta montaña por menos de millón y medio de dólares por kilómetro. Los que defendían la adjudicación señalaban que era estrategia de la empresa española, que había tirado precios para abrir mercado en Sudamérica en tiempos de crisis europea y que absorbería pérdidas.A finales de 2015 ABC, Ceinsa y la empresa de Control y Monitoreo intercambiaban duras cartas y se preveía una salida poco ortodoxa que le hubiera ahorrado dinero a la empresa. Finalmente los administradores del Estado hicieron concesiones y modificaciones, como la de asumir el costo de remoción de hitos como el gasoducto Villa Montes – Tarija o las líneas de alta tensión sobre la que hasta el momento nadie ha abierto acciones legales.Cuando en El País hemos transitado la carretera en construcción, hemos evidenciado a simple vista pendientes superiores al 7 por ciento y radios de curvatura muy inferiores a los 80 metros de radio prescritos en el Documento Base de Contratación.En la visita organizada ayer por la Brigada Parlamentaria y la Administradora Boliviana de Carreteras se ratificaron los plazos y se reconocieron modificaciones “sin relevancia en el conjunto del proyecto”. Sin embargo y pese a la insistencia, no detallaron en qué consisten esas modificaciones.La carretera Tarija – Villa Montes prevé conectar valle y Chaco, pero también el polo industrial con mayor potencial del país con la capital que aspira a ser referente de servicios. En Tarija se habla incluso de parques industriales, plataformas logísticas y otros proyectos que tienen que ver con el tránsito de mercancías. Resulta entonces esencial, una vez aceptada la construcción de una carretera de alta montaña, que la misma se ajuste a las condiciones técnicas contratadas. Cualquier modificación que afecte al tránsito pesado tendrá un costo incalculable en el tiempo para el departamento.

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