¿“Estafa empresarial extranjera”?

Aguilar se refiere a la crisis de credibilidad en las contrataciones del Estado visibilizada por la huida de la empresa española Corsan Corviam, a la que el Estado boliviano le entregó al menos dos contratos estratégicos: la construcción de la hidroeléctrica de Miguillas y la construcción del tramo carretero San Buenaventura – Ixiamas - Quiquibey, de 113.5 kilómetros de extensión. La suma de ambos contratos llega a más de $us. 500 millones. El senador Aguilar dijo más: “debemos lamentar, tenemos muchas denuncias de empresarios subcontratistas bolivianos, trabajadores y obreros. Yo denominaría la estafa empresarial extranjera a compatriotas bolivianos”. Citó, acto seguido, varios ejemplos de otros contratos millonarios a favor de empresas chinas, ecuatorianas, brasileñas, españolas, colombianas y de otras latitudes, las que, tras firmar contratos con el Estado, subcontratan las obras a empresarios bolivianos, incurriendo en ilegalidades.Finalmente, adelantó que cree “las investigaciones van a salpicar a algunos representantes de las instituciones que no están haciendo cumplir las leyes”. ¿Qué leyes? Aquí está la cuestión.En este ámbito se produce lo mismo que en el del rol de prestamista que juega Bolivia a favor de países y bancos del exterior, a potencias industriales y tecnológicas como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia. Las autoridades del Banco Central de Bolivia cumplen escrupulosamente la Ley del Banco Central de Bolivia y exportan sin pausa nuestras reservas de divisas a esos países. La Ley que cumplen es la promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada el año 1993, ni más y tampoco menos.En lo relativo a la contratación de bienes y servicios, la norma que cumplen las entidades del Estado, tanto de la administración central como gobernaciones y municipios, es la denominada Norma Básica de Administración de Bienes y Servicios o, más fácil, norma de contratación de empresas. Una comparación entre la versión actual, aprobada por el gabinete del presidente Evo Morales (Decreto Supremo No. 181), con la vigente desde las épocas de Victor Paz Estenssoro (Resolución Suprema 216145), Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer, etc., nos permite concluir no sólo que es básicamente lo mismo, sino peor.

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Y ese peor sirve para apartar definitivamente a empresas y empresarios bolivianos como contratistas del Estado, beneficiando a empresas extranjeras. Los bolivianos, como advierte el senador del MAS, Omar Aguilar, deberán contentarse con ser subcontratistas de las extranjeras (¡y en su propio país!). Eso es precisamente lo que esas normas, redactadas en bufetes extranjeros, buscan.

Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido estos últimos tres o cuatro años, cuando, simultáneamente, la inversión pública estatal se multiplicó.Y eso es, precisamente también, lo que el ministro Luis Arce Catacora dijo a El País, en entrevista concedida el pasado año, cuando se le preguntó las razones de mantener la norma de contrataciones como en las épocas neoliberales, incluyendo el régimen de garantías impuesto (garantizar el 30% del contrato o más). Para Arce, los empresarios bolivianos deben dedicarse a fabricar barritas de alimentos en base a quínua. En las obras públicas estarían bien de subcontratistas.La “estafa empresarial extranjera” que denuncia Aguilar se ha prohijado desde esa normativa estatal boliviana. Más de seis mil millones de dólares entregados a empresas extranjeras en los últimos tres años es inadmisible (no se conocen datos de YPFB, cuyas contrataciones multimillonarias benefician a extranjeras en su mayor parte). La huida de Corsán Corviam o el repliegue estratégico de Jindall Steel del Mutún hace cinco años, son sólo consecuencias de, en los hechos, una estafa al pueblo boliviano y a su propia base empresarial productiva construida desde la norma legal aprobada por los gobernantes. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Tarija, hizo llegar el pasado año 2015 al ministro Arce Catacora y al ministro René Orellana (Planificación), una propuesta concreta, escrita, sustentada, para cambiar las normas básicas de contrataciones y convertirla en un instrumento del desarrollo empresarial productivo boliviano. No mereció ni una carta de agradecimiento.Es preciso un cambio de rumbo urgente a las políticas de Estado relacionadas al ahorro interno y a la contratación de obras públicas. Sus efectos en la economía nacional serían inmediatos. Sólo será posible, sin embargo, si se deja de mirar al empresariado (público o privado), como enemigos capaces de clavar un cuchillo por la espalda a los actuales gobernantes, como lo expresó el vicepresidente García Linera hace un año en Argentina. Entre tanto, las denuncias del senador Aguilar caerán, con mucha probabilidad, en saco roto.

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