¿Empresas versus gobernantes?

Recordemos previamente al vice García y sus palabras del pasado mayo de 2016 en Buenos Aires, Argentina:  “...a los sectores empresariales los podemos neutralizar... Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando vean que lo popular es fuerte y movilizado. En cuanto vean que lo popular es débil, o cuando vean que hay debilidad, los sectores empresariales no van a dudar un solo instante para levantar la mano y clavar un puñal a los gobiernos progresistas y revolucionarios...”. Luego advirtió con "disolver" su poder entre los trabajadores.Bajo el control de García Linera está, por ejemplo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad que contrata empresas privadas para construcción y mantenimiento de carreteras. En los últimos años, ABC ejecutó y se cobró centenas de millones de dólares de empresarios bolivianos, a los que resolvió contratos de obra por dudosos incumplimientos. A la par, contrató al menos tres mil millones de dólares a favor de empresas extranjeras, desplazando a las bolivianas patrimonialmente debilitadas. ABC es sólo un ejemplo. Están el Servicio de Impuestos, Gobernaciones y entidades bajo control de ese grupo de funcionarios en franco acoso al sector empresarial.

Está también la política de pago del doble aguinaldo, que derivó en masivo cierre de empresas y pérdida de fuentes de empleo. ¿Es parte de la política de "neutralización" revelada por García Linera?Vale también recordar al ministro Arce Catacora en entrevista con El País el pasado año. Para Arce los empresarios bolivianos deben aspirar a fabricar barritas de cereales de quinua y, si quieren más, deben contentarse con ser subcontratistas de las empresas extranjeras que el mismo Estado boliviano contrata para obras y servicios.En los últimos tres años, el Estado boliviano contrató más de 7.000 millones de dólares a empresas extranjeras, tanto para construcción de obras civiles, como para el sector industrial e industrialización, sin contar con las contrataciones de YPFB y ENDE. En ese mismo período, las más relevantes empresas privadas bolivianas prestadoras de servicios y construcción, entraron en quiebra o sobreviven apenas.El Servicio de Impuestos boliviano ha desplegado, en paralelo, una persecución al reducido sector formal de la economía (empresas privadas bolivianas), a las que virtualmente ahoga con órdenes de fiscalización que, de hecho, obligan a distraer tiempo y recursos para responderlas, que no, luego, a enfrentar cargos abusivos, ilegales e inconstitucionales en la mayor parte de los casos. Una verdadera política de debilitamiento (¿neutralización en palabras de García Linera?) del sector productivo nacional, que ya sufrió los rigores del neoliberalismo de los antecesores al actual régimen.En este contexto actualizado, volvemos con la pregunta inicial: ¿De qué hablaban los empresarios privados y los actuales gobernantes bolivianos?La versión oficial de la agencia de noticias estatal ABI, es que prevén “instalar las seis mesas de trabajo para fortalecer y mantener el crecimiento económico del país” y que, según Nostas, fue “constructiva y fructífera”.Ya el pasado año el Gobierno y los empresarios instalaron el diálogo en seis mesas de trabajo: de inversión extranjera directa e incentivos; de mercados; de inversión privada nacional e incentivos; de tramitología, de productividad y de turismo, según ABI.La agenda excluye, por lo que se ve, los temas centrales de interés estatal y empresarial: el potenciamiento del mercado interno vía inversión del ahorro nacional dentro del país; la definición de la vocación empresarial boliviana, pública y privada (¿en qué áreas nos conviene industrializarnos, generar conocimiento, aprehender y desarrollar tecnología?); la “renacionalización” de los contratos de obras y servicios, con preferencias efectivas y evidentes para el sector productivo nacional; la normativa estatal de compras (la actual sigue siendo la inspirada en gobiernos neoliberales, bajo la égida del Banco Mundial y BID, propulsores de las privatizaciones a favor de extranjeros); la eficaz lucha contra la corrupción, mal que deglutió casi todos los rincones del aparato estatal, poniendo en duda a los más altos mandos incluso, pero que debilita también patrimonialmente a las empresas públicas y privadas, afectando cualquier posibilidad de éxito en políticas de mejora de productividad; los índices y mecanismos de medición del crecimiento nacional (el PIB, está probado, es el más engañoso de ellos, pero el más utilizado por Arce Catacora).Pero también deberán incluir como primer punto la definición de la buena fe de ese diálogo: ¿Diálogo entre enemigos de quienes hay que cuidarse de una puñalada por la espalda y al que hay que neutralizar y perpetuarlos como subcontratistas (de Samsung, por ejemplo)?Como colofón, en una entrevista con un diario cruceño publicado el domingo pasado, el también cruceño Ronald Nostas, empresario del sector farmacéutico, recordó algo angustiante para los bolivianos: “Pese a los altos niveles de crecimiento, estos últimos años no fueron del todo beneficiosos para el sector productivo nacional, debido a que una parte creciente del gasto público y privado drenó hacia los productos importados. Las importaciones subieron de $us 2.500 a $us 10.000 millones y a eso cabe sumar el contrabando, que registra cifras elevadas. Una de las consecuencias es que el aparato productivo nacional no se diversificó como todos hubiéramos querido”. Y eso ocurre luego de once años de gobierno del presidente Morales.Si en la mesa de diálogo los empresarios bolivianos pretenden incentivar la “inversión extranjera directa” como parte de la panacea, el rumbo parece estar equivocado.¿No le recuerda, amable lector, a las mejores épocas del neoliberalismo privatizador, que extenuó al Estado boliviano y a las empresas bolivianas, mientras el PIB crecía y crecía?

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