Espinoza defiende la Ley de Inversiones, cuyo tenor aun se desconoce

El Gobierno presentó este martes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional su proyecto de Ley de Inversiones, una norma de 103 artículos con la que pretende modificar las reglas para atraer capital nacional y extranjero y, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, iniciar el tratamiento de varias reformas estructurales.

La propuesta llega con una promesa ambiciosa: dejar atrás un modelo que, en palabras del ministro, durante las últimas dos décadas concentró la atención en hidrocarburos y minería y estuvo marcado por nacionalizaciones y estatizaciones, para abrir paso a inversiones en sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas.

Sin embargo, el desafío no parece estar solamente en aprobar una nueva ley. Bolivia ya cuenta con un amplio entramado normativo para regular la inversión y el problema central ha sido, en buena medida, la falta de estabilidad, institucionalidad y confianza. La verdadera prueba será determinar si la nueva norma consigue convertir esos principios en reglas previsibles y aplicables.

Espinoza explicó que el proyecto nació de un borrador de apenas 20 artículos y terminó ampliándose a 103 después de un proceso de socialización con organismos gremiales y sectoriales. La versión final se estructura sobre tres pilares: ordenar el sistema de inversiones, establecer incentivos y mecanismos de regulación que otorguen previsibilidad y limitar la discrecionalidad política.

Uno de los cambios planteados es la creación de una Agencia Nacional de Inversiones, que deberá coordinar las políticas de promoción, regulación y atracción de capitales entre el Gobierno central y las entidades subnacionales. El objetivo es poner orden en un sistema que históricamente ha funcionado con competencias dispersas.

La norma también contempla una evaluación permanente de los incentivos y cargas aplicados a los inversionistas. El planteamiento puede contribuir a evitar que las reglas cambien arbitrariamente, aunque queda por verse quién evaluará esos beneficios, con qué criterios y bajo qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Otro de los puntos sensibles es el tratamiento de las nacionalizaciones y estatizaciones. El ministro cuestionó que durante los últimos 20 años autoridades del Ejecutivo hayan podido tomar decisiones de ese tipo sin asumir, según su interpretación, costos suficientes por la afectación de derechos de propiedad.

El proyecto pretende que, hacia adelante, una decisión de esa naturaleza no pueda ser adoptada unilateralmente por el Ejecutivo y deba pasar por la Asamblea Legislativa, incluyendo el reconocimiento del valor patrimonial de los bienes afectados.

La propuesta supone un giro importante respecto a la relación entre Estado e inversión privada. Pero también abre una discusión política y jurídica: trasladar decisiones al Legislativo no elimina necesariamente la discrecionalidad; puede simplemente cambiar el escenario en el que esta se ejerce. La seguridad jurídica dependerá, en última instancia, de la fortaleza de las instituciones y no solamente de los procedimientos establecidos en una ley.

El Gobierno apuesta además por diversificar la matriz de inversión. Aunque reconoce que Bolivia todavía necesita capital para exploración hidrocarburífera y el sector energético, Espinoza sostiene que la estrategia debe mirar a las próximas dos o tres décadas y aprovechar oportunidades en energías renovables, hidrógeno, energía solar, tecnología e innovación.

El planteamiento resulta particularmente relevante para un país que enfrenta el agotamiento de su ciclo gasífero y necesita encontrar nuevas fuentes de crecimiento, pero atraer inversiones hacia sectores sofisticados requiere algo más que incentivos: infraestructura, energía confiable, capital humano, seguridad jurídica, mercados y una burocracia capaz de responder con eficiencia.

El Gobierno asegura finalmente haber iniciado una campaña internacional para posicionar a Bolivia como destino de inversiones y sostiene que existe interés por traer capitales al país. La competencia, sin embargo, es regional y global. Los inversionistas no compararán solamente los incentivos bolivianos, sino también la estabilidad política, la calidad institucional, la infraestructura y las condiciones de negocios que ofrecen otros países.