Comercio marítimo

La Reunión de Alto Nivel sobre Transporte Sostenible de Países en Desarrollo sin Litoral –que se inauguró el jueves pasado y se clausuró el viernes en Santa Cruz–, contó con la presencia de representantes de 32 países en vías de desarrollo privados de litoral.Además, del encuentro participaron el vicepresidente del Perú, Martín Vizcarra, y el enviado especial de Chile, Alfonso Silva, delegados de dos países de tránsito de los productos bolivianos hacia los puertos del océano Pacífico.Después de dos días de deliberaciones, la reunión internacional exhortó a los países de tránsito de sus mercaderías que garanticen sin restricciones, de manera eficiente y con costos accesibles, el acceso irrestricto al mar y alta mar por sus territorios.“Hacemos hincapié en la importancia de los corredores internacionales de comercio y transporte, incluidos los corredores bioceánicos, en la integración regional para promocionar acceso desde el mar y hacia el mar en forma irrestricta, eficiente y costo-efectiva por carreteras, puertos, aeropuertos, ferrovías y vías navegables, sobre la base de la libertad de tránsito”, sostiene parte de la declaración aprobada.Las conclusiones de esta reunión de alto nivel de los países sin litoral serán presentadas, a la Conferencia Mundial de Países Sin Litoral convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 26 y 27 de noviembre próximo en Turkmenistán, país situado en Asia Central.La reunión de Santa Cruz posibilitó que las naciones sin costa unifiquen una sólida posición en defensa de sus necesidades comunes en pos de un comercio internacional equitativo y en igualdad de condiciones con los países de tránsito y con acceso al mar.Es decir, afianzar las facilidades de tránsito de mercaderías y personas para cumplir hasta el año 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ya que para los países sin litoral el cumplimiento de los desafíos se torna mucho más complicado por su condición mediterránea y las restricciones que enfrentan.Y en el marco de que el transporte y la movilidad son centrales al desarrollo sostenible, el documento reivindica la importancia del movimiento eficiente de personas, de bienes y del acceso al transporte en forma equitativa y con respeto a los derechos humanos.Además, el tráfico en tránsito no deberá ser condicionado al pago de tasas o gravámenes, más allá de los cobros por el transporte o los gastos administrativos generados por el tránsito o con el costo de los servicios prestados.Ahora bien, en el caso boliviano las trabas administrativas y los arbitrarios incrementos por el uso de los puertos chilenos no sólo violan el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sino que provocan un impacto económico negativo para las exportaciones e importaciones nacionales y la pérdida de oportunidad de mercados, entre otros.Esta situación ha encendido la alarma entre los exportadores bolivianos, quienes han sido golpeados duramente por los abusos que en la materia cometre Chile. Y como si fuera poco, a la unilateral elevación del costo por el uso boliviano del puerto de Antofagasta –por ejemplo–, se sumó el incremento en un 10,72% de las tarifas de operación de la carga boliviana en el puerto de Arica, y los maltratos del que son víctimas los transportistas bolivianos en territorio chileno.Actualmente, el comercio exterior boliviano enfrenta un costo que representa entre el 0.4 y 0.5% de la tasa de crecimiento anual del PIB, y otro adicional del 0,24% en transporte, todo por no tener acceso directo al océano Pacifico.Y si el 90% del transporte mundial es marítimo, esta situación afecta considerablemente el desarrollo y la economía de los países mediterráneos, debido a los altos costos de logística y transporte que generan bajos volúmenes de exportación e importación. Y como acertadamente sentenció el canciller David Choquehuanca, mientras existan países de primera y de segunda, los que tienen y los que no tienen mar, los países mediterráneos no podrán alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, este trato discriminatorio vulnera nuestro derecho al desarrollo.