Un bloqueo de altura

El paro tuvo algunas intermitencias, pues el fin de semana pasado hubo una tregua, aunque el viernes por la mañana la Policía dispersó a los bloqueadores a fuerza de gases, lo que se reiteró el lunes ante la decisión de algunos dirigentes que responden al partido de Gobierno, de ampliar el conflicto.      De entrada, llamó la atención la postura displicente del Ministerio de Gobierno pues se esperaban acciones inmediatas que garanticen el libre tránsito de los ciudadanos, según dispone la Constitución, algo que ya vimos antes en La Paz en conflictos entre la Alcaldía y sectores de transportistas. El ministro prefirió esperar varios días.Tal postura gubernamental llegó a un punto alto en febrero pasado, cuando “padres de familia”, procedieron al incendio de la Alcaldía de El Alto ante la mirada indiferente de un grupo de policías y el viceministro de Régimen Interior, pese a que el incendio provocó la muerte de seis funcionarios municipales.      El reciente conflicto amenazó con ampliarse tras anunciarse un convenio del sector de juntas vecinales alteñas que responde al MAS, con la Central Obrera Regional y algunos sectores gremiales, los que ya no exigían la renuncia de una subalcaldesa, sino de todos los nominados por la alcaldesa Chapetón.Por extraño que parezca, durante la anterior gestión edil encabezada por un dirigente vecinal del MAS –hoy en la cárcel con serios indicios de corrupción en su gobierno– no existió ningún conflicto social, pese a que no encaró obra alguna, aunque disponía de un presupuesto mucho mayor que el actual.             Al asumir la nueva Alcaldesa, se supo que su antecesor había dispuesto varios vehículos municipales para cederlos a juntas vecinales para uso privado de los dirigentes, además de cargos municipales para parientes cercanos a estos celosos “guardianes de intereses vecinales de El Alto”.                                           Ergo, parece que si la actual Alcaldesa reponía estas dádivas en beneficio de dirigentes, no sólo hubiera evitado el bloqueo, también el incendio de la Alcaldía, precio que pagó la población por haber elegido una alcaldesa de la oposición, en una ciudad cuyo electorado, se suponía, concentraba el MAS.   A todo esto hay que sumar las “técnicas” practicadas en el conflicto por los dirigentes que, obviamente, responden al partido de Gobierno. Se asegura que amenazaron a los vecinos a quienes –de no participar activamente del conflicto– se les despojaría de servicios básicos como el agua y la luz.