EEUU y narcotráfico

De esa manera se escribió un nuevo capítulo que acentúa las desavenencias políticas en la relación bilateral entre ambos países, sumamente deterioradas desde septiembre de 2008 tras la expulsión del entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusado de injerencia en los asuntos internos de Bolivia.Estados Unidos “ha reconocido la capacidad y la voluntad de Bolivia para llevar a cabo con éxito algunas de las actividades en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en las tareas de erradicación de la hoja de coca. El compromiso del gobierno de Bolivia en la asignación de recursos y de las unidades policiales a este esfuerzo es también digno de mención”, señala el comunicado. “Sin embargo, Bolivia no ha podido revertir el crecimiento de la producción de cocaína en su propio territorio”, agrega, y aunque recalca que ambos países discuten el tema a nivel bilateral, destaca que es más importante “la colaboración para enfrentar un desafío global”. Es decir, Estados Unidos no renuncia a un eventual retorno de la DEA a nuestro país, por eso habla de “colaboración”, aunque no contribuye ni con un solo centavo a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Mientras el año 2005 –antes de que Evo Morales asuma la presidencia–, el apoyo estadounidense para el combate contra las drogas en Bolivia era de 90 millones de dólares (626,4 millones de bolivianos), en 2013 –con Evo, presidente– fue de 5 millones de dólares (34,8 millones de bolivianos) y en 2016 desapareció totalmente.En ese contexto, el informe de la administración Obama fue rechazado por el gobierno boliviano que, tras expulsar a la DEA hace ocho años, asumió por sí mismo la lucha contra el tráfico de drogas.Sin embargo, mientras Washington reitera que Bolivia ha “fracasado manifiestamente” en sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) destacó los resultados de los últimos años del modelo boliviano de lucha contra ese flagelo social.Según el último informe de la FELCN, entre el 1 de enero y el 18 de agosto de este año en 7.917 operativos se incautaron 8.1 toneladas de cocaína base, 16.7 toneladas de clorhidrato de cocaína, 84.8 toneladas de marihuana en plantíos y 11.9 toneladas de marihuana lista para ser comercializada. En ese mismo periodo, se decomisaron 349.628 kilos de precursores sólidos, 637.391 litros de precursores líquidos, 449.684 libras de coca ilegal, se destruyeron 43 laboratorios de cristalización de cocaína, 35 laboratorios de reciclaje y 2.764 fábricas de cocaína, y se aprehendieron a 2.260 sospechosos.Durante 2015, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) erradicó 11.025 hectáreas de cultivos excedentarios de coca –6.025 hectáreas por encima de lo establecido por la Ley 1008–, por lo que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) certificó una “disminución efectiva hasta alcanzar a 20.200 hectáreas de coca”.En ese contexto, para que el combate al narcotráfico pueda ser más eficiente, es indispensable que sea asumido en el marco de la confianza mutua, de la solidaridad, con objetivos comunes y de manera conjunta entre los países productores y consumidores.No obstante, en el caso boliviano-estadounidense mientras la Casa Blanca repite su libreto de que Bolivia ha “fracasado manifiestamente” en la lucha contra las drogas, no desembolsa ni un solo dólar ni se sabe de los resultados de “su lucha” contra esa ilícita actividad dentro de su territorio y, por lo tanto, “incumple manifiestamente” su compromiso de la responsabilidad compartida.Ahora bien, Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilegales del mundo y en esta condición está obligado material y moralmente a encarar la lucha contra el narcotráfico en su propio territorio, de proveer los recursos necesarios para enfrentarlo fuera de sus fronteras y no esperar que los muertos lo pongan los países productores para luego descertificarlos.