Otro muerto en un penal

El cadáver de Mauricio David Baldelomar Vargas fue encontrado en uno de los pasillos del sector PC-2 del penal cruceño, y aunque las causas del asesinato aún se desconocen, inicialmente se presume una pugna de poder entre los internos. Tras el suceso se realizaron requisas a la celda del...

El cadáver de Mauricio David Baldelomar Vargas fue encontrado en uno de los pasillos del sector PC-2 del penal cruceño, y aunque las causas del asesinato aún se desconocen, inicialmente se presume una pugna de poder entre los internos. Tras el suceso se realizaron requisas a la celda del fallecido y se hallaron dos armas 9 mm, proyectiles y teléfonos celulares. Además, la vida de tres reclusos brasileños, muy allegados a Baldelomar, también se encontraría en peligro, por lo que fueron aislados. La víctima estaba acusada por estelionato, ganancias ilícitas, estafa y por delitos castigados por la Ley 1008, y permanecía recluido desde julio de este año, según el diario El Día.Baldelomar, también ex integrante del grupo musical Jaque Mate, fue linchado durante una reyerta en un ambiente de régimen abierto, donde vive la mayor parte de la población carcelaria.La violenta muerte de Baldelomar dentro del penal cruceño no es la primera y seguramente no será la última si las autoridades penitenciarias no implementan medidas de seguridad para proteger la vida de las personas privadas de libertad.El pasado 5 de mayo, el cuerpo de Kenia Hidalgo fue hallada sepultada en la celda de su ex esposo Marco Antonio Ramírez –sentenciado a 30 años de presidio por otro caso de feminicidio–, quien la asesinó presumiblemente durante una visita en diciembre de 2015 y enterró el cadáver en su celda del Pabellón 23, con la complicidad de otro reo.Ese hecho desnudó la precariedad del control de ingreso y de salida de la cárcel cruceña, ya que Kenia fue declarada desaparecida y nadie supo dar cuenta de su paradero hasta que en abril de este año su cómplice lo delató, porque el feminicida no le habría pagado 1.000 dólares para que guarde silencio.La madrugada del 24 de diciembre de 2015, otro recluso de Palmasola falleció estrangulado. La víctima, Jaime Laime, de 25 años de edad, guardaba detención desde mediados de 2014 acusado de robo agravado.Pero el hecho más sangriento en el interior de una cárcel boliviana ocurrió el 24 de agosto de 2013, cuando cerca de las seis de la mañana cientos de internos de Palmasola se vieron envueltos en un enfrentamiento que duró más de diez horas y dejó 35 muertos –todos carbonizados– y más de 50 heridos.La acción criminal empezó con la ingesta de alcohol y de droga la noche anterior en el bloque B, donde estaban recluidos los reos más violentos. Todo estaba planeado para asaltar el bloque A por la madrugada cuando sus víctimas estuvieran durmiendo. Los agresores, aprovisionados de botellas con gasolina, palos y armas de fuego, aseguraron por fuera las puertas del pabellón de sus rivales, lanzaron bombas incendiarias y el recinto se convirtió en un infierno.Son ejemplos de la inseguridad que reina en casi todas las cárceles bolivianas, pero particularmente en Palmasola. A esto se suma un código del silencio que impide o al menos obstaculiza que los reclusos colaboren en las investigaciones para el esclarecimiento de esos hechos criminalesNo obstante y a la luz de la última muerte de un reo en Palmasola, emerge la responsabilidad estatal por incumplimiento del deber de custodia y resguardo de las personas que se encuentran bajo su cuidado.Por lo que ojalá, de una vez por todas, se implementen las anunciadas medidas de seguridad que impidan el ingreso a las cárceles de armas blancas y de fuego, objetos contundentes y teléfonos celulares, alcohol, drogas y gasolina, que son utilizados por los internos más violentos para cometer crímenes como los que comentamos. Y también urge instalar detectores de metales, escáneres e inhibidores de frecuencia en los penales para bloquear las señales de los teléfonos celulares que utilizan los reos para seguir cometiendo delitos.En ese sentido, es de vida o muerte asumir que el derecho a la integridad, garantizada por la Carta Magna y por convenios internacionales de los que Bolivia es signataria que prescriben la obligación del Estado de proteger la vida y la vigencia de los derechos humanos de todas y todos los bolivianos, estén o no privadas de libertad. ¿No les parece?


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