La coca ilegal

Las zonas de producción tradicional de coca son aquellas donde histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado la hoja de coca, cuya producción ha servido para el consumo en su estado natural y los usos tradicionales del arbusto.La Ley 1008 indica que esas zonas de producción legal de coca están ubicadas en los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisiví del departamento de La Paz, y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las provincias Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba.En tanto que las zonas de producción excedentaria de coca son las provincias Saavedra, Larecaja, Loayza y las áreas de colonización de los Yungas del departamento de La Paz, y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Araní de Cochabamba, por lo que están sujetas a la implementación de planes anuales de reducción y sustitución de cultivos e implementación del desarrollo alternativo e integral.Ahora bien, según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, el castigo penal para el caso de los cultivos ilegales es urgente, porque –dijo– hay personas que incumplen la prohibición prescrita en la Ley 1008 e incluso reinciden en su accionar con incursiones en los parques nacionales.Y si bien la Ley 1008 faculta a las autoridades la erradicación forzosa de la hoja de coca en los parques nacionales, no fija sanción alguna para quienes cultivan coca ilegal en esas reservas naturales y en otras áreas no tradicionales, cuya producción es más que probable es desviada a la fabricación de cocaína.Es por eso que la iniciativa del viceministro de Defensa Social es atinada, porque está orientada a llenar uno de los vacíos legales de la actual Ley 1008, promulgada el 28 de diciembre de 1988 por el gobierno del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro.No obstante, una eventual sanción congresal del planteamiento del principal responsable de la lucha contra el narcotráfico, debería ser fruto de un amplio debate de las entidades estatales, sociales y políticas, que de una u otra manera están relacionadas con el cultivo, el control, la comercialización de la hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico.Además, la propuesta de perseguir penalmente a quienes cultiven coca ilegal, es una necesidad tras el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que desveló que en 2015 al menos 11.299 toneladas métricas de hoja de coca no fueron comercializados en los mercados legalmente establecidos en Bolivia.Y aunque esa cifra es menor en un 16% respecto de la registrada en 2014, año en que 13.303 toneladas métricas de coca no fueron comercializadas en los mercados legales, no deja de ser un dato muy preocupante, porque denota que muy probablemente ese volumen o gran parte de él fue desviado hacia actividades ilegales como el narcotráfico.Según el documento conocido a principios de julio pasado, la coca comercializada en los dos únicos mercados legales que reconoce la Ley 1008: Villa Fátima en La Paz y Sacaba en Cochabamba, alcanzó a 21.201 toneladas métricas sobre un total de 32.500 toneladas de coca producidas el año pasado en 20.200 hectáreas a nivel nacional.Es decir, los datos de la UNODC indican que en 2015 el 66% de toda la producción de hoja de coca en Bolivia fue comercializada legalmente, mientras que el 34% ilegalmente. En ese sentido, mientras el Estado no promulgue la nueva Ley General de la Hoja de Coca que –según anticipó el gobierno– incrementará la superficie de cultivos legales de la hoja y optimice la lucha contra el narcotráfico, la vigente Ley 1008 reconoce como legal la producción de 12.000 hectáreas de coca.Entonces, a la par de implementar el castigo penal a quienes cultiven coca en áreas ilegales, es menester mejorar el control y fiscalización de los cultivos de la hoja, ampliar el programa de desarrollo integral, proveer a los cocaleros otras opciones de empleo e ingresos, y promulgar –lo más antes posible– la nueva Ley General de la Hoja de Coca.