Nadie está por encima de la ley
De la promulgación de las modificaciones a la Ley General de Cooperativas participaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), quienes impulsaron las modificaciones a esa norma legal.No obstante, a los pocos minutos de que el Jefe de Estado promulgó la ley de modificación a la Ley...
De la promulgación de las modificaciones a la Ley General de Cooperativas participaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), quienes impulsaron las modificaciones a esa norma legal.No obstante, a los pocos minutos de que el Jefe de Estado promulgó la ley de modificación a la Ley General de Cooperativas, la dirigencia de los cooperativistas rechazó la misma, y este martes tenían previsto un ampliado para retomar el bloqueo de caminos y otras medidas de presión.Y ante la posibilidad cierta del bloqueo de caminos, el gobierno aseguró que garantizará el libre tránsito por las carreteras del país y, como medida preventiva comenzó con el despliegue de medidas de seguridad por parte de la Policía.Empero, ¿cuál es la redacción de esas modificaciones que rechazan los propietarios o socios de las cooperativas, particularmente las dedicadas a la actividad minera?Las modificaciones están contendidas en la nueva disposición transitoria primera y la nueva disposición final única de la mencionada norma legal,La disposición transitoria primera señala que las cooperativas que se encuentren actualmente registradas y en funcionamiento se adecuarán a las disposiciones de ésta ley hasta el 13 de mayo de 2018, de acuerdo a procedimiento establecido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, caso contrario serán disueltas aquellas que no acaten la norma. En tanto que el nuevo texto de la disposición final única sostiene que en resguardo de los derechos constitucionales en vigencia, se respetan en las cooperativas los derechos sindicales, laborales y de asociados de los sindicatos que incluyan asociadas y asociados pre-existentes a la promulgación de la presente ley.Ahora bien, el artículo 51 de la Constitución Política del Estado garantiza que “todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley”. Y este mandato de la Carta Magna resguarda el derecho a sindicalizarse de los trabajadores que prestan sus servicios en las cooperativas mineras.Empero, ¿cuál es el verdadero motivo por el que las cooperativas rechazan someterse a la Ley 356 y amenazan con retomar medidas de presión?La movilización cooperativista va incluso más allá de restringir los derechos laborales y la sindicalización de los trabajadores que en ellas prestan sus servicios.El objetivo final de la movilización de los cooperativistas mineros es la incorporación a la Ley 356 del contenido del artículo 151 de su proyecto de ley –que fue rechazado por la Asamblea Legislativa por ser inconstitucional–, que les facultaba a suscribir contratos directos con empresas transnacionales sin la aprobación legislativa.Por lo que en el fondo, intentan desconocer las atribuciones constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), esas facultadas “ya han sido violadas con la creación de los contratos administrativos en la nueva Ley Minera”.Además, las cooperativas ya habrían suscrito 42 contratos con empresas privadas nacionales y extranjeras para explotar predios que el Estado les otorgó en calidad de concesión.Sin embargo, si el Estado hubiera firmado esos contratos directamente con los privados, los ingresos del país serían del 39% por concepto de tributos como el IU, RC-IVA, IVA, además de regalías departamentales, pero con los contratos rubricados con las cooperativas aquellas empresas sólo pagan el 1% en impuestos. Que tal. Y como si fuera poco, las cooperativas mineras contratan asalariados que desempeñan su trabajo en condiciones inseguras, precarias y son mal remunerados, e incluso existe un trabajo no asalariado que raya en modernas formas de servidumbre por deudas.En ese contexto, el Estado está obligado a garantizar que todos los bolivianos, sin ninguna excepción, respeten la democracia, se sometan a la ley y a la Carta Magna, porque nadie, por más cooperativista que sea, está por encima del ordenamiento legal del país. ¿No les parece?


