Ley de Partidos Políticos
La presidenta del TSE, Katia Uriona –citada por La Razón– indicó que para el debate se instalará una mesa de diálogo y consultas por cada departamento, presumiblemente a partir de septiembre, para confluir en una mesa de alcance nacional hasta fin de año, y remitir una propuesta a la...
La presidenta del TSE, Katia Uriona –citada por La Razón– indicó que para el debate se instalará una mesa de diálogo y consultas por cada departamento, presumiblemente a partir de septiembre, para confluir en una mesa de alcance nacional hasta fin de año, y remitir una propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate y sanción constitucional hasta el primer semestre de 2017. Además, durante el proceso de consultas también se discutiría ajustes a la Ley del Régimen Electoral y del Órgano Electoral.El 21 de agosto de 2008, el entonces Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 3925 y mediante su artículo 1 eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en los años electorales y no electorales, y derogó todas las disposiciones contrarias a esa disposición.Y el artículo 2 de esa norma legal creó el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas discapacitadas, financiado con un aporte anual de 40 millones de bolivianos con recursos provenientes del Tesoro General del Estado.En 2013, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), que depende del TSE, con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un proceso de consultas con al menos 500 organizaciones de la sociedad civil, redactó un primer borrador de la nueva ley de organizaciones políticas.Ese anteproyecto enfatizaba en la promoción y el desarrollo de democracia intercultural, implementaba la elección de candidatos a través de primarias y planteaba el diseño mixto de financiamiento a través de la cesión de espacios televisivos, no solo en los medios estatales sino también en los medios privados, para equilibrar la difusión de las propuestas durante una campaña electoral.La discusión fue reinstalada recientemente por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando a fines de julio entregó su informe sobre el referéndum constitucional del pasado 21 de febrero, y recomendó la reposición del financiamiento estatal a las agrupaciones políticas. Ahora bien, hasta donde se conoce, el Movimiento Al Socialismo (MAS) –que controla el Órgano Legislativo–, todavía no se pronunció sobre si respalda o no la sanción de una nueva Ley de Partidos Políticos, pero el debate propuesto por el TSE ya se instaló.Pero ¿cuáles son las presuntas ventajas y desventajas que ofrece a la democracia el financiamiento estatal a las agrupaciones políticas?Quienes se oponen sostienen que incrementa la distancia entre las élites políticas y los ciudadanos, militantes, simpatizantes y electores, porque es menos probable que los involucren en decisiones partidistas o que les pidan su opinión sobre temas políticos.Señalan que la distribución de fondos públicos a los partidos políticos, según su representación en la legislatura nacional, hace más difícil la incursión de nuevas fuerzas políticas, y priva de recursos a la educación y la salud, servicios que prioritariamente debe atender el Estado.En ese sentido, aseguran que con el financiamiento estatal se corre el riesgo de que los partidos políticos se conviertan más en órganos del Estado que en parte de la sociedad civil.Entre tanto, quienes son partidarios de financiar con recursos públicos la actividad política, indican que es una inversión que fortalece la democracia, cubre el costo de las campañas y permite que un electorado variopinto y diseminado por un vasto territorio, tenga acceso a las propuestas electorales.Y como argumento de mayor peso sostienen que el financiamiento estatal a los partidos políticos evita que dineros provenientes de fuentes ilegales, como el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y los intereses corporativos influyan en el desempeño del futuro gobierno.Sea como fuere, el debate sobre la eventual restitución del financiamiento estatal a la actividad política ya está instalado y corresponderá que los actores políticos y sociales deliberen sobre el tema y asuman una decisión correcta en el marco constitucional y de la democracia boliviana. ¿No les parece?


