“O nos hacen caso o les metemos dinamita”

¿Pero, de qué desarrollo estatal se puede hacer gala cuando, por ejemplo, un grupo corporativo impone su voluntad reiteradamente a plan de dinamitazos?  Ha vuelto a ser motivo de vergüenza y decepción generalizada la conducta de los cooperativistas mineros. Bajo una demanda, por demás injustificada, y tras un debate de contados días, volvieron a agredir al país entero. Sí, a todo el país porque se lanzaron a una de las carreteras fundamentales y perjudicaron ciudadanos de prácticamente toda la geografía nacional. En medio de la ruta había comerciantes, funcionarios, estudiantes, turistas, etc, en varios casos con urgencias personales. Y, como si alguna culpa tuviesen, contra ellos fue el ataque. Cuando la Policía Nacional impuso un desbloqueo disuasivo, la respuesta rayó en el salvajismo y la criminalidad. Virtualmente todo el país fue testigo de la saña con la que agredieron a los uniformados. Un total de 46 policías debieron ser hospitalizados, uno de ellos con traumatismo encéfalo craneano. Y todo porque a los “cooperativistas” no les da la gana de reconocerles los derechos elementales a los trabajadores que contratan y explotan cotidianamente.  Y ese “cooperativistas” entrecomillado precisamente señala la falta de cabalidad del término. En realidad se trata de empresarios que están lejos de ejercer los principios del cooperativismo y sólo se escudan en ese rótulo y casi eufemismo de circunstancia. Sus “socios” constituyen grupos de capataces que articulan equipos de trabajo convertibles en grupos de defensa o, mejor dicho, de agresión.    ¿Y a qué apuestan con esa estructura? Simplemente, a explotar los yacimientos mineros violando leyes medioambientales, impositivas y laborales. Adicionalmente, se convierten en organizaciones que, no pocas veces, se movilizan en pos de yacimientos para buscar tomarlos por la razón o por la fuerza. Desde un comienzo de este régimen ya causaron daños atroces al país. Y no sólo éstos se resumen en pérdidas de recursos, abusos a sus subordinados y daños a la ecología. Bastará recordar, por ejemplo, la masacre de Huanuni en octubre de 2006. Entonces la angurria por tomar el yacimiento de Posokoni los llevó a causar 12 muertes atacando a los mineros estatales con anfo (un explosivo minero) y dinamita.      Se hicieron virtualmente intocables porque el Gobierno los sumó como socios estratégicos junto a otros tres o cuatro sectores sociales. Pero de entre ese conjunto, ninguno ha obrado con mayor irracionalidad e intransigencia ni actuado con semejantes excesos. Toca a las autoridades asumir estrategias inteligentes para, por un elemental sentido de seguridad ciudadana e interés estatal, frenar a los cooperativistas. Hasta ahora no han sido objeto de ninguna sanción, ni proceso ni mínima medida punitiva. Pero ya es hora. Resultaría extremadamente contraproducente, que en un escenario donde se habla de grandes avances en el país durante la última década, este tipo de organizaciones vandálicas operen a sus anchas. Suiza y la idea de ser una potencia estatal quedarían, nuevamente, como material para bromas, antes que para aspiraciones históricas. ¡¿En qué clase de sociedad vivimos si hay quienes vienen y nos dicen: “o me haces caso, o te lanzo dinamita”?!