Bloqueo cooperativista

La frágil tregua llegó tras que el pasado miércoles, primer día de enfrentamientos entre cooperativistas y efectivos de la Policía, se saldara con un número indeterminado de mineros detenidos y más de 40 policías retenidos ilegalmente como rehenes por parte de los movilizados; y el jueves la violencia se repitiera con inusitada fuerza.Los cooperativistas rechazan la nueva redacción de la disposición transitoria primera y la disposición final única de la Ley Nº 356.La disposición transitoria señala que “las cooperativas que se encuentren actualmente registradas y en funcionamiento se adecuarán a las disposiciones de ésta ley hasta el 13 de mayo de 2018, de acuerdo a procedimiento establecido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP)”. “Caso contrario, quedarán canceladas las autorizaciones no ratificadas y se ordenará la disolución, liquidación y extinción de tales cooperativas”, agrega el documento.En tanto que el nuevo texto de la disposición final única sostiene que “en resguardo de los derechos constitucionales en vigencia, se respetan en las cooperativas los derechos sindicales, laborales y de asociados de los sindicatos que incluyan asociadas y asociados pre-existentes a la promulgación de la presente ley, así como de los que fueren a constituirse a futuro en los sectores de servicios y servicios públicos”.El artículo 51 de la Constitución Política del Estado garantiza que “todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley”. Y este mandato de la Carta Magna resguarda el derecho a sindicalizarse de los trabajadores que prestan sus servicios en las cooperativas mineras.Ahora bien, la disposición transitoria primera –rechazada por los dueños de las cooperativas– está orientada a que la actividad de ellas se enmarque en la ley y, por lo tanto, sean legales y cumplan con todas las obligaciones que de ella emanan, además que les garantizan ejercer los derechos que como parte de una actividad productiva les corresponde.En tanto, que la disposición final única sale por los fueros de los derechos de libre y legítima asociación de los trabajadores en defensa del acceso a sus derechos laborales y sociales, remuneración justa y otros derechos reconocidos por la Carta Magna.Ahora bien, ¿por qué los socios o dueños de las cooperativas mineras rechazan las modificaciones a la Ley General de Cooperativas?La sindicalización de sus trabajadores es rechazada contundentemente por los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), decisión que asumieron durante un ampliado nacional que se desarrolló en la ciudad de Potosí a mediados del pasado mes de julio.Además, los cooperativistas contratan trabajadores a quienes no les reconocen beneficios laborales ni sociales y trabajan en condiciones de seguridad muy deplorables, mientras que los socios de las cooperativas mineras disfrutan de comodidades que les proporcionan sus altos ingresos económicos.En ese contexto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que el trasfondo de la movilización de los cooperativistas mineros es celebrar contratos con transnacionales, al margen de la Carta Magna. Según el Centro de Investigación y Documentación (CEDIB), de los tres impuestos que se paga por la actividad minera: regalías mineras del 1 al 7% sobre el valor de la producción, impuesto a las utilidades de las empresas del 25% y la alícuota adicional al impuesto a las utilidades de las empresas del 12,5%; las cooperativas sólo pagan las regalías mineras.En ese contexto, lo que corresponde es que en la mesa de diálogo, que será instalada entre autoridades y cooperativistas, se busquen salidas legales al conflicto creado y se investigue las circunstancias en las cuales fueron tomados como rehenes más de 40 policías, porque en el marco de la democracia un delito, como el secuestro, no puede ni debe ser negociado.