Seguridad en las escuelas

Ese acuerdo, producto de la Primera Reunión Nacional para la Seguridad Ciudadana en Instituciones Educativas, permitirá que hasta la gestión 2017 los municipios instalen 771 cámaras de video en las unidades educativas fiscales y de convenio, en tanto que en el sector privado esa obligación comenzará a ser cumplida a partir de octubre próximo.El costo que represente la compra de las cámaras de seguridad (entre 20.000  y 24.000 bolivianos por unidad), fibra óptica, instalación y las obras civiles será cubierto con recursos que los municipios reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La Policía, en coordinación con los Servicios Departamentales de Educación (Seduca) presentará un plan de priorización en la instalación de las cámaras de vigilancia por etapas en los diversos establecimientos en todo el país, y se prevé que inicialmente 14 mil unidades educativas se incorporarán a esa fase de modernización de lucha integral contra la inseguridad ciudadana.El gobierno y los municipios también acordaron priorizar la seguridad de los niños del Nivel Inicial (pre kínder y kínder), realizar una georreferenciación de zonas vulnerables, articular programas de prevención e incorporar a los operativos policiales los patrullajes terrestres y motorizados en las áreas de vulnerabilidad.En ese sentido, mientras la georreferenciación servirá para que la Policía localice la presencia de pandillas juveniles y de algunas organizaciones criminales que operan cerca de los establecimientos educativos; a sugerencia de la alcaldía de Potosí se estableció la protección prioritaria de los niños del Nivel Inicial porque son los más vulnerables ante eventuales secuestros y atracos.Igualmente se estableció articular los programas preventivos para fortalecer los valores en el comportamiento de la gente y los programas de capacitación en materia de seguridad ciudadana, tanto a los estudiantes como a los padres de familia.También se articularán las iniciativas de algunas alcaldías con programas de prevención que ejecuta la Policía Boliviana y los planes de prevención interactivos que ha diseñado el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, con el apoyo técnico y pedagógico del Ministerio de Educación.Además, se tiene previsto una próxima reunión con los representantes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y de las universidades privadas, a quienes se propondrá convenios interinstitucionales específicos para que de esta forma, las cámaras de video vigilancia alcancen a las casas de estudios superiores, tanto privadas como públicas.Y desde todo punto de vista es ponderable el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los gobiernos autónomos municipales, porque está orientado a implementar sistemas de vigilancia que proporcionen seguridad a niños y adolescentes en las unidades educativas.Está aún fresco el secuestro de la niña de ocho años de edad Camila, estudiante del colegio Santa Ana de la ciudad de La Paz, quien, el pasado 29 de julio fue plagiada a la salida de sus clases por una mujer que se hizo pasar como si fuera su niñera.Una de las claves para que Camila haya sido liberada y sus secuestradores (los hermanos Abigail y Elmer Iván Chuquimia Mamani) capturados a menos de 24 horas después, fueron precisamente las cámaras de seguridad del colegio que captaron la imagen de la mujer, mientras se llevaba a la niña con rumbo desconocido, y posibilitaron su identificación.En ese contexto, es de esperar que las alcaldías cumplan con la instalación de las cámaras de vigilancia en el tiempo previsto, y los responsables de la educación privada también asuman su cuota parte de un acuerdo orientado a dar seguridad a niños y adolescentes que asisten a la escuela.Ahora bien, el nivel delictivo que nos acecha solo descenderá en la medida en que garanticemos la integración social entre todos los actores educativos, y en este camino se inscribe la instalación de las cámaras de seguridad en las escuelas. ¿No les parece?