Nemesia Achacollo

Nemesia Achacollo, por la supuesta comisión de varios delitos, en el marco del proceso legal que investiga el mal manejo de los recursos del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).Tras completar sus declaraciones informativas, Achacollo fue imputada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, por lo que fue conducida a celdas policiales a la espera de una audiencia de medidas cautelares, la que determinará si es o no detenida preventivamente en un centro penal para mujeres.“La Fiscalía ha realizado una investigación exhaustiva para absolver todas las cuestionantes inherentes a los proyectos que fueron observados en la gestión de la ex ministra Achacollo”, aseguró el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, citado por un boletín institucional.“Nosotros queremos dejar en claro que no existe ninguna presión política, nosotros actuamos bajo los principios de objetividad y legalidad, toda vez que los indicios son serios, por lo que se ha visto por conveniente emitir la resolución de aprehensión”, anunció”, agregó.Las declaraciones de la ex titular de Desarrollo Rural respecto uno de los mayores casos de presunta corrupción en la gestión del actual gobierno fueron suspendidas el pasado 21 de julio y debieron ser reanudadas el 25 de julio, pero por un cuadro de arritmia cardiaca Achacollo fue internada en un hospital de Santa Cruz, por lo que su versión recién fue completada este miércoles.Antes de completar sus declaraciones, la ex titular de Desarrollo Rural aseguró que “no tengo miedo” de ir a la cárcel “porque no he robado nada”. Y tras conocer la decisión del Ministerio Público, su abogado defensor, Diego García, rechazó la aprehensión de su defendida porque –según dijo– la ex ministra mostró su voluntad de colaborar con las investigaciones.El 12 de febrero de 2015, la Contraloría General del Estado destapó la olla e involucró en presuntos hechos ilegales a dirigentes de los movimientos sociales que administraron el hoy el extinto Fondioc.Y en agosto del pasado año, la entonces interventora del Fondioc, Larisa Fuentes, reveló que en seis meses de trabajo identificó 30 proyectos “fantasmas” y 713 inconclusos en los que se habrían invertido 102.2 millones de bolivianos, que sumados los 71 millones de bolivianos denunciados por la Contraloría, harían un monto de 173,2 millones de bolivianos de supuesto daño económico al Estado.El Fondioc, que entró en funcionamiento en julio de 2009, empezó a financiar proyectos productivos y sociales a partir de 2010. Desde entonces, recibió cada año más de 470 millones de bolivianos anuales por el 5% de los recursos del IDH, para que sean invertidos en proyectos de desarrollo en las áreas rurales del país.Desde que en 2010 comenzó el desembolso de recursos para proyectos productivos y sociales, el directorio del Fondo Indígena aprobó 3.177 proyectos, de éstos 1.100  recibieron al menos un desembolso para su ejecución (entre ellos los 30 proyectos fantasmas) y 2.077 no recibieron recursos. Un año después de que el caso fuera destapado, los procesos legales instaurados en contra de los presuntos culpables permitieron la detención preventiva de una treintena de personas y un número indeterminado de sospechosos que todavía son investigados.Ahora bien, lo que debería quedar en claro es que no es admisible que algunos sectores políticos ya hayan poco menos que juzgado y sentenciado a Achacollo como si fuera la principal responsable de los evidentes malos manejos de los recursos del Fondioc, sin haber escuchado su defensa.Como tampoco es admisible que se presuma su culpabilidad, cuando la Constitución Política del Estado garantiza la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Por todas esas consideraciones, lo que corresponde es que la justicia cumpla su tarea sin ninguna presión política y asuma sus decisiones enmarcado en el debido proceso y la justa aplicación de la ley, para determinar si Achacollo y las demás personas investigadas son culpables o inocentes de los delitos que se les imputa.