Duro golpe al narco

El operativo se efectuó en Patacamaya –ubicada a 95 kilómetros al sur de La Paz sobre la carretera a Oruro–, población donde un grupo de elite interceptó un camión tráiler de color blanco con un contenedor que contenía ulexita en varias bolsas con un peso de 22 toneladas; la sustancia controlada se encontraba distribuida en cada una de ellas.No obstante, el éxito de uno de los operativos más importantes de los últimos años, ha sido resultado de un arduo trabajo de seguimiento e inteligencia que se prolongó por diez meses, tanto a nivel nacional como internacional, y que no contó con el apoyo de la DEA, expulsada de Bolivia en 2008. “Producto de esto es el secuestro de siete toneladas con 580 gramos, prácticamente en cada tonelada (de mineral) tendríamos el 34% de sustancia controlada, más propiamente clorhidrato” de cocaína, informó el director Nacional de la FELCN, coronel Santiago Delgadillo, en declaraciones a la prensa.Las pesquisas desvelaron que la droga de alta pureza era transportada a bordo de un camión de la empresa Borobrasbol que se dirigía a la población fronteriza de Tambo Quemado, para que desde un puerto chileno sea embarcado a Honduras y de este país centroamericano a su mercado final: Estados Unidos.De acuerdo con datos de la policía antidrogas, en Honduras cada kilo de clorhidrato de cocaína tendría un costo de 15 mil dólares, pero su precio se incrementaría a 50 mil dólares por kilo en Estado Unidos. “Es decir, estaríamos hablando de un costo final de 379 millones de dólares”, expuso Delgadillo. Antes y durante el operativo policial, los agentes antidrogas detuvieron a los bolivianos David Elías S. C., Luis Fernando S. S. y José Manuel P. M., secuestraron 22 toneladas de ulexita y dos vehículos: un camión marca Volvo y una camioneta marca Toyota. Están prófugos el propietario de la empresa, Herlando T. A. y sus contactos internacionales.Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el volumen de la droga incautada en Patacamaya, el caso no sólo es un duro golpe al narcotráfico internacional, sino uno de los más importantes desde que en un operativo antidrogas efectuado en 1995 –durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada–, la Policía antidrogas del Perú incautó en el aeropuerto de Lima un avión boliviano cargado con cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína.El escándalo del “narco-avión” salpicó a funcionarios de la FELCN, del entonces gobierno boliviano e incluso de la propia DEA, que no sólo coordinaba sino dirigía las tareas de inteligencia e interdicción al narcotráfico.Toda la estructura antinarcóticos no fue capaz de evitar que el “narco-avión” decolara del aeropuerto de El Alto, y tuvo que ser la Policía peruana la que haga el trabajo de su par boliviana.Aunque el caso del “narco-avión” desarticuló la banda dirigida por Luis Amado Pacheco, alias “Barbas chocas” y se ordenó el procesamiento de policías acusados de encubrimiento, jamás se esclareció el papel que jugó la DEA y las múltiples contradicciones oficiales levantaron sospechas que hasta hoy no han sido esclarecidas.Otra incautación millonaria de drogas ocurrió en enero pasado. La Policía incautó ocho toneladas de clorhidrato de cocaína mezclada con un cargamento 80 toneladas de sulfato de bario, que se usa para la exploración petrolera. La droga, que fue confiscada en Santa Cruz y Yacuiba, iba a ser enviada a Costa de Marfil (África).Durante el primer semestre de este año, la FELCN incautó 102 toneladas de droga, arrestó a 1.806 sospechosos, destruyó 36 laboratorios de cristalización, 31 de reciclaje y 2.202 fábricas de cocaína y erradicó 2.746 hectáreas de coca ilegal en Cochabamba, La Paz, Beni y Santa Cruz.En ese contexto, el operativo antidroga realizado en Patacamaya señala el camino correcto por el que debe transitar la lucha contra el narcotráfico, porque más allá de las pugnas políticas que pudiera despertar, el combate a ese flagelo social no tiene ni debe tener color partidario, sino asumida como política de Estado.