De narcoestados a Estados tratantes

Es otras palabras, en la sociedad planetaria del siglo XXI, la trata y tráfico de personas mueve 33 mil millones de dólares al año. La cifra corresponde a la Organización de Naciones Unidas. Y en Bolivia donde sus autoridades exhiben reiteradamente reivindicaciones sociales, cada semana “oficialmente” se registran 10 casos de trata y tráfico de personas.La cifra muy probablemente quede corta frente a la realidad. Baste recordar lo que relató hace un par de años una víctima de estas mafias: “Señora, quienes raptaron a su hija son unos maleantes terribles, no los denuncie; mejor diga que su hija escapó con su novio nomás”. Testimonios parecidos advierten que la intimidación encubre una parte de los casos. Otra parte corresponde a la ineficiencia de las autoridades y una tercera, a la cada vez más evidente complicidad. Reflexionemos: si las autoridades no pueden explicar hasta hoy el destino de un conocido periodista como Cristian Mariscal, ¿cuánto harán por personas más humildes? Pasaron ya 922 días de esa desaparición y las autoridades son incapaces de verter una mínima hipótesis sobre lo que pasó con Mariscal. ¿Qué se puede esperar entonces cuando quienes desaparecen son desprotegidos niños o niñas guaraníes o inmigrantes? ¿Qué apoyo puede augurarse cuando la víctima es una más de las que se suman semanalmente al macabro índice? Según la Defensoría del Pueblo, 65 por ciento de los casos denunciados no son resueltos. Peor aún, en el 73 por ciento de los casos, las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Ocho de cada diez niños desaparecidos no son hallados nunca más.       Así, la esclavitud moderna marca a diversos países. El Gobierno informó en 2014 que Bolivia ocupaba el quinto lugar en Sudamérica entre los países con más trata y tráfico de personas. Y la tendencia se acentuó en estos dos años. El hecho sobrecoge. Posiblemente la trata y tráfico constituya el delito más perverso e inhumano de cuantos se cometen. ¡¿Cómo puede alguien justificar el tomar una vida inocente para destinarla al abuso sexual, a la explotación laboral o al tráfico de órganos?! ¡¿Puede haber mayor grado de infrahumanidad?!Y sin embargo, la sociedad y las instituciones se resignan, toleran y hasta fomentan este nivel de criminalidad. Baste señalar que, según denunció una viceministra en 2005, la propia Ley contra la Trata y Tráfico y similares fueron frenadas en el Congreso boliviano. Aquella autoridad deslizó que dueños de burdeles y negocios similares sobornaban a los parlamentarios para impedir la aprobación de esas normas.Y hay varios indicadores de la permisividad o complicidad más. En su informe 2015, el Viceministerio de Justicia observó la conducta de los operadores de justicia en los contados casos que llegaron a procesarse en la lucha contra este delito. No es para menos porque de 184 procesos penales sustanciados en el país en 2014, solamente se emitieron 12 sentencias. En otras palabras, mientras oficialmente desaparece más una persona cada día, se sanciona apenas un delincuente cada mes.   Desde hace décadas que el trabajo de las mafias ha marcado a algunos países con el indignante apelativo de “narcoestados”. Indudablemente que semejante circunstancia se vuelve dolorosamente difícil de refutar cuando se multiplican las evidencias de este ilícito. Sin embargo, si algo puede agravar ese escenario de vergüenza, dolor e impotencia es advertir que estén surgiendo también “Estados tratantes”. Urge que todos los bolivianos hagamos voluntariosa causa común para combatir este crimen. ¿O es que acaso el que desaparezcan cada semana, por lo bajo, 10 personas (siete de ellas niños) es un dato merecedor de resignación o indiferencia?