Discapacitados y escuela

lo que dificulta en sumo grado el proceso de inclusión en la escuela.El estudio “Una mirada a la situación de la inclusión de estudiantes con discapacidad en unidades educativas del Sistema de Educación Regular” y que contó con el apoyo de la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad Jach’a Uru (Gran día), puso el dedo en la llaga.Los resultados fueron obtenidos con los datos de 18 unidades educativas pertenecientes a los macrodistritos Santa Antonio y Cotahuma de la ciudad de La Paz, los distritos 5 y 6 de El Alto y las poblaciones rurales de Achacachi y Huarina del mismo departamento.El objetivo fue analizar el proceso de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad para identificar las fortalezas y debilidades de las unidades educativas y si se aplican prácticas educativas inclusivas y los indicadores que sirvan para orientar cambios en la formación escolar. La discapacidad es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan su forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, y abarca las deficiencias, limitaciones y restricciones de la participación social de los seres humanos que lo sufren. El enfoque social señala a la discapacidad como un problema creado y básicamente como cuestión de la inclusión completa de los individuos en la sociedad. Este paradigma considera al discapacitado como un sujeto de derecho, derechos que no son ejercidos aunque sí vulnerados por su condición de inferioridad física, mental, intelectual o sensorial.En ese contexto, el estudio defensorial se basó en entrevistas a 18 directores y directoras, 86 docentes, 45 padres, madres o algún familiar, y a 28 niñas y niños con discapacidad. Y las observaciones fueron directas en las aulas, lo que permitió identificar que el 95% de directores y docentes de las unidades educativas no fueron capacitados ni tienen formación sobre el tema discapacidad e inclusión. Es más, el 99% de los centros escolares no cuentan con materiales de apoyo para el trabajo con niñas y niños con discapacidad.En la observación en aula se identificó que no existen textos en las paredes que contribuyan al aprendizaje inclusivo, los materiales utilizados en su mayoría son adaptaciones curriculares, la disposición de los pupitres no sólo dificulta el desplazamiento de los estudiantes con discapacidad motora, sino que impide que éstos puedan compartir y realizar actividades conjuntas.En cuanto al núcleo familiar, se evidenció que el 90% desconoce el término de educación inclusiva y la mayoría la asocia a la integración, el mismo porcentaje afirma que enfrentó dificultades para inscribir a sus hijas e hijos en un centro de educación regular.Ahora bien, la realidad desvelada por el estudio de la Defensoría del Pueblo pone en cuestión el cumplimiento del carácter inclusivo, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones y sin discriminación alguna de la educación boliviana, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Políticas del Estado y el parágrafo 7 del artículo 3 de la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.En ese contexto, urge que las autoridades educacionales asuman políticas educativas e intersectoriales que realmente promuevan la inclusión en todos los niveles educativos, y la capacitación y formación permanente de directores y docentes en la atención a estudiantes con diversos grados de discapacidad.Es que la desigualdad y la discriminación implican distancia entre unos y otros, la exclusión supone un alejamiento irrecuperable, la degradación del excluido, que pasa a la categoría de negado. Por eso debemos fomentar prácticas inclusivas y promover la participación de la comunidad en favor de los estudiantes con discapacidad, caso contrario, las niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad seguirán siendo víctimas de discriminación y rechazados por su condición al intentar ser parte del sistema de educación regular. ¿No les parece?