Gobierno y Asbora

El 8 de agosto de 2011, el gobierno promulgó la Ley General de Telecomunicaciones (Ley Nº 164) que en su artículo 30, parágrafo 2, establece que “la vigencia de las licencias de radiodifusión será de quince años, pudiendo ser renovadas por una sola vez por igual período, siempre que su titular haya cumplido con las disposiciones previstas en esta ley, en sus reglamentos y en la licencia respectiva”.No obstante, el Decreto Supremo Nº 1391, del 24 de octubre de 2012, reglamentario de la Ley Nº 164, abre la posibilidad de licitar las frecuencias de las radioemisoras, lo que es rechazado por la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), que exige que el gobierno cumpla la Ley General de Telecomunicaciones y renueve las licencias de radiodifusión sin necesidad de una licitación.Según Asbora, el cumplimiento de esa norma legal facilitará la renovación de las licencias y evitará el cierre de al menos 500 radioemisoras diseminados en todo el territorio del Estado. Además, sostiene que la renovación automática permitirá que 2.500 radialistas conserven sus fuentes de trabajo.De acuerdo con los registros de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en Bolivia operan 1.175 radioemisoras dispersas en los 339 municipios del país. De ese total, 863 corresponde a emisoras en Frecuencia Modulada (FM) y 312 en Amplitud Modulada (AM).Ahora bien, el 5 de julio de 1996 se pone en vigencia la Ley de Telecomunicaciones Nº 1632, norma legal a la que entonces se acogieron los medios audiovisuales obteniendo o, en su caso, renovando sus licencias para un periodo de 20 años. Y en 2011 se promulga la nueva Ley General de Telecomunicaciones Nº 164, que prescribe la renovación de licencias –por primera y única vez a partir de 2016– por otros 15 años, una vez cumplido la concesión otorgada en el marco de la Ley 1632. Además, el artículo 10 de la Ley Nº 164 establece que las frecuencias deben redistribuirse en un 33% para el Estado, 33% para los medios comerciales, 17% para el ámbito social comunitario y 17% para los pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas.En ese contexto, el artículo 20 del decreto reglamentario de la Ley 164 indica que mientras para el Estado se asignará el uso de frecuencias de forma directa, para el sector social comunitario y para pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas la asignación será mediante el concurso de proyectosEn tanto que para el sector comercial –radioemisoras privadas con fines de lucro– señala que se deberá proceder a la asignación de frecuencias mediante licitación pública, lo que en criterio de Asbora contradice a la Ley 164. Este es el punto del desencuentro entre las autoridades gubernamentales y los dirigentes de Asbora.Ahora bien, la democracia tiene como fundamento el respeto a la persona humana y al Estado de derecho y es la mejor salvaguarda de la libertad de expresión, de la tolerancia de todos los grupos de la sociedad y de la igualdad de oportunidades.Es decir, la democracia, con su carácter representativo y plural, otorga al electorado el escrutinio, y a las autoridades públicas la obligación de obedecer la ley, impartir justicia en forma imparcial, y jamás olvidar que nadie puede estar por encima de la ley.Entonces, lo que corresponde es que en el marco de nuestra democracia se privilegie la pluralidad de voces sobre la uniformidad del discurso, la honesta subjetividad informativa sobre una pretendida ‘independencia’, y la libertad de expresión sobre la denominada línea editorial, eufemismo de la censura encubierta.En ese contexto, creemos que las autoridades facultadas para ello deberían allanar y no entorpecer bajo ningún argumento la renovación de la adjudicación de frecuencias de las radioemisoras, y para ello es trascendente que ambas partes asuman su estricto apego a nuestra democracia.