¿Olvidaremos lo que costó la nueva Constitución?

Fue la IV Marcha Indígena de Tierras Bajas (la de  2002) la que puso sobre el tapete la necesidad de una nueva Constitución, y no para cambiar tal o cual artículo de la anterior, sino para volver a fundar este país, que en 1825 se había fundado mal (como Estado neo-colonial). A continuación vino la pelea con el Goni, que no quería una nueva Constitución y, junto con la Guerra del Gas, fue el proyecto de la  Asamblea Constituyente el que completó la llamada Agenda de Octubre.A los seis meses del gobierno de Evo se eligió constituyentes y empezó la pelea más difícil, con una minoría opositora que estuvo meses y meses boicoteando el trabajo constituyente, hasta el extremo de que muchos y muchas constituyentes fueron expulsados de las viviendas que habían alquilado, y tuvieron que huir de amenazas y posibles linchamientos. La Asamblea como tal tuvo que refugiarse, primero en el Liceo Militar, y, finalmente, trasladarse a Oruro. Y durante todo ese tiempo de intenso trabajo hubo una permanente movilización, y muchas iniciativas, reuniones, trabajo intenso, y al final salió una Constitución, que fue calificada por expertos como la más ambiciosa del mundo… Qué logro, qué satisfacción, incluso a pesar de la injustificable negociación de muchos artículos con los parlamentarios de oposición, a los que nadie había elegido para eso.Han pasado siete años y medio de su promulgación, y ahora parece que esa nueva Constitución es fácil víctima de incumplimientos, de violaciones y de propuestas de cambio. Primero fue la Ley Electoral Transitoria que pisoteó la definición constitucional referida al número de diputaciones indígenas (ahí el primer conflicto del Gobierno con la CIDOB). Después fue la Ley de Deslinde Jurisdiccional que pisoteó —impunemente— el rango de la justicia comunitaria. Y luego la trampita para obviar el artículo transitorio que impedía la segunda reelección del binomio presidencial. Y ahora se la quiere cambiar para algo tan insustancial como aprobar la pena de cadena perpetua e, incluso, hay quienes pretenden ignorar el resultado del referendo del 21 de febrero (lo que sería otra violación de la Constitución)… Pero la violación más injustificable y peligrosa es la que resulta del convenio de nuestro Gobierno con la empresa rusa Rosatom para la construcción de una planta de energía nuclear en El Alto, planta que Evo espera que sea la más grande de América Latina (ignorando los graves peligros, algunos de ellos inevitables, que dicha planta entraña para el país, y cuanto más grande más peligros). Curiosamente ha tenido que ser la empresa rusa la que se muestre preocupada por el carácter inconstitucional de dicho proyecto. Y es que, efectivamente, el artículo 344 de la CPE establece que “se prohíbe la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares” en el país. ¿Y cómo puede funcionar un centro de energía nuclear sin generar residuos nucleares (aún en la hipótesis benigna de que fuera una planta con fines medicinales, hipótesis, que ya está descalificada por las afirmaciones del propio Gobierno)? ¿O es que alguien cree que algún país vecino aceptará el depósito de nuestros residuos? Y de ser así, primero tenemos que tener el compromiso de dicha aceptación…  El hecho es que se ha firmado el acuerdo con Rusia sin que haya la más mínima perspectiva de exportar nuestros residuos (y los rusos saben muy bien que tal perspectiva no existe). Por lo que podemos afirmar que la construcción de esa planta, no sólo constituye un crimen de lesa humanidad —y de lesa Pachamama—, sino que, además, es una nueva e impune violación de la Constitución Política del Estado, de esa CPE que tantas energías costó, tanta movilización,  tanto sacrificio, y tantísimo trabajo, y que teóricamente celebramos cada 22 de enero (aunque en los hechos lo que seguimos considerando digno de celebrarse es el viejo 6 de agosto, aniversario de la “fundación al revés” de nuestro país)… ¿Será posible tanta desmemoria?*es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.