Título falsificado

Según la magistrada Cristina Mamani, esa verificación se realizará a través del cruce de la información que se recabará de las universidades públicas y privadas, las que habrían otorgado los mencionados documentos académicos, y la presentación de fotocopias legalizadas.El ahora ex jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ariel Marañón, fue acusado de haber usado un título de abogado falsificado, tras ser descubierto cuando tramitaba su afiliación al Registro Público de Abogados (RPA) dependiente del Ministerio de Justicia. A la par que Marañón fue destituido de sus funciones, el Ministerio Público abrió en su contra un proceso penal que en una audiencia de medidas cautelares determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro. El ex jefe de Transparencia fue acusado por los supuestos delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material e ideológica y ejercicio indebido de la profesión, luego de admitir, en su declaración informativa, que su título profesional era fraguado.Además, el Consejo de la Magistratura pretende que devuelva parte de lo que cobró en los cuatro años que trabajó como funcionario público con un título de abogado supuestamente trucho.“Él tendría que devolver todos los salarios percibidos en todo este tiempo que vulneró la buena fe de la administración pública. Los técnicos financieros harán un cómputo de cuánto debe devolver y cuánto le correspondía ganar”, señaló Ramiro Canedo, presidente del Consejo de la Magistratura de La Paz. Marañón ganaba unos 7.000 bolivianos por mes.Un título académico universitario es el documento acreditativo de la superación, incluido el periodo de prácticas y el proyecto fin de carrera –aprobación de tesis, proyecto de grado, examen de grado, trabajo dirigido– de unos estudios oficiales con validez en todo el territorio nacional. Este tipo de título surte efectos académicos plenos y habilita al interesado para el ejercicio profesional, de acuerdo con la especialidad con la que cuente. En el caso de la función pública, fija el rango salarial que le corresponde a un determinado profesional.Ahora bien, según el artículo 203 del Código Penal, “el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado será sancionado como si fuere autor de la falsedad”. Es decir, no se trata del falsificador sino de la persona que a sabiendas de que el documento es falso, lo utiliza para sacar ventajas. Es por eso que el Código Penal otorga el mismo trato al falsificador y al que usa el documento falsificado, considerándolo como autor del delito. En consecuencia, deberá aplicársele las mismas condiciones que al falsificador, porque hace uso ilegal de dicho documento en beneficio propio y en perjuicio de terceras personas.Es decir, el ex jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura de La Paz será procesado como el presunto sujeto activo del delito de falsificación de su título de abogado, porque es la persona que supuestamente a sabiendas de esa ilegalidad utilizó el instrumento corrompido. Además, una persona acusada de falsedad ideológica y material, enfrenta una pena de entre uno y seis años, según el artículo 198 del Código Penal, aunque si el autor fuese un funcionario público y las cometiese en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos a ocho años de cárcel.Marañón está acusado por presuntos delitos que atentan contra el bien jurídico tutelado denominado fe pública, por lo que el sujeto pasivo en este caso pudo ser cualquier persona, siendo la principal víctima la sociedad en su conjunto.Lo que corresponde es que el sospechoso que –paradójicamente– se desempeñaba como jefe de la Unidad de Transparencia, responda por sus actos en el marco de un juicio justo, con el respeto de sus garantías constitucionales y el debido proceso.Ahora bien, en un Estado democrático la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido a toda persona acusada de un delito, sea el delito que sea y, también, tenga la gravedad que tenga. Y esto no debería ser ignorado por los administradores de justicia.