Centralismo y re-concentración del poder: el retorno de las contradicciones

Las luchas sociales de finales del siglo XX y principios del XXI, protagonizadas por movimientos insurgentes a lo largo de Latinoamérica, mostraron con claridad las contradicciones constitutivas de nuestros países y sociedades nacionales, y la expresión política de estos movimientos plantea la resolución de estas contradicciones a partir de proyectos políticos de inspiración socialista y descolonizadora, respaldados por amplios sectores marginados de la población nacional y articuladas en torno a Gobiernos denominados de progresistas.En Tarija, estas contradicciones se expresaron nítidamente en el proceso constituyente del 2003-2006, donde la movilización social en torno a la apresurada construcción del Estatuto Autonómico Departamental permitió aflorar una exacerbación del conflicto entre el centralismo capitalino y la demanda descentralizadora de las provincias y la disputa entre las clases dominantes y los sectores sociales subalternos, cuya resolución se encaró con la incorporación de los subgobernadores en el Estatuto Departamental, por un lado, y la conquista campesina del programa de transferencias directas a las comunidades campesinas e indígenas, Prosol, por el otro.Estas dos conquistas fueron apuntaladas antes de la aprobación de la nueva Constitución Política, de manera que la implementación del nuevo Estado plurinacional, con toda la disputa político-ideológica involucrada, permitió consolidar en gran medida las mismas, a través de procesos de descentralización y desconcentración político-económica de la institucionalidad pública departamental hacia las provincias, y de implementación del programa de transferencias a las comunidades campesinas, con lo cual se empiezan a aplicar los principios constitucionales de redistribución del poder para la construcción del nuevo Estado plurinacional con autonomías.Estas transformaciones, sin embargo, se encararon en Tarija en el marco de la administración del bloque político impulsor de las mismas, articulado en torno al Gobierno nacional del MAS, en su expresión departamental, caracterizado por la incursión inédita en los niveles decisorios de la política departamental, de los sectores sociales subalternos en forma orgánica, y un pacto político entre el nivel central del Gobierno departamental, y los subgobernadores provinciales para desconcentrar y descentralizar la institucionalidad y el presupuesto departamental los niveles sub departamentales.Sin embargo, la nueva administración del Gobierno departamental que asume el 2015, cuyo enfoque político y composición social es opuesta al bloque social y político al que sustituyen, y siguiendo un libreto similar a las medidas de la derecha internacional, implementa medidas de desmontaje de los avances político-institucionales logrados por los movimientos descentralizadores de las provincias con decretos re-centralizadores; y de re-concentración económica al tratar de desmontar el prosol (y otros programas redistributivos), reeditando nuevamente el escenario del periodo constituyente en que la tensión política y social del departamento se polariza en los campos del centralismo capitalino y la concentración del poder político-económico en las elites tradicionales.Lo irónico del caso es que estas medidas de desmontaje de las transformaciones institucionales promovidas por los movimientos descentralizadores y desconcentradores del poder político-económico, se las hace a nombre de la “racionalidad” y en representación “de los tarijeños”, como si no fueran tarijeños los sectores que los han promovido y avanzado en su institucionalización, con lo cual se establece la naturaleza de las contradicciones territoriales y sociales de nuestros departamento: proyectos político-económicos opuestos defendidos por sujetos sociales y territoriales confrontados.¿Cómo se resuelve políticamente la contradicción? La nueva Constitución plantea mecanismos de expresión de la diversidad social, política, económica y territorial, y su articulación pluralista en el nuevo esquema estatal, cuya implementación es mandatoria, y tal parece ser que el proyecto político de los nuevos administradores de la Gobernación es no solo bloquear, sino desmontar lo ya avanzado en términos de descentralización, desconcentración y redistribución del poder en el departamento, y plantea un escenario complejo de disputa ideológica para la construcción legislativa en la Asamblea Departamental, y de rearticulación de sujetos sociales y territoriales para la movilización en defensa de sus proyectos y conquistas políticas, como lo demuestra la movilización campesina en defensa del Prosol y los aprontes de movilización de las organizaciones provinciales para defender la descentralización y desconcentración institucional.En otras palabras, las pulseadas y trompeadas se vuelven a activar, pero esta vez en condiciones diferentes a las del periodo constituyente, entre otras cosas, porque los sujetos sociales que plantean la desconcentración del poder han desarrollado nuevas capacidades políticas que los acercan más a estrategias de alianza entre sí, que de subordinación al centralismo de la elite capitalina conservadora.*Investigador de la Comunidad de Estudios Jaina, Tarija