Invertir sí, pero para desarrollar Bolivia

Bolivia necesita inversión. No hay mucho margen para discutirlo. Después de años de caída de la producción hidrocarburífera, escasez de divisas, deterioro de la inversión pública y dificultades fiscales, el país requiere capital, tecnología, infraestructura y nuevos emprendimientos. Una economía que necesita crecer no puede darse el lujo de desconfiar de toda inversión privada ni, mucho menos, de toda inversión extranjera.

Pero tampoco puede cometer el error contrario: confundir inversión con desarrollo.

El proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno parte de una premisa razonable. Busca facilitar trámites, crear una Agencia Nacional de Inversiones, establecer una Ventanilla Única, otorgar seguridad jurídica y ofrecer incentivos vinculados a empleo, exportaciones, industrialización, innovación, compras nacionales y desarrollo territorial.

Hay elementos positivos que merecen ser reconocidos. Incluso desde una perspectiva nacionalista, no tendría sentido rechazar por principio el capital extranjero. La inversión puede aportar aquello que Bolivia hoy necesita con urgencia: financiamiento, tecnología, mercados y conocimiento.

La discusión importante es otra: ¿para qué queremos esa inversión?

Porque una inversión puede generar crecimiento sin transformar la estructura económica. Puede extraer recursos, utilizar infraestructura nacional, importar tecnología y equipos, generar una cantidad limitada de empleos y posteriormente remitir utilidades al exterior. En ese caso habrá inversión, pero no necesariamente habrá desarrollo ni mayor soberanía económica.

El propio proyecto reconoce esta preocupación cuando plantea industrialización, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores bolivianos, generación de empleo y diversificación productiva como objetivos de la política nacional de inversiones. Ese debería ser precisamente el corazón de la discusión legislativa.

El proyecto contempla incentivos tributarios importantes. Según la puntuación que obtenga cada proyecto, el crédito tributario contra el IUE puede llegar hasta el 80%. También se prevén exenciones de aranceles e IVA para determinados bienes de capital importados.

Es legítimo ofrecer incentivos para atraer capital. Pero cada boliviano que el Estado deje de recaudar debe traducirse en un beneficio mayor para la sociedad.

No basta con decir que llegará una determinada cantidad de inversión. Hay que poder responder cuánto empleo formal generará, cuánto exportará, cuánto comprará a empresas bolivianas, cuánto conocimiento transferirá, cuánto valor agregado producirá y cuánto de sus utilidades será reinvertido.

La pregunta no debe ser cuánto cuesta atraer una inversión, sino cuánto gana Bolivia con ella.

Esto resulta todavía más importante cuando hablamos de litio, minerales estratégicos, hidrocarburos, energía o cualquier otro recurso que constituya una ventaja natural del país. La inversión privada puede y debe participar, pero el objetivo nacional no puede reducirse a conseguir quien extraiga el recurso.

Bolivia debe aspirar a algo más ambicioso: que quien venga a invertir ayude a construir la industria boliviana alrededor de ese recurso.

Que compre a proveedores nacionales. Que forme técnicos. Que transfiera tecnología. Que instale capacidades de investigación. Que produzca valor agregado. Que reinvierta. Que genere divisas netas.

Eso es soberanía económica en el siglo XXI, y durante años hemos visto a empresas extranjeras instalarse, financiarse con recursos de las AFP y repatriar dividendos a sus países sin dejar prácticamente nada en Bolivia.

Hay dos posiciones fáciles que conviene evitar. Una consiste en pensar que todo capital extranjero es una amenaza y que Bolivia debe encerrarse para protegerse. Esa fórmula ya demostró sus límites: sin capital, tecnología y mercados suficientes, la economía se estanca.

La otra consiste en creer que basta con ofrecer seguridad jurídica, exenciones y estabilidad para que el desarrollo llegue automáticamente. Tampoco funciona así. El Estado tiene que negociar desde una estrategia propia.

El proyecto reconoce que la Constitución establece la prioridad de la inversión boliviana y plantea instrumentos de financiamiento y apoyo para empresas nacionales, MIPYMES y proveedores bolivianos. Pero habrá que comprobar que esa prioridad sea efectiva y no solamente declarativa.

Porque si el capital extranjero y el capital nacional reciben exactamente el mismo tratamiento en todos los ámbitos, la ventaja constitucional de la inversión boliviana corre el riesgo de quedar reducida a una formulación retórica.

La Asamblea Legislativa no debería limitarse a aprobar una ley que haga más sencillo invertir en Bolivia. Debe discutir qué modelo productivo quiere construir con esas inversiones.

Especial atención merecen los contratos de inversión, las APP, la estabilidad de determinadas condiciones por hasta diez años y los mecanismos de solución de controversias. El proyecto contiene límites importantes: por ejemplo, excluye del arbitraje la propiedad de los recursos naturales y otras materias indisponibles.

Pero la verdadera protección de la soberanía no estará únicamente en el texto legal. Estará en la capacidad del Estado para negociar buenos contratos, fiscalizarlos y hacerlos cumplir. Y allí Bolivia tiene una larga historia de errores que debería servir de aprendizaje.

La inversión extranjera no debe ser vista como una concesión de generosidad al país. Es una relación económica en la que ambas partes deben ganar, pero en la que el Estado debe asegurarse de que la ganancia privada produzca también capacidades públicas y nacionales.

Ese debería ser el principio rector.

Bolivia necesita inversión, sí. Necesita mucha más de la que recibe actualmente.

Pero necesita todavía más inversión que transforme Bolivia.

Porque si después de veinte años tenemos más capital extranjero, pero seguimos exportando materias primas, importando tecnología, dependiendo de proveedores externos y enviando al exterior buena parte de las utilidades, habremos atraído inversión sin haber resuelto nuestro problema histórico. Igual que ahora.

La nueva Ley de Inversiones puede ser una oportunidad. Pero solo será una buena ley si consigue algo más difícil que atraer capital: hacer que el capital contribuya a construir un país menos dependiente de él.