El servicio público puede ser amable y eficiente
Los procesos de modernización burocrática en América Latina que se produjeron hace más o menos tres o cuatro décadas no trajeron necesariamente aparejados procesos de eficiencia y transparencia, sino, más bien, una hiperburocratización de la gestión pública mediante un incremento...
Los procesos de modernización burocrática en América Latina que se produjeron hace más o menos tres o cuatro décadas no trajeron necesariamente aparejados procesos de eficiencia y transparencia, sino, más bien, una hiperburocratización de la gestión pública mediante un incremento sustantivo de la masa de empleados públicos multinivel, que en realidad, significa un mayor e improductivo costo para el Estado. Bolivia no ha estado al margen de estas tendencias. Por ejemplo, durante el gobierno de Banzer, en los años 70, el empleo público había crecido en un 179 por ciento, porque gran parte del soporte social a dicho régimen se asentaba en el sector burocrático. De la misma manera, a lo largo de estas décadas se han ido extendiendo los ítems públicos “extras” como bonos, gastos de representación, entre muchos otros, que han significado la erogación de enormes cantidades de recursos no sujetos a fiscalización de los gobiernos. Por supuesto, alrededor de este “mundo” burocrático formalizado se teje una inmensa maraña impenetrable de corrupción que abarca desde el más simple trámite, como un carné de identidad, hasta los más altos negocios de los gobiernos nacionales o subnacionales de turno. Si bien uno de los puntales de la campaña del MAS, antes de llegar al poder, fue el freno a la corrupción, y comenzó con una interesante propuesta de austeridad pública, la gestión no ha estado exenta de sucesos que han comprometido a importantes funcionarios de gobierno. Se han reproducido las viejas maquinarias de corrupción en los distintos niveles de gobierno, como un monstruo con vida propia que se pega a quienes coyunturalmente ocupan cargos en la estructura de poder y se relacionan con la sociedad: “la corrupción como mediación estatal”, diría Zavaleta. Evidentemente, parece ser un problema estructural difícil de enfrentar, pues Bolivia sigue ocupando uno de los primeros lugares en los índices de corrupción que se miden en los países de América Latina. A estos problemas macro se añaden otros aspectos que forman parte de una cultura burocrática empoderada que tocan -mejor dicho, golpean- directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, es decir nosotros. Por ejemplo, el maltrato y la displicencia en la atención, una ventanilla cerrada durante horas de trabajo, un funcionario ausente de su puesto laboral, el ademán de quien no pretende mover un dedo a menos que reciba algo a cambio, o se insinúa para permitir la evasión a una sanción legal, “arreglaremos aquí nomás”, la agresividad ante un reclamo justo; en fin, una interminable lista de pormenores que sólo provocaran la irritación anímica. No obstante, es evidente que cuando se tiene los insumos técnicos y administrativos, pero sobre todo la voluntad de trabajo con actitud de servicio y desprendimiento, se pueden lograr grandes avances. De hecho, han habido varias experiencias positivas en estas últimas décadas en los distintos gobiernos que, por supuesto, también han sido eliminadas cuando la siguiente autoridad entra con la lógica de borrón y cuenta nueva, por lo que han sido poco sostenibles y no han logrado institucionalizarse. Una muestra evidente que de alguna manera se puede avanzar en medio de estas insondables penumbras es la reciente experiencia de un trámite muy puntual que merece ser destacado: la obtención de una licencia de conducir en las oficinas del SEGIP-Cochabamba para mi hija, en menos de nueve minutos, en medio de un trato totalmente amable de los funcionarios encargados. Entre la incredulidad y el asombro, es un acontecimiento para celebrar la burocracia. *es socióloga y analista


