Políticas educativas para perpetuar el trabajo infantil

Es indiscutible que el trabajo infantil es nocivo para el desarrollo integral de las nuevas generaciones, para la formación educativa con igualdad de oportunidades y para la protección  y seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Por esto se ha acordado, a nivel internacional, el objetivo de erradicación del trabajo infantil. Bolivia es, una vez más, foco de polémica internacional. Ahora, por la descriminalización del trabajo infantil en el nuevo Código para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta medida respondió a la demanda de Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), con 15.000 miembros en siete de los nueve departamentos de Bolivia. Este sindicato reclamó que la prohibición del trabajo infantil sin políticas sociales orientadas a superar las causas estructurales que les obligan a trabajar no es la respuesta adecuada.  Si escuchamos con atención a los niños y niñas trabajadoras, entendemos que la demanda se centraba en la suspensión de la persecución policial en las calles. Su razonamiento es muy claro: el  trabajo no es una opción, es una necesidad. Si no trabajamos, no tenemos qué comer o cómo solventar los costos para estudiar. Es doblemente injusto que tengamos que trabajar para sobrevivir y, además, hacerlo escapando del control policial como criminales. Frente a la indiferencia de la sociedad y del Estado a su realidad, ellos(as) naturalizan la necesidad de trabajar y lo único que se atrevieron a demandar fue no ser criminalizados por ella.  Su demanda por el “derecho a trabajar” se fundó en la triste intuición de que la suspensión de la prohibición del trabajo infantil es más “fácil” que la implementación de políticas sociales que les permitan dejar de trabajar. Intuición que infelizmente se comprueba con el anuncio de las nuevas propuestas educativas para los niños trabajadores que estudian en el turno de la noche. Estas incluyen tres modalidades –sistemas de tutoría, educación a distancia y adecuación de horarios de los maestros a la realidad laboral de los niños-, propuestas orientadas a adaptar el sistema educativo para que los niños y niñas sigan trabajando. Estas políticas indican que el Gobierno abandonó el objetivo de erradicación del trabajo infantil. Y, peor, que ratifica la naturalización del trabajo infantil. Lo que es inaceptable.  En lugar de proponer políticas responsables y efectivas para erradicar el trabajo infantil y mientras este objetivo no es alcanzado, suspender la persecución policial a los niños y las niñas trabajadoras; el gobierno ha elegido el camino más fácil: implementar algunas medidas paliativas para que los niños y niñas trabajadoras puedan “estudiar”, cuando sabemos que estas medidas no resolverán los problemas que enfrentan estos niños y que, por lo tanto, su desarrollo integral y su formación escolar seguirán comprometidos. La pregunta que no calla es: ¿qué está haciendo el Gobierno para garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y, consecuentemente, la erradicación del trabajo infantil? Sabemos que este objetivo sólo puede ser logrado a través del diseño e implementación de políticas sociales integrales y sostenidas que garanticen el acceso  y permanencia de los niños y niñas en la escuela, con alimentación (desayuno, almuerzo y merienda), atención médica y otros apoyos a las familias de bajos recursos para que no necesiten tener a sus hijos e hijas ganando el pan de cada día. Caso contrario, el Gobierno mantendrá políticas que no garantizan el ejercicio de los derechos de la infancia reconocidos por la normativa nacional.*Fernanda Wanderley   es socióloga investigadora.