¿Golpe? ¿Pero también la falta de cambio?

Acto seguido convocó a defender la democracia frente a los riesgos del denunciado intento de golpe de Estado. En rápida respuesta, Julia Ramos, dirigente de las “Bartolinas”, declaró  que “en Caracollo se está organizando una marcha, esperamos que todo el pueblo boliviano esté de pié para defender este proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo Morales”.Según la agencia oficial ABI, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, anunció que su sector, “como vanguardia de los trabajadores, se movilizará en defensa de la democracia”.Evo enfrenta una situación de rebelión policial similar a la que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) sorteó, con trágico saldo de 31 muertos, en febrero de 2003.¿Por qué se extiende el descontento en varios sectores sociales y económicos si, como dice Evo, el país está bien? Los sectores de la policía boliviana que exigen mejoras salariales están en la base más pobre de la sociedad nacional y, al igual que el año 2003, vuelven a exigir mejor trato.¿Qué similitudes existen entre febrero de 2003 y junio de 2012? ¿Qué cambió y qué se mantuvo en ese lapso de nueve años?Julia Ramos, genuina dirigente de valientes mujeres agrupadas en la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas “Bartolina Sisa”, anuncia que la marcha busca defender “este proceso de cambio”. ¿Qué cambios hubo entre 2003 y 2012? Repasemos: la más utilizada bandera discursiva del “proceso de cambio” es la nacionalización del sector hidrocarburífero. El año 2003 controlaban la producción de hidrocarburos Petrobras, Repsol YPF, BG, PAE y otras seis transnacionales. El año 2012, gracias a que entre abril y mayo de 2007 el Congreso, con voto unánime de los ex privatizadores y los neo nacionalizadores, aprobó 44 contratos petroleros que dejaron sin efecto el decreto de nacionalización 28701 de 1 de mayo de 2006, garantizando la permanencia por al menos otros 30 años a Petrobras, Repsol, BG, PAE y otras seis transnacionales, las que controlan más del 80% del negocio hidrocarburífero. Las reservas internacionales netas son otra fuente de orgullo presidencial. El año 2003 éstas andaban rondando los 1.000 millones de dólares. El 95% de estos dineros era prestado por el gobierno de Sánchez de Lozada a bancos y países de Europa y Estados Unidos, pese a la urgente necesidad de capital para inversiones en infraestructura y desarrollo nacionales. El 2012 las reservas internacionales bordean los 13 mil millones de dólares. El 94% de ese monto de dinero sigue siendo prestado a bancos y países de Europa y Norteamérica. Entre 2007 y 2008 se denunció esta conducta exportadora de capital y ahorro nacionales a favor de la banca internacional. Las autoridades del sector justificaban el hecho aduciendo, al igual que en 2003, “políticas prudentes” para mantener estables los índices macroeconómicos. La crítica obligó, poco después, a modificar la decisión y autorizar al Banco Central de Bolivia a prestar a YPFB y ENDE modestas sumas de dinero que hasta la fecha son lentamente desembolsadas de forma parcial.Este pequeño cambio fué, sin embargo, virtualmente anulado por otra acción gubernamental del MAS que no tiene parangón con sus antecesores neoliberales: la autorización al Ministerio de Economía para exportar, vía préstamos a bancos y países extranjeros, los saldos líquidos (entre 1.000 y 3.000 millones de dólares) del Tesoro General del Estado (arts. 60 y 9 de las leyes financiales 2010 y 2012, respectivamente), utilizando los mismos mecanismos que emplea el Banco Central de Bolivia para la exportación de las RIN. Simultáneamente, el gobierno ha suscrito préstamos con el Banco de Desarrollo del Brasil para construir carreteras con empresas brasileñas en territorio boliviano. El año 2003 las principales vetas de minerales de plata, zinc, plomo, estaño y otros estaban en manos de transnacionales. No existían procesos industriales para darles valor agregado (fundiciones) y las regalías mineras no superaban el 5%. Hoy, nueve años después, las principales vetas siguen en manos de las transnacionales vinculadas a George Soros y no se ha modificado un milímetro el pago de regalías. Coro Coro es la excepción (cobre), aunque los avances en ésta no significaron el desplazamiento de transnacionales ni la modificación de políticas sectoriales. El Mutún es el emblema de la ineficiencia y fracaso en varios órdenes de la política minera.La lucha contra la corrupción pública fué otra veta discursiva del “proceso de cambio”. A más de seis años de gobierno la corrupción pública generalizada ha obligado a reconocer a Evo que “había sido difícil luchar contra la corrupción”. Los casos son abrumadores. Pero en estos sería preciso incluir, en primer lugar, la desnacionalización de los hidrocarburos, la exportación de las reservas internacionales netas junto a la liquidez del TGN y la contratación de empresas extranjeras para obras públicas nacionales con cuestionados sobreprecios. ¿Por qué? Porque afectan no sólo la dignidad y el honor de quienes cometen esos actos cuestionados, sino también la dignidad y el orgullo nacionales. Por eso son los más graves.Es preciso condenar cualquier intento de golpe de Estado. Pero con la misma convicción y fuerza, es preciso exigir a las autoridades que gobiernen con honestidad y que sus actos y discursos en democracia no sirvan para utilizar a los movimientos sociales y a la población en general para defender procesos que de cambio tienen poco o nada (o peor). Con estas actitudes en los hechos labran su propia suerte; se equiparan a gobernantes que el pueblo boliviano supo ponerlos en el lugar que merecían (y ahí siguen). En fin, para estos casos, siempre hay democráticos octubres.