Gobierno y regiones sellan un nuevo pacto autonómico

Hay dos formas de leer los resultados de la reunión del Gobierno Central con los nueve gobernadores departamentales celebrada ayer en la capital del país en el marco de la efeméride nacional: una más técnica, otra más política.

Varios asesores del “bando gobernaciones” han catalogado el acuerdo de “golazo”. El propio Gobierno habla de “refundación de la Patria” y de un modelo totalmente nuevo. Seguramente habrá que poner paños fríos y enfrentar un tortuoso camino legislativo y ejecutivo que generarán suspicacias y contrariedades para llegar al alumbramiento, pero la base se ha firmado.

Alivio pendiente El acuerdo reconoce la necesidad de dar alivio financiero a las gobernaciones, el ministro definirá instrumentos “en esta gestión”

En resumen, la mesa política en la que se sentó el presidente Rodrigo Paz, escoltado por el ministro de Economía Gabriel Espinoza y el flamante ministro de la Presidencia, estrenando lides, ha bendecido el acuerdo “técnico” que el martes se peleó a brazo partido hasta horas de la madrugada y que incluye varios “máximos”, como la modificación de la Ley 154 – la que define y califica impuestos, regula su creación y/o modificación y establece los dominios – o la aceptación de incluir a las Gobernaciones en el reparto de recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria. También se ha firmado toda la retórica sobre analizar nuevas vías de financiación, ampliar bases imponibles tributarias y la firma de un Ley Marco de alianzas Público Privadas que de espacio a los departamentos. En estos tiempos que corren, hablar de impuestos para construir Estado es casi una osadía, pero tanto los más socialistas como los más libertarios han estado de acuerdo.

Además, se ha firmado lo esperado respecto a la “soberanía económica”, que es el nombrecito que se viene utilizando para decir que el Gobierno Central dejará de decir en qué debe gastar cada departamento sus recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Más ambiguo ha quedado el acuerdo sobre el “alivio fiscal”, que en el caso de Tarija y otros departamentos entrampados desde la caída de regalías de 2015 era algo más urgente. El documento “reconoce la necesidad de atender de manera prioritaria la situación financiera que atraviesan los Gobiernos Autónomos Departamentales” y señala que se estudiarán mecanismos de reprogramación o diferimiento sin plazos concretos, aunque el ministro de Economía Gabriel Espinoza se comprometió a viabilizar los instrumentos “en esta gestión”.

El documento (disponible en nuestro sitio web) habla de “co – construcción” y de reforma estructural, y en general se reconoce la necesidad de reformar/derogar la Ley Marco de Autonomías para dar paso al nuevo modelo. Solo el presidente insiste en llamar a este acuerdo “Agenda 50-50”.

Lo político

Pactar reformas estructurales que tocan la economía en momentos de crisis no es lo habitual, pese a que sea más recomendable que hacerlo en tiempos de bonanza. En cualquier caso, el impacto político de este acuerdo es significativo.

De una u otra forma, los territorios vuelven a estar presentes en la agenda nacional. La última vez que lograron imponer un tema fue precisamente en la época “pre constitucional”: los últimos Prefectos lograron imponer el formato autonómico en el texto pese a los muchos recelos del MAS. Aquellos recelos se convirtieron en una ofensiva implacable que amarró cualquier afán independentista a las primeras de cambio con una Ley Marco que decapitó a los gobernadores más activos y controló minuciosamente el manejo económico dejando claro que, sin plata, no hay autonomía.

El Gobierno de Paz, a diferencia de entonces el del MAS, no tiene problema en dejar crecer a los Gobernadores, pues su problema original nace de la pérdida de apoyo de sus votantes, que sienten los “cambios de criterio” como “traición”, y que aunque se replegaron después de decretar el Estado de Excepción, siguen teniendo reclamo vigente y capacidad operativa.

Al pecado original – que ha partido su bancada - se suma el problema “metodológico” en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los líderes de las otras dos bancadas mayoritarias – Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga – han acentuado sus críticas y condicionado su apoyo, lo que amenaza un bloqueo de largo plazo. En abril el gobierno prometió llevar a la Asamblea una decena leyes sobre temas clave (de energía e hidrocarburos a la Ley de Inversiones), pero apenas se han tenido avances, algo que venía lastrando la gestión de Paz, que comunicacionalmente se promociona como “transformacional”, pero socialmente se percibe como transitorio o inactivo.

El acuerdo alcanzado deja numerosos puntos que acordar en el camino, es decir, oportunidades de agenda. Otros secretarios, sin embargo, no son tan optimistas sobre los pactos en plena época de escasez.

Una escenografía cuidada y masculina

El gobierno buscó deliberadamente la escenografía apropiada para darle trascendencia al diálogo y el acuerdo: hacerlo el 5 de agosto en el salón de la Casa de la Libertad donde hace 201 años se firmó la Independencia de Bolivia quería dar el mensaje de transformación fundacional. Incluso con la mesa especialmente reducida se ahondaba en la idea de unidad.

Hubo también un detalle que se asemejó a la época: entre las no menos de cuarenta personas que estaban en el salón en representación de diferentes instituciones apenas había cuatro mujeres, y dos de ellas eran gobernadoras electas: María René Soruco por Tarija y Gabriela de Paiva por Pando.